El próximo lunes se dará inicio, a instancias del Tribunal Oral Criminal N° 5 de La Plata, al juicio por jurados que resolverá sobre la responsabilidad de quienes provocaron la muerte de Gastón Ayala Aquino durante la mañana del 1 de agosto de 2016 en la Unidad Penal N° 1 de Lisandro Olmos. El joven sufrió un ataque de epilepsia y sus compañeros intentaron llevarlo a sanidad, pero un grupo de agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) demoró intencionalmente la asistencia, lo golpeó salvajemente y le realizó maniobras de asfixia hasta provocar su muerte.
Serán diez jornadas de juicio consecutivas hasta el 30 de octubre, cuando se produzca el veredicto. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocina a la familia de la víctima, en su carácter de Mecanismo local de prevención de la tortura.
Elvia Aquino se encontraba junto a su numerosa familia en el festejo del cumpleaños de 15 de una de sus nietas cuando recibió un llamado telefónico desde la UP N° 1 de Olmos. Ella percibió que algo muy grave había pasado. "¿Es la mamá de Gastón? Su hijo murió", fue la manera en la que recibió la peor noticia de su vida.
El hecho que ahora se ventilará frente a doce jurados populares ocurrió entre las 8 y las 9.10 del 1 de agosto de 2016, cuando el joven de 36 años sufrió un ataque de epilepsia en su celda de la unidad penal. Esos episodios surgieron a partir de un accidente doméstico que había sufrido en su adolescencia y para evitarlos debía tomar todas las mañanas la medicación correspondiente.
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Los acusados son nueve agentes de la Unidad 1 de Olmos.
En ese momento sus compañeros pidieron al encargado de pabellón que los dejara trasladar a Gastón hasta sanidad, por lo que debían bajar desde el tercer piso a la planta baja hasta un sector llamado "la rotonda", que mediante pasillos conecta distintas dependencias de la cárcel, entre ellas la enfermería. Al llegar con el joven cargado en una manta les informaron que debían aguardar a que se desocupara un médico y fue allí que un grupo de agentes penitenciarios intentó reducir a Ayala –que pedía ayuda desesperadamente– y comenzó a golpearlo con patadas y una llave en el cuello que terminó provocando su muerte minutos después.
Según los testigos, los penitenciarios golpearon a Ayala Aquino durante todo el recorrido hacia la zona de control, donde luego lo ingresaron a la oficina del jefe del penal, el imputado Rafael Herrera. Allí adentro continúan los golpes y torturas. Aunque ninguno de los detenidos pudo observar esa secuencia final porque ocurrió a puerta cerrada, sí oyeron los gritos y los ruidos hasta que alguien les ordenó que regresaran a las celdas.
El juez técnico será Ezequiel Medrano. En la primera jornada del juicio se realizará la selección de los doce jurados titulares y seis suplentes, para continuar por la tarde con las instrucciones preliminares y finalmente la presentación de los alegatos de apertura de las partes. Este martes se dio lugar a los testigos: alrededor de 50 entre los detenidos que intentaron llevar a la víctima a Sanidad, médicos y personal de salud de la UP y peritos forenses.
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La muerte de Gastón Ayala Aquino se produjo el 1 de agosto de 2016 en la Cárcel de Olmos.
Los imputados por el delito de imposición de tortura agravada por el resultado de muerte son nueve: Herrera (el jefe del penal de aquel momento), Juan Ignacio Tocci, Santiago Barrios Rivero, Mariano Oscar Silva Urbieta, Matías Wernicke, Mario Abel Ardiles, Emanuel Vallejos, Eliseo Oriel Porta y Sergio Ariel Ceballos. El bloque acusador estará integrado por la fiscal de juicio Leila Aguilar y por el programa de Litigio Estratégico de la CPM, que patrocina al particular damnificado: Ricardo Ayala y Elvia, los padres de la víctima.
Los agentes penitenciarios trataron de ocultar las circunstancias de la muerte de Gastón a través de falsedad ideológica de instrumentos públicos y declaraciones testimoniales falaces, con el fin de eludir su responsabilidad directa en el hecho. Hacía menos de dos meses que el joven estaba en la cárcel de Olmos y en ese tiempo no recibió la medicación con regularidad ni la atención sanitaria que requería su enfermedad. Tampoco fue trasladado a una unidad psiquiátrica como había solicitado la familia a través de instancias judiciales.
