Antonella Rocha intenta acordar con damnificados para evitar llegar al debate. Su abogado aseguró que más del 80% de los inversores ya recuperó el dinero.
La causa judicial para Antonella Rocha, la joven que se convirtió en el rostro de una de las presuntas estafas piramidales más resonantes de la región, ingresó en una etapa decisiva. Luego de que el expediente fuera elevado a juicio oral y quedara radicado en el fuero Correccional de La Plata, la defensa trabaja en una estrategia destinada a evitar el debate público mediante una salida alternativa.
La principal imputada del caso, conocida popularmente como "la Cositorto de Ensenada", enfrenta acusaciones junto a otros tres procesados por una maniobra que, según la investigación judicial, captó millones de pesos mediante promesas de ganancias extraordinarias y retornos inmediatos.
En diálogo con 0221.com.ar, el abogado defensor de Rocha, Germán Tocci, confirmó que se analiza la posibilidad de alcanzar acuerdos con parte de los damnificados y cuestionó el alcance real del perjuicio económico que figura en el expediente.
"Más del 80% de los damnificados recibieron el dinero que Mercado Pago destrabó", sostuvo el letrado, quien además remarcó que una gran cantidad de personas recuperó los fondos retenidos cuando la plataforma detectó movimientos sospechosos en las cuentas vinculadas a la investigación.
Según explicó, la defensa distingue entre quienes pueden acreditar de manera fehaciente las inversiones realizadas mediante transferencias bancarias y aquellos que aseguran haber entregado dinero en efectivo.
"Hay muchos que dicen haber entregado dinero en efectivo pero no tienen ningún comprobante que lo respalde. Algunos adjuntaron una foto de un sobre, pero en ese sobre puede haber habido plata o figuritas del Mundial", afirmó Tocci, especialista en casos de estafas y defraudaciones.
El abogado explicó que la propuesta que estudian consiste en devolver el dinero a aquellas personas que efectivamente realizaron transferencias verificables y que no recuperaron los fondos por otras vías. "Lo que planteamos nosotros es poder devolverle la plata a la gente que realmente transfirió y a la que Mercado Pago ni nadie le devolvió esa plata", señaló.
En ese sentido recordó que, cuando comenzó a representar a Rocha, pudo observar personalmente cómo la empresa procesaba reintegros automáticos a usuarios afectados. "Me mostró el Mercado Pago y mientras estábamos hablando iba bajando el monto bloqueado. Veíamos cómo se iban haciendo las devoluciones", aseguró.
La estrategia defensiva aparece ahora como uno de los últimos intentos para evitar que el caso llegue a juicio oral, una instancia que podría exponer públicamente durante varias jornadas los detalles de una investigación que mantuvo en vilo a Ensenada, Berisso, La Plata y otras localidades de la región.
La causa avanzó luego de que el fiscal Martín Almirón solicitara formalmente la elevación a juicio de Antonella Rocha y de los demás acusados: Alex Nicolás Romero, Yanina Magalí Romero y Solange Calderón. Todos fueron procesados por los delitos de "estafa, en hechos reiterados que concurren materialmente entre sí, en concurso real con intermediación financiera no autorizada".
Para la fiscalía, entre septiembre y noviembre de 2023 los imputados desplegaron una maniobra coordinada destinada a captar fondos de ahorristas mediante la promesa de rendimientos extraordinarios. La investigación sostiene que los acusados utilizaban principalmente redes sociales para promocionar supuestas inversiones que prometían duplicar el capital en apenas una semana.
De acuerdo con la reconstrucción fiscal, las víctimas eran convencidas de transferir dinero o entregarlo en efectivo bajo la promesa de recibir retornos cercanos al 100% en plazos extremadamente cortos. El expediente da cuenta de al menos 30 damnificados identificados durante la instrucción, aunque los investigadores siempre sospecharon que el número real podría ser mucho mayor.
Según la acusación, el esquema funcionó inicialmente porque algunos inversores recibieron efectivamente los pagos prometidos. Esas devoluciones tempranas habrían servido para generar confianza y atraer nuevos aportantes.
La fiscalía sostiene que los fondos utilizados para pagar a los primeros inversores provenían del dinero aportado por nuevos participantes, una mecánica compatible con los esquemas piramidales o sistemas Ponzi.
