El juicio es para Guillermo Berra y Rosario Sardiña por presunto espionaje en Asuntos Internos. Un exjuez de La Plata y una fiscal, entre las víctimas.
El Tribunal Oral Criminal (TOC) II de La Plata adelantó para octubre de 2026 el juicio para Guillermo Berra y Rosario Sardiña, dos exfuncionarios de Asuntos Internos durante la gestión de María Eugenia Vidal. Ambos están acusados de abuso de autoridad y peculado en una causa que investiga tareas de espionaje interno.
El TOC II de la capital provincial reorganizó su agenda y adelantó el debate oral que originalmente había sido fijado para fines de octubre. Finalmente, el juicio a Guillermo Berra y Rosario Sardiña se desarrollará los días 6, 7, 8 y 9 de octubre de 2026. La defensa estará en manos del abogado Marcelo Peña.
Berra fue titular de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de Vidal y Cristian Ritondo al frente de esa cartera. Sardiña, también abogada, cumplió funciones en el mismo organismo. Ambos están acusados de "abuso de autoridad y peculado" y son defendidos por el abogado Marcelo Peña.
La causa tomó impulso a partir del allanamiento realizado el 23 de octubre de 2019 en la sede de Asuntos Internos, procedimiento encabezado por la fiscal Cecilia Corfield. Allí se secuestró una importante cantidad de documentación y apareció una lista de personas y entidades que habrían sido objeto de relevamientos patrimoniales sin una orden judicial que avalara esas tareas.
La investigación, que también tiene bajo la lupa a Vidal y Ritondo, registra más de 1.400 consultas en bases de datos privadas. Entre los objetivos aparecen políticos, magistrados, dirigentes sociales, empresas y distintas instituciones.
Entre los platenses incluidos en esos relevamientos figuran el exjuez de Garantías César Ricardo Melazo, el exsecretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata Daniel Piqué, la empresa Inversiones Los Hornos SRL y el mutualista Juan Carlos Tocci.
También aparecen entidades con sede en La Plata, como el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, además de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores bonaerenses.
La documentación incorporada a la investigación también menciona tareas de inteligencia sobre el Poder Judicial bonaerense, la Policía Federal Argentina, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de la Policía bonaerense, la AFIP, la Dirección General de Cultura y Educación y distintas municipalidades.
Entre las empresas relevadas figuran Avances Médicos, Curavis S.R.L., Haras Dilu S.A., Hipódromo Argentino de Palermo S.A., Fundación Compañía Social Equidad y Banco Santander Río S.A.
El expediente se inició a partir de una denuncia presentada por el excomisario Néstor Martín, quien señaló la existencia de una presunta red de espionaje ilegal dentro del Ministerio de Seguridad bonaerense durante la gestión de Ritondo y Vidal.
En el allanamiento también se encontraron evidencias sobre la fiscal Silvina Langone, quien tuvo a su cargo el juicio oral por la triple fuga del penal de General Alvear. Entre los objetivos relevados también aparecieron el defensor ciudadano adjunto de La Plata, Tulio Marchetto, esposo de Langone, y familiares de ambos.
Uno de los denunciantes que tendrá participación en el debate será el exjuez de Garantías platense César Melazo, quien regresará al fuero Penal local en calidad de particular damnificado.
Melazo será representado por los abogados Christian Romano y Juan Pesquera. Ante una consulta de 0221.com.ar, Romano cuestionó el accionar de la Auditoría