Fue en el marco de la investigación por personas que cobraban sin ir a trabajar. Imputaron al exjefe de Gabinete y a funcionarios de la gestión anterior.
La justicia Penal de La Plata realizó una serie de allanamientos en domicilios vinculados a 13 imputados por la causa judicial de las personas que cobraban sin presentarse a trabajar en la Municipalidad, hecho que fue denunciado por el intendente Julio Alak tras su asunción.
Según se informó, entre los señalados se encuentran exfuncionarios de la gestión anterior, quienes son investigados por los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia".
Fuentes comunales consultadas por 0221.com.ar reconocieron la "intención" de concretar la mudanza de la Terminal. Se concretaría un viejo anhelo de Julio Alak.
Miles de militantes se reunieron en La Plata en un acto liderado por Julio Alak y Guillermo “Nano” Cara, con un fuerte apoyo al gobierno bonaerense.
Uno de ellos es el exsecretario de Coordinación, Oscar Negrelli, ya que numerosas personas de las que percibían sueldos de la Comuna y no se presentaban a trabajar estaban nombrados en su área; mientras que también está imputado Mariano Pérez Aramburu, exdirector general de Personal, quien es investigado por su responsabilidad central en las designaciones del personal.
En tercer lugar, fue imputado el exsecretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia, Néstor Pulichino; como así también el exconcejal Darío Musto.
Los operativos fueron ordenados por el Juzgado de Garantías Nº 6 de La Plata a cargo de Agustín Crispo, a pedido el del fiscal de instrucción Juan Condomí Alcorta. Durante los mismos, participó el Departamento de Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina y se secuestraron computadoras y teléfonos, entre otro material.
Alak inició el 10 de diciembre de 2023 una auditoría interna en la administración municipal, que arrojó numerosas irregularidades que son violatorias de distintas leyes y delitos penales.
Los equipos técnicos de la actual gestión hallaron no solo personas que cobraban sin presentarse a trabajar sino -también- casos como el de una persona fallecida que figuraba como actual contratada, por lo que alguien percibía su sueldo ilegalmente.
Asimismo, se determinó que incluso recibían su remuneración personas que estaban detenidas y cumpliendo condenas por participar en severas causas penales. Entre las mismas, se encuentran "homicidios agravados y en ocasión de robo"; "promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas"; "robo calificado por uso de armas de fuego"; e "incendios y estragos", entre otras.
Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.
También, se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como "homicidios dolosos"; "portación de armas de guerra" o "abuso sexual con acceso carnal", a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente.
Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.