Cuando la estructura comenzó a quedarse sin liquidez, los pagos se interrumpieron y empezaron las demoras, los reclamos y las denuncias. La investigación calculó un perjuicio patrimonial superior a los 19.875.000 pesos, además de sumas entregadas en dólares estadounidenses por algunas víctimas.
También se estimó que el rédito económico obtenido mediante la maniobra habría superado los 53 millones de pesos. Sin embargo, los investigadores siempre aclararon que esas cifras surgían únicamente de los casos incorporados formalmente al expediente y que el monto real podría ser considerablemente superior.
La investigación judicial comenzó a tomar forma tras la denuncia presentada por el funcionario municipal de Ensenada Martín Slobodian. Según relató en su momento, durante octubre de 2023 comenzaron a recibir comentarios de vecinos que hablaban de una joven capaz de duplicar inversiones en pocos días.
A partir de esa información decidieron contactarla mediante redes sociales para verificar cómo funcionaba el supuesto negocio. "Nos contó cómo era la maniobra y la empezamos a seguir. Decía que cumplía, le dabas la plata y a la semana la duplicaba", explicó entonces.
Con el paso de las semanas empezaron a detectarse retrasos en los pagos y crecieron las sospechas. "En noviembre empezó a pedir más tiempo. Ahí advertimos que ya estaba todo dado para una estafa piramidal y realizamos la denuncia", recordó.
Uno de los obstáculos que enfrentaron los investigadores en los primeros momentos fue la resistencia de las propias víctimas a denunciar. Muchos inversores todavía mantenían la esperanza de recuperar el dinero y preferían esperar antes que acudir a la Justicia.
Esa situación permitió que la operatoria continuara durante algún tiempo y que se sumaran nuevos aportantes atraídos por las historias de quienes afirmaban haber duplicado su inversión.
Cuando los pagos dejaron de llegar y las explicaciones comenzaron a agotarse, la tensión social escaló rápidamente. La vivienda de Antonella Rocha en Ensenada se transformó en el centro de una verdadera pueblada protagonizada por personas que reclamaban la devolución de sus ahorros.
La furia colectiva derivó en escenas de extrema violencia. La casa fue saqueada prácticamente por completo. Según reconstruyeron los investigadores, los manifestantes se llevaron desde muebles hasta aberturas y elementos de grifería. Posteriormente, la propiedad fue incendiada.
La violencia también alcanzó a otros inmuebles vinculados a familiares de la acusada, cuyos comercios sufrieron ataques y destrozos. La situación obligó a una importante intervención policial para dispersar a los manifestantes y garantizar la integridad física tanto de Rocha como de su entorno familiar.
Aquellas imágenes recorrieron toda la provincia y terminaron de instalar el caso como uno de los episodios más impactantes de los últimos años en Ensenada.
Dentro de la causa también quedaron involucrados Alex Nicolás Romero y Yanina Magalí Romero, hermanos y excuñados de Rocha. Ambos sostienen que no participaron de ninguna maniobra fraudulenta y afirman que únicamente facilitaron los alias de sus cuentas de Mercado Pago porque la principal acusada tenía restricciones para operar.
Asistidos por el abogado Javier Herrera, declararon ante la fiscalía y aportaron documentación destinada a demostrar que desconocían el destino de los fondos que circulaban por esas cuentas. Los dos procesados incluso reclamaron públicamente que Antonella Rocha "se haga cargo" de lo ocurrido.
La fiscalía, sin embargo, entendió que existían elementos suficientes para incluirlos en la acusación junto a Solange Calderón y la propia Rocha.
Ahora será la justicia Correccional de La Plata la que deberá resolver los planteos pendientes y determinar si prospera alguna alternativa que permita cerrar el expediente sin juicio oral o si, por el contrario, los cuatro acusados terminan enfrentando un debate público en el que volverán a ventilarse los detalles de una causa que marcó a fuego a Ensenada y que, casi tres años después del estallido del escándalo, sigue generando repercusiones.
El presidente del bloque del PRO, Nicolás Morzone, lanzó la propuesta al cruzarse con la titular del bloque de Fuerza Patria, Josefina Bolis.
Redes Sociales