Sergio Aguilar habló más de una hora ante el fiscal y negó todo. Su colega Oscar Castillo se amparó en el silencio. La causa suma más detenidos y pruebas.
En la trama judicial que investiga las presuntas torturas en la comisaría de Ensenada (con jurisdicción en Punta Lara), la diferencia de estrategias entre los acusados quedó expuesta el mismo día de las indagatorias. Los detalles de un caso de violencia institucional.
Uno de los policías, ya retirado, se sentó frente al fiscal Gonzalo Petit Bosnic durante más de una hora para relatar con lujo de detalles lo que, según él, ocurrió la madrugada del 21 de octubre de 2024. El otro, en actividad, se amparó en el silencio y no aportó una sola palabra para su defensa.
La versión oficial en el expediente indica que esa madrugada, un grupo de detenidos inició un motín en los calabozos, prendió fuego colchones y bloqueó el acceso. La tensión escaló rápidamente y se pidió apoyo a móviles del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y a bomberos voluntarios.
La fiscalía sostiene que la respuesta policial se convirtió en un episodio de tortura sistemática: disparos con postas de goma, gas lacrimógeno, chorros de agua a presión a corta distancia y, posteriormente, golpes y humillaciones físicas y sexuales a los detenidos.
Pero las palabras de Sergio Aguilar -imputado como coautor de tortura y falsedad ideológica de documento público- plantean otro cuadro.
El acusado, de 49 años y retirado de la Policía Bonaerense, se presentó el 8 de agosto de 2025 acompañado por su abogado Marcelo Botindari, quien junto a los letrados Santiago Irisarri y Flavio Gliemmo, integran el triunvirato de la defensa.
Aguilar relató que estaba de jefe de turno del Comando de Patrullas de Ensenada -responsable de la seguridad en la vía pública, no en comisarías- cuando el oficial de servicio Facundo Carrasco lo llamó para informarle que en la comisaría Segunda “los detenidos prendieron fuego y estaban amotinados”.
Según su declaración, llegó al lugar cerca de las 3 de la mañana, vio humo, olor a quemado, la luz cortada por un cortocircuito y escuchó a tres detenidos gritar amenazas, mientras el resto permanecía en silencio. “Me preocupaba que estuvieran lesionados o asfixiados”, dijo.
Aseguró que sugirió a la titular de la comisaría convocar al GAD y a bomberos, y que su única acción directa fue manipular una manguera para intentar mover los colchones que bloqueaban la reja. “No fue para mojar ni torturar, quería despejar el frente de la reja para que pudieran entrar con un escudo”, insistió.
Además, negó haber golpeado a alguno de los reclusos, como así también desmintió haber usado tonfa o escopeta y dijo que no presenció desnudos totales ni escuchó gritos de dolor. También subrayó que pidió en varias oportunidades llevar a los detenidos al cuerpo médico, pero que la titular se negó por falta de autorización del jefe departamental.
“Yo no estoy de acuerdo con lo que se estila hacer en las comisarías. Esa fue una de las razones por las que me retiré”, remarcó, marcando distancia de las prácticas violentas que la fiscalía investiga como torturas.
Horas después, fue el turno de Oscar Fabián Castillo, alias “Melli”, de 30 años, policía en actividad en el Comando de Patrullas de Ensenada. Al escuchar la imputación -idéntica a la de Aguilar: coautor de tortura y falsedad ideológica de documento público-, Castillo se limitó a manifestar, por consejo de la Defensoría Oficial, que no iba a declarar.
Esa estrategia, habitual en etapas iniciales de una causa penal, busca evitar contradicciones y que la fiscalía use sus palabras como prueba en su contra. Sin embargo, en un expediente que avanza con pericias y testimonios de las víctimas, el silencio puede convertirse en un riesgo si la evidencia en su contra se acumula.
La acusación sostiene que, aprovechando la situación de vulnerabilidad de los detenidos durante el motín, al menos tres efectivos de la comisaría -incluyendo la titular, el segundo jefe y el encargado de calabozos- junto a personal del Comando de Patrullas, ingresaron a los calabozos y reprimieron con postas de goma, gas lacrimógeno y agua a presión en la oscuridad.
Luego, habrían obligado a las víctimas a atravesar un “puente chino” de golpes, las desnudaron por la fuerza, las precintaron y las obligaron a realizar actos humillantes entre ellas. También están acusados de falsificar el acta del procedimiento para encubrir lo ocurrido, asentando una versión falsa que omitía cualquier referencia a los abusos.
Por el caso ya hay otros tres efectivos detenidos. Otro imputado, Facundo Carrasco Larrumbe, se negó a declarar, pero quedó en libertad. La investigación, a cargo del fiscal Petit Bosnic, busca determinar la responsabilidad individual de cada uno de los policías que participaron en el operativo y de quienes habrían encubierto los hechos después.
En este punto, las declaraciones -o la falta de ellas- se vuelven decisivas. Aguilar intentó presentarse como un interventor ocasional, preocupado por la integridad de los detenidos y ajeno a las decisiones operativas. Castillo, en cambio, eligió no dar su versión, apostando a que su defensa se articule más adelante.
El expediente sigue sumando prueba documental, pericial y testimonial. Las víctimas ya identificaron a varios de los agresores, y las pericias médicas confirman lesiones compatibles con golpes, impactos de posta de goma y posibles quemaduras.
En las próximas semanas, la fiscalía podría resolver nuevas detenciones y pedir la prisión preventiva de los acusados actuales. Mientras tanto, la imagen de aquella madrugada en Punta Lara se arma con dos piezas muy distintas: la de un ex policía que empuña una manguera asegurando que solo quería despejar el acceso, y la de otro efectivo que, frente al fiscal, no dijo ni una palabra.
En el medio, un hecho que la fiscalía califica de “tortura agravada” y que, de confirmarse en juicio, podría terminar con penas de hasta 25 años de prisión para los responsables.
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