El juez Alejo Ramos Padilla resolvió prorrogar por 6 meses la medida cautelar que mantiene suspendido el Decreto N°116/2025, la norma con la que el presidente Javier Milei buscaba transformar a la histórica entidad Banco Nación (BNA) en una sociedad anónima.
La decisión, que se conoció en las últimas horas, representa otro traspié judicial para el Gobierno argentino. Ramos Padilla argumentó que se mantienen las mismas condiciones jurídicas y fácticas que justificaron el dictado de la cautelar inicial en marzo pasado y que no hubo conductas dilatorias por parte de los trabajadores que promovieron la acción. Por eso, entendió que correspondía extender la suspensión.
En su Resolución, el magistrado fue tajante: los efectos del decreto presidencial quedan congelados.
Una disputa que expone los límites del poder presidencial
La medida del magistrado de La Plata no aparece aislada. La Cámara Federal ya había respaldado la cautelar meses atrás, con un fallo que marcó un precedente: el Congreso excluyó expresamente al BNA de la lista de entidades alcanzadas por la Ley Bases, por lo que el Poder Ejecutivo carece de facultades para modificar su naturaleza jurídica por decreto.
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El juez Federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, dio el aval al planteo de trabajadores bancarios.
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Ese punto fue crucial para los jueces de alzada y también lo retomó Ramos Padilla en esta nueva resolución. El argumento central es que no existe delegación legislativa suficiente que habilite al Ejecutivo a avanzar en un cambio estructural de semejante magnitud.
Los trabajadores del Banco Nación vs. el Gobierno
La batalla judicial no se explica sin el impulso de los empleados del BNA, que presentaron la demanda con el apoyo de la Asociación Bancaria. El gremio, que representa a más de 17.000 afiliados en todo el país, se constituyó como amicus curiae en el expediente y reforzó la legitimidad de la presentación.
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Trabajadores bancarios de La Plata al frente de resistencia al gobierno de Javier Milei.
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En esa línea, los jueces destacaron que la transformación proyectada afecta de manera directa los derechos laborales y el vínculo jurídico de los trabajadores, dado que dejarían de pertenecer a una entidad autárquica de derecho público para pasar a una sociedad anónima regida por normas privadas.
El fallo golpea la hoja de ruta del Gobierno, que había presentado la transformación del Banco Nación como parte de un plan más amplio de achicamiento del Estado y capitalización de activos públicos. Sin embargo, la Justicia insiste en que se trata de un paso que requiere una decisión expresa del Congreso y no puede resolverse por decreto. Así, la prórroga de la cautelar deja a Milei en una situación incómoda: el Banco Nación continuará funcionando bajo su régimen actual, mientras se dilata cualquier intento de reconvertirlo. En paralelo, la oposición política y sindical celebra una victoria que, al menos por ahora, frena los planes oficiales de avanzar con una privatización encubierta.