El caso conmocionó al país y reavivó la polémica por la edad de imputabilidad. Un chico de 17 años espera el juicio y otro de 14 está bajo medida de seguridad.
El crimen de Kim Gómez en La Plata, ocurrido hace un mes en el barrio Altos de San Lorenzo, sigue generando conmoción y debate sobre la imputabilidad de menores. La investigación judicial avanza con un joven de 17 años detenido con prisión preventiva y otro de 14 sometido a una medida de seguridad.
El 25 de febrero, la mamá de Kim, Florencia, fue abordada por dos delincuentes que intentaron robarle el auto. Su hija, de 7 años, quedó atrapada en el cinturón de seguridad y fue arrastrada durante quince cuadras, hasta que los delincuentes perdieron el control y chocaron. Las graves heridas que sufrió en ese marco le costaron la vida.
La fiscal Carmen Ibarra imputó al mayor de los sospechosos por homicidio en ocasión de robo, mientras que el otro menor es defendido por Ricardo Berenguer, quien apela la medida de seguridad argumentando su falta de participación. La jueza del caso, María José Lescano, avaló la prisión preventiva del joven de 17 años, quien se encamina a un juicio oral. Su defensora oficial, Raquel Ponzinibio, trabaja en su estrategia procesal. En paralelo, el chico de 14 años está bajo una medida de seguridad con restricción de libertad, una decisión apelada por su defensor, quien insiste en su inocencia.
El caso volvió a instalar el debate sobre la edad de imputabilidad en Argentina, donde los menores de 16 años son considerados inimputables. Desde diversos sectores se reclama una revisión del régimen penal juvenil, mientras organismos de derechos humanos advierten sobre el riesgo de criminalizar la infancia sin una política integral de contención.
El asesinato de Kim también tuvo impacto político. El gobernador Axel Kicillof y el intendente de La Plata, Julio Alak, quedaron en el centro de las críticas por la creciente inseguridad en la provincia y la ciudad.
La oposición responsabiliza a la gestión provincial por la falta de políticas de seguridad efectivas y exige endurecer las leyes para menores delincuentes. Mientras tanto, el oficialismo busca equilibrar el reclamo ciudadano con un discurso que apunte a soluciones estructurales más allá del endurecimiento punitivo.
El crimen de Kim desató una movilización ciudadana en La Plata, donde vecinos exigieron justicia y mayor seguridad. La demanda principal fue el endurecimiento de las penas para menores que delinquen, una discusión recurrente en la política argentina.
En la actualidad, el régimen penal establece que un menor solo puede ser imputado desde los 16 años, lo que en este caso significó que el chico de 14 no pueda ser juzgado como un adulto. La presión social reavivó los proyectos legislativos para bajar la edad de imputabilidad, una iniciativa que divide aguas entre sectores políticos y jurídicos.
El caso reavivó la tensión entre "garantismo" y la "mano dura". Mientras algunos sectores políticos exigen una baja inmediata de la edad de imputabilidad, otros plantean la necesidad de un abordaje integral que incluya prevención, educación y contención social.
El gobernador Kicillof se encuentra ante un desafío complejo: responder al reclamo de seguridad sin romper con su base política, que en su mayoría rechaza endurecer el régimen penal juvenil. Por su parte, Alak enfrenta la presión de una ciudad que reclama respuestas concretas a la inseguridad cotidiana. A un mes del crimen de Kim, la investigación avanza, pero el debate político y social está lejos de cerrarse. La familia de la víctima exige justicia, mientras el país discute qué hacer con los menores que delinquen y cómo evitar que se repitan hechos tan trágicos.
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