El proyecto de ordenanza para ordenar más de 400 loteos irregulares que fueron suspendidos por Julio Alak se trata la semana que viene en Comisión.
El futuro de unos 450 loteos de La Plata que quedaron en suspenso el año pasado a partir de la firma de un decreto del intendente Julio Alak comenzó a definirse en las últimas horas, a partir del aval del Consejo de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT) al plan para ordenar esas situaciones elaborado por el Departamento Ejecutivo.
Ese trámite -que según trascendió ingresará en las próximas horas al Concejo Deliberante- para ser tratado en Comisión de Planeamiento la semana que viene, establece nuevas categorías del suelo, regula zonas inundables y busca ordenar la situación de ilegalidad en la que quedaron esos emprendimientos, muchos de los cuales avanzaron sin el respaldo legal que debieran haberles dado las ordenanzas municipales que no tuvieron convalidación del gobierno bonaerense.
Los frentistas de las zona frenaron los trabajos en un loteo ilegal que ya fue clausurado en repetidas ocasiones por la Municipalidad de La Plata.
Desde la Municipalidad de La Plata anunciaron que preparan acciones contra los desarrolladores que comercializan loteos ilegales.
De acuerdo a lo que trascendió hasta ahora, el plan que el secretario de Planeamiento municipal Sergio Resa presentará, establece distintos criterios que varían según su nivel de avance y documentación. Ese plan fue respaldado por el COUT, el consejo integrado por universidades, colegios profesionales y especialistas en urbanismo.
La propuesta ya cuenta con el visto bueno de los organismos provinciales competentes para su convalidación, entre ellos la Autoridad del Agua (ADA), la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial (DPOUT) y el Ministerio de Ambiente. “Este aval técnico e institucional constituye un antecedente fundamental, ya que fue obtenido con anterioridad al tratamiento legislativo, garantizando así que el texto cuenta con el respaldo técnico provincial”, explicaron a 0221.com.ar voceros municipales.
Según informaron fuentes del cuerpo deliberativo, el plan ingresará formalmente al Concejo en la sesión prevista para este viernes, para que empiece a abordarse en la Comisión de Planeamiento la próxima semana. Este miércoles Resa estuvo en una reunión de ese cuerpo, pero allí se abordaron otros expedientes que no están vinculados con el plan para los barrios irregulares.
Su tratamiento urge porque en estos días vence la vigencia del decreto del intendente que puso en suspenso 76 ordenanzas aprobadas entre 2013 y 2023 que autorizaban el avance de los desarrollos urbanísticos.
Un de los ejes centrales del anteproyecto es la regularización de unos 450 barrios ilegales. Según trascendió, la propuesta contempla distintas soluciones según el tipo de irregularidad que presenten los desarrollos.
Este anteproyecto viene siendo tratado en el ámbito del COUT desde febrero. Su presentación y tratamiento fue gradual, en discusiones en las que obtuvo avales generales y aportes de los distintos actores involucrados. Así, ahora se cerró una etapa antes del tratamiento legislativo.
De acuerdo a lo que informaron desde la Comuna, en las próximas horas se elevará tanto el proyecto de ordenanza como los planos anexos donde figuran los barrios tratados, los cuales "fueron debidamente presentados y puestos a disposición de todas las instituciones que integran el COUT".
“Se garantizó el acceso a la documentación necesaria para un tratamiento informado y participativo, permitiendo que los representantes de las instituciones pudieran analizar los contenidos en sus ámbitos de pertenencia, realizar aportes y expresar su posicionamiento con base a información completa y actualizada”, explicó.
Una de las grandes objeciones que hicieron los desarrolladores a la Municipalidad desde que el intendente Julio Alak firmara el 10 de octubre pasado el decreto que suspendió la vigencia de 76 ordenanzas aprobadas por el Concejo Deliberante entre 2013 y 2023, era la falta de difusión del listado de proyectos afectados, incluso después de que el tema derivara en una denuncia penal con avances en imputaciones.
En ese marco, desde la Comuna se aclaró que “dada la sensibilidad y complejidad técnica de la información involucrada -y entendiendo los distintos ajustes que conllevan las distintas etapas de diagnóstico, discusión, propuestas, etc.- su difusión masiva sin el debido acompañamiento podría haber derivado en interpretaciones erróneas o confusión en la ciudadanía”.
Se agregó que por ese motivo, durante el proceso “se habilitó un canal específico de consultas sobre información urbanística, a fin de brindar respuestas claras y orientadas a los vecinos y vecinas”.
A partir de que este miércoles el plan para ordenar esas irregularidades ya tiene los dictámenes técnicos elaborados por las distintas instituciones que integran el COUT y el trámite seguirá en el Concejo Deliberante para su tratamiento legislativo.
“Este paso marca el cierre de una instancia clave de participación interinstitucional, y habilita la continuidad del trámite en el ámbito provincial para su convalidación”, indicó Resa ante la consulta de 0221.com.ar.
En ese marco resaltó que que el artículo 83 del decreto/ley 8912 regula un acto complejo que requiere para que entren en vigencia las ordenanzas, la expresión de dos voluntades de diferentes jurisdicciones, la Ordenanza Municipal y el Decreto del Poder Ejecutivo. “Esta cuestión define la ilegalidad de los barrios dado que fueron tramitados en el marco de ordenanzas no convalidadas y por lo tanto no aplicables”, remarcó.
Es en ese marco que desde la Municipalidad se insiste que “el escenario es alarmante”. “Se identificaron cerca de 450 loteos ilegales, en su mayoría ubicados en áreas periféricas y, en muchos casos, sobre suelos periurbanos y rurales históricamente destinados a la producción frutihortícola”, precisaron desde la Comuna.
Del mismo modo, el relevamiento de la Municipalidad “permitió dimensionar el alcance y los impactos de esta dinámica: degradación de suelos y cursos de agua, pérdida de biodiversidad, fragmentación de ecosistemas y paisajes, y expansión urbana sobre zonas de alta vulnerabilidad ambiental, sin que ello implique mejoras reales en el acceso al suelo y a la vivienda”.
Algunas cifras aportadas por las autoridades le dan elocuencia al planteo:
“El desfase entre la expansión del suelo urbanizado y el crecimiento poblacional es evidente: el suelo crece más que la población, lo que deriva en una ocupación extensiva, de consolidación lenta e intermitente, que responde más a una lógica de valorización inmobiliaria que a necesidades habitacionales reales”, concluyen.
Una de las consecuencias más graves de la informalidad extendida que mencionan las autoridades municipales es la omisión de los procesos legales de subdivisión, lo que impidió la cesión de tierras clave para la estructura urbana, como espacios verdes, calles y reservas para equipamientos.
“Esta omisión derivó en formas urbanas fragmentadas, con usos del suelo incompatibles y sin acceso a servicios básicos, profundizando las desigualdades y comprometiendo la sostenibilidad de las infraestructuras públicas”, agregan y concluyen: “La imposibilidad de escriturar afecta, además, la seguridad jurídica de las familias e impide el ejercicio pleno del derecho a la ciudad”.