Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard enfrentan pedidos de juicio político por presuntos delitos. Hay una pericia de la Suprema Corte sobre una resolución.
El escándalo que sacude al fuero Penal de La Plata tiene dos protagonistas centrales: las camaristas Silvia Oyhamburu y Sofía Rezzónico Bernard, integrantes de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías. Ambas enfrentan pedidos de jury de enjuiciamiento por la presunta comisión de delitos, en una investigación que ya cuenta con una pericia informática realizada sobre el sistema judicial.
La denuncia contra las magistradas se originó a partir de una resolución vinculada con el conflicto por unos terrenos de City Bell. El camarista Raúl Dalto cuestionó la existencia de una resolución paralela o “melliza” y sostuvo que ese documento no contenía íntegramente su voto y había sufrido modificaciones.
Los pedidos de juicio político contra Oyhamburu y Rezzónico Bernard no están planteados simplemente por una diferencia de criterio jurídico. Según la denuncia, se investiga la posible comisión de delitos, entre ellos prevaricato y falsificación de documentación pública.
La gravedad del planteo quedó reforzada por una pericia informática sobre el sistema judicial. Según la auditoría citada en la denuncia de Dalto, durante la mañana del 11 de mayo de 2026 se registraron intervenciones sobre la resolución paralela.
En particular, se contabilizaron 18 intervenciones antes de que Dalto firmara la resolución original. También quedaron registradas firmas parciales, retiro de firmas y modificaciones relacionadas con el voto del camarista. Para Dalto, esa secuencia no podía explicarse simplemente como un error administrativo o tecnológico.
La resolución cuestionada estaba relacionada con una causa penal por usurpación en la que se había dispuesto la restitución inmediata del inmueble y un desalojo en un plazo de 72 horas. El problema era que, según la reconstrucción posterior del fiscal Patricio Barraza, la causa se encontraba prescripta: el último acto interruptivo había sido el 3 de agosto de 2021 y habían transcurrido más de tres años.
El conflicto tenía además un antecedente relevante en el fuero Civil. La Justicia había reconocido la posesión de los terrenos en cabeza de la familia Carrizo y había ordenado a Juan Sebastián Lorne Stephens y Astufa Fiduciaria S.A. cesar los actos de turbación. La Cámara Civil confirmó esa decisión.
En medio de esa situación, el camarista Raúl Dalto tomó una decisión que, según surge del planteo, estuvo vinculada con su deber funcional y su responsabilidad como magistrado: remitió copia de las actuaciones a la fiscalía penal en turno.
La decisión se produjo por una cuestión de ética y por obligación legal, ante la posible existencia de conductas que podían constituir delitos. De ese modo, la denuncia dejó de circunscribirse a una discusión interna dentro de la Cámara Penal y pasó a la órbita de la investigación penal.
Ahora, el propio Dalto quedó en el centro de otra controversia. Días después de haber denunciado la conducta de sus colegas, se impulsa su suspensión preventiva por parte de la Suprema Corte bonaerense, según lo señalado en el planteo.
La sucesión temporal de los acontecimientos es uno de los aspectos que deberán ser analizados: primero, la denuncia del camarista sobre la presunta existencia de una resolución paralela; después, la pericia informática que registró las intervenciones sobre ese documento; luego, la remisión de las actuaciones a la fiscalía penal y, posteriormente, el intento de avanzar con una suspensión preventiva contra el magistrado denunciante.
Por ahora, las responsabilidades penales y disciplinarias deberán determinarse mediante las investigaciones correspondientes. Pero el caso ya excedió ampliamente el conflicto por los terrenos de City Bell: hay dos camaristas sometidas a pedidos de jury por presuntos delitos, una pericia informática de la Suprema Corte incorporada al caso y un tercer magistrado que, después de denunciar los hechos, quedó bajo cuestionamiento disciplinario.
