El sacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso sexual y corrupción de menores, llevó su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar acceder al beneficio del “2x1”, previsto en la antigua Ley 24.390.
Condenado por abuso sexual infantil busca reducir su pena con la derogada Ley 24.390. La defensa sostiene que el beneficio regía al momento de los hechos.
El sacerdote Julio César Grassi, condenado por abuso sexual y corrupción de menores, llevó su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para intentar acceder al beneficio del “2x1”, previsto en la antigua Ley 24.390.
El planteo fue formalizado mediante un recurso extraordinario federal presentado por sus abogados defensores, los penalistas de La Plata Santiago Irisarri y Marcelo Botindari, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense rechazara por mayoría el pedido.
La discusión jurídica gira alrededor de un punto central: cuál es la ley penal aplicable para computar el tiempo de prisión preventiva cumplido por Grassi. La defensa sostiene que corresponde aplicar la normativa vigente al momento de los hechos por los cuales fue condenado, ocurridos en 1996, cuando todavía regía la Ley 24.390, conocida popularmente como la ley del “2x1”.
Ese régimen establecía que, una vez superados los dos años de prisión preventiva sin condena firme, cada día de detención debía computarse doble. La norma fue sancionada en 1994 y derogada en 2001 mediante la Ley 25.430, luego de fuertes cuestionamientos políticos y sociales por el impacto que tenía en las excarcelaciones y reducciones de pena.
Actualmente, Grassi cumple condena en la Unidad 41 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Campana, bajo disposición del Tribunal Oral Criminal N° 1 de Morón.
El caso Grassi fue uno de los expedientes judiciales más resonantes de las últimas décadas en la Argentina. El sacerdote ganó enorme notoriedad pública durante los años noventa y comienzos de los 2000 por su trabajo al frente de la Fundación Felices los Niños, una organización dedicada a asistir a menores en situación de vulnerabilidad.
La figura mediática del cura comenzó a derrumbarse en 2002, cuando un informe televisivo difundió denuncias de abusos sexuales cometidos contra menores alojados en la fundación. A partir de allí se abrió una extensa investigación judicial que derivó en un juicio oral de fuerte impacto público.
En 2009, el Tribunal Oral Criminal N° 1 de Morón condenó a Grassi a 15 años de prisión por abuso sexual agravado y corrupción de menores en perjuicio de uno de los jóvenes denunciantes. El sacerdote permaneció en libertad hasta 2013, cuando la Suprema Corte bonaerense dejó firme la condena y ordenó su detención.
Desde entonces, la defensa del religioso impulsó distintos recursos judiciales, tanto en tribunales provinciales como nacionales e internacionales, aunque ninguno logró revertir la condena.
Ahora el expediente vuelve a colocarlo en el centro de la escena judicial, esta vez por una discusión estrictamente técnica vinculada al cómputo de pena y la aplicación temporal de las leyes penales.
En el recurso presentado ante la Corte Suprema, los abogados Irisarri y Botindari cuestionan la decisión de la Suprema Corte bonaerense que fijó el vencimiento de la condena para mayo de 2028.
La defensa sostiene que, si se aplicara el beneficio previsto por el artículo 7 de la vieja Ley 24.390, la pena debería considerarse agotada en agosto de 2026.
Según el planteo, Grassi acumuló más de tres años y nueve meses de prisión preventiva en distintos períodos, superando ampliamente el límite de dos años previsto en la norma derogada para activar el cómputo privilegiado.
Los defensores argumentan que la ley aplicable debe ser la vigente al momento de los hechos investigados y no la vigente cuando el sacerdote quedó detenido.
Para la defensa, esos antecedentes establecen que el beneficio del “2x1” puede aplicarse aunque la detención preventiva se haya producido después de la derogación de la ley, siempre que los delitos hubieran sido cometidos durante la vigencia de esa normativa.
El recurso sostiene además que la Suprema Corte bonaerense incurrió en una interpretación contraria al principio de legalidad penal, porque utilizó leyes posteriores a los hechos para resolver el cómputo de pena.
Uno de los puntos centrales del expediente es la aplicación de la Ley 27.362, sancionada en 2017 por el Congreso nacional tras el polémico fallo de la Corte Suprema en el caso “Muiña”.
Aquel fallo había permitido aplicar el “2x1” a un condenado por delitos de lesa humanidad, lo que provocó una masiva reacción social, política y judicial. Como respuesta, el Congreso aprobó rápidamente una norma interpretativa que limitó el alcance del beneficio.
La defensa de Grassi sostiene que esa ley fue pensada exclusivamente para delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, y no para delitos comunes como los que originaron la condena del sacerdote.
En el recurso se destaca que la propia denominación oficial de la Ley 27.362 hace referencia específica a delitos de lesa humanidad y que la Corte Suprema nacional, en fallos posteriores, mantuvo la doctrina del “2x1” para delitos comunes.
Los abogados del cura afirman además que aplicar esa norma a hechos ocurridos en 1996 implica utilizar retroactivamente una ley más gravosa, algo prohibido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos.
El dato más relevante para la estrategia defensiva es que uno de los integrantes de la Suprema Corte bonaerense, con sede en La Plata, votó a favor del planteo de Grassi.
El ministro Daniel Soria quedó en minoría y sostuvo que correspondía aplicar la doctrina fijada por la Corte Suprema nacional en el fallo “Arce”. Según su criterio, lo relevante para definir la aplicación del “2x1” es que los delitos hayan sido cometidos durante la vigencia de la Ley 24.390, sin importar cuándo se produjo la detención preventiva.
Soria también cuestionó el alcance dado a la Ley 27.362 y consideró que esa norma introdujo requisitos que no existían en el texto original del “2x1”. En su voto afirmó que la ley sancionada en 2017 excedió el marco de una mera interpretación y modificó sustancialmente el régimen anterior.
La posición minoritaria del magistrado es utilizada ahora por la defensa como uno de los principales respaldos para intentar abrir la instancia federal.
El recurso extraordinario federal deberá ser analizado por la Suprema Corte bonaerense, que primero deberá resolver si concede o no la apelación para que intervenga la Corte Suprema nacional.
En caso de rechazo, la defensa todavía podría presentar un recurso de queja directamente ante el máximo tribunal del país.
En el escrito, los abogados remarcan la “urgencia” del planteo porque sostienen que, de aplicarse el viejo “2x1”, el vencimiento de la pena ocurriría en pocos meses. Según afirman, mantener el actual cómputo implicaría prolongar indebidamente la privación de libertad del sacerdote por casi dos años más.
El expediente también incorpora reservas para eventualmente acudir al sistema interamericano de derechos humanos, en caso de que la Corte Suprema rechace definitivamente el planteo.
Mientras tanto, el caso vuelve a poner en discusión uno de los debates jurídicos más controvertidos del derecho penal argentino: el alcance temporal del viejo beneficio del “2x1” y los límites constitucionales para aplicar leyes penales más gravosas de manera retroactiva.
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