Un jurado popular consideró culpable de homicidio agravado por arma de fuego. Tras la cesura, el juez impuso la condena por el crimen en las afueras de La Plata.
Una condena de 22 años de prisión recayó sobre Julián Roberto Damián por el crimen de Gonzalo Alejandro Martín, asesinado de un disparo a la salida de una fiesta en septiembre de 2018, en la localidad de La Granja, al oeste del Gran La Plata.
La pena fue impuesta por el juez Andrés Vitali del Tribunal Oral Criminal III de la capital bonaerense tras el requerimiento del fiscal de juicio Martín Chiorazzi en el marco de la audiencia de cesura que se realizó días antes.
En sus alegatos durante el juicio tanto el fiscal como el abogado Oscar Rodríguez (en representación de la madre de la víctima) habían solicitado la pena de prisión perpetua por entender que se trató de un crimen con alevosía, es decir, el joven asesinado no tuvo oportunidad de defenderse, pero uno de los integrantes del jurado popular votó en contra, no hubo unanimidad y fue condenado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Uno de los requisitos que establece la Ley de Juicio por Jurados es que para que se aplique la máxima pena del Código Penal el veredicto debe ser por unanimidad. En este caso en particular 11 jurados votaron en ese sentido, pero uno se opuso. El resulto fue 11 a 1, no hubo unanimidad.
Esta condena no está firme ya que la defensa tiene la posibilidad de recurrir ante el Tribunal de Casación bonaerense y luego, eventualmente, tiene las instancias de la Suprema Corte provincial y de la Corte federal.
La defensa, a cargo del abogado Mariano Pomares, no discutió la autoría del homicidio que está confeso. Apuntó a otro encuadre legal e hizo cuatro peticiones, que se aplique un veredicto de culpabilidad por el delito de “homicidio preterintencional” y como planteos subsidiarios puso sobre la mesa las figuras de legítima defensa, exceso en la legítima defensa y homicidio simple.
En la pesquisa el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta dio por acreditado que en la madrugada de aquel trágico día la víctima recibió un disparo por parte del acusado, quien luego estuvo varios días prófugo. Tras su captura fue indagado y le dictaron la prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
En su declaración indagatoria el sospechoso reconoció que, en medio de una pelea, alrededor de las 6:00 de la mañana, en inmediaciones de su casa, salió a la calle armado con una pistola calibre 9 milímetros (de origen militar con la numeración limada) y disparó al aire para dispersar a un grupo de jóvenes: "Fue peor. Se me vinieron encima. Le quise pegar un cañazo al primero que me encaró y en ese momento creo que lo toqué y sale el disparo y veo que se cae el que venía atrás del flaco ese".
En esa línea indicó que “lo hice para defenderme y defender a mi familia. Tanto a mi esposa con un bebé, la amiga de mi esposa con otro bebé, el chico que estaba dentro de la casa. Hubiese sido un desastre”, dijo sobre la pelea.
La familia de la víctima no avala esa versión. En las varias marchas que realizaron en La Plata en reclamo de justicia, denunciaron presuntas irregularidades en la investigación. Sospechan que el procesado cuenta con amparo policial por pertenecer a una familia que se dedica a la venta de drogas, siempre según la denuncia de los allegados del joven muerto.
La madre de la víctima, durante una de las manifestaciones aseveró que el acusado "es un asesino múltiple, el de mi hijo no es el primer homicidio que comete. Es hijo de una familia paraguaya de narcotraficantes y sabemos cómo se maneja. Tiene problemas en un barrio, se muda a otro para moverse como pez en el agua. La policía lo conoce bien, no es de ahora". La bronca llevó a que vecinos y amigos hicieran justicia por mano propia e incendiaran la casa del que señalaron como el homicida y que finalmente fue condenado.