Después de dos frustrados intentos por iniciar el juicio oral por el crimen de la abogada Verónica Dessio, la causa volvió a registrar un nuevo movimiento procesal. Carolina Pérez, exesposa de la víctima y una de las particulares damnificadas, presentó un escrito ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) II de La Plata para solicitar que se fije "con carácter prioritario" una nueva fecha para el debate y que se impulsen las actuaciones pendientes que hoy impiden el comienzo del proceso.
La presentación fue realizada por su abogado, Matías Pietra Sanz, quien además requirió que, una vez superadas las incidencias que afectan la integración del Tribunal o la situación psicofísica de la acusada Ivana Mapis, se solicite de inmediato a la Secretaría de Gestión Administrativa la asignación del primer bloque de fechas objetivamente disponible, preferentemente dentro de 2026.
En el mismo escrito también pidió que quede expresamente asentado que las demoras acumuladas en el expediente y la frustración de las fechas de juicio no son atribuibles ni a Carolina Pérez ni a su representación legal, al sostener que desde el inicio colaboraron con todas las medidas destinadas a agilizar el debate.
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Asimismo, solicitó que la Secretaría del Tribunal certifique el estado procesal de todas las incidencias que continúan abiertas, entre ellas las vinculadas a la situación sanitaria de Ivana Mapis, la recusación promovida por su defensa y las sucesivas revisiones de las medidas de coerción, impulsando la conclusión de aquellas que permanezcan pendientes.
La causa tiene como imputados a Ivana Verónica Mapis, acusada de haber instigado el homicidio de Verónica Dessio, y a José Antonio Alves, señalado como presunto autor material del crimen ocurrido en diciembre de 2020. La defensa de Mapis está a cargo de Gastón Nicocia y la de Alves es ejercida por la defensora oficial Verónica Garganta.
Un juicio que ya fue reprogramado y volvió a suspenderse
En su presentación, la particular damnificada, exesposa de la víctima, reconstruyó el recorrido que atravesó la causa desde su radicación ante el Tribunal. El escrito recuerda que el expediente ingresó al TOC II el 3 de octubre de 2022 y que, tras solicitarse fecha para el juicio, inicialmente se estimó un debate de aproximadamente quince jornadas con alrededor de 125 testigos. Posteriormente, la Secretaría de Gestión Administrativa advirtió que el tiempo de detención de los imputados justificaba reorganizar la agenda para procurar una fecha más cercana.
Sin embargo, en junio de 2024 el juicio fue fijado para agosto y septiembre de 2027 debido a las dificultades para coordinar las agendas del Tribunal. Esa decisión motivó la realización de una audiencia preliminar de fortalecimiento prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal, cuyo objetivo fue reducir la prueba testimonial y adelantar el debate.
Matías Pietra Sanz, abogado de Carolina Perez, exesposa de Verónica Dessio.
AGLP
Esa audiencia se realizó el 5 de marzo de 2026 con participación del Ministerio Público Fiscal, las particulares damnificadas, las defensas y los imputados. Allí la fiscalía redujo significativamente la cantidad de testigos ofrecidos y las restantes partes acompañaron esa decisión.
La representación de Carolina Pérez también adhirió a esa reducción probatoria, lo que permitió acortar sensiblemente la duración estimada del juicio. Como consecuencia de ese acuerdo, el Tribunal adelantó el inicio del debate y fijó las audiencias para los días 3, 4, 5 y 8 de junio de 2026.
Las suspensiones y el reclamo para evitar nuevas demoras
El juicio nunca llegó a comenzar. Según recordó la presentación, el primer intento fracasó porque el fiscal de juicio, Martín Chiorazzi, debió tomar licencia médica durante tres de las cuatro jornadas previstas. Frente a esa situación, el Tribunal reprogramó el inicio para el 8 de junio y dispuso que el debate se extendiera durante esa semana.
En paralelo, y debido a los problemas de salud que presentaba Ivana Mapis, se ordenó que fuera examinada por la Asesoría Pericial y que sus traslados se realizaran mediante una comisión especial.
Ivana Mapis, acusada de ser la instigadora del crimen, está con arresto domiciliario.
No obstante, el 7 de junio el comienzo del juicio volvió a quedar sin efecto a raíz de una resolución dictada por la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de La Plata en el hábeas corpus promovido por la defensa de Mapis.
A ello se sumó posteriormente la recusación planteada contra los integrantes del Tribunal por la defensa de la acusada y nuevos pedidos vinculados con las medidas de coerción de los imputados. Para Carolina Pérez, esta sucesión de incidencias demuestra que cada postergación genera nuevas discusiones procesales que prolongan la incertidumbre para todas las partes, especialmente para las víctimas.
"La demora no es atribuible a esta parte"
Uno de los ejes centrales del planteo es despegar a la particular damnificada de las sucesivas dilaciones del expediente. En ese sentido, Pietra Sanz sostuvo que Carolina Pérez ofreció oportunamente su prueba, compareció a todas las audiencias y colaboró expresamente con la reducción de testigos para facilitar el adelantamiento del juicio desde 2027 a 2026. También afirmó que nunca promovió recursos o incidencias que hubieran impedido el inicio del debate.
Por el contrario, atribuyó las postergaciones a circunstancias vinculadas con la agenda judicial, la licencia médica del fiscal, la situación sanitaria de Ivana Mapis y distintos planteos impulsados por las defensas. Aclaró, sin embargo, que el escrito no cuestiona el derecho de los imputados a ejercer su defensa ni a recibir atención médica adecuada, sino que reclama que esas cuestiones sean resueltas con la celeridad necesaria para evitar una paralización indefinida del proceso.
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La presentación también invoca el derecho de las víctimas a obtener una respuesta judicial en un plazo razonable, con apoyo en la Ley provincial 15.232, la Constitución provincial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y doctrina de la Suprema Corte bonaerense. Allí sostiene que la incertidumbre sobre la fecha del juicio mantiene a Carolina Pérez ligada indefinidamente al proceso y prolonga la revictimización.
Finalmente, el abogado solicitó que, una vez despejados los obstáculos pendientes, el Tribunal otorgue prioridad de agenda a la causa, mantenga la reducción probatoria ya acordada y, si no fuera posible fijar inmediatamente una fecha, convoque a una audiencia de gestión con todas las partes para establecer un cronograma concreto que permita realizar el juicio sin nuevas frustraciones.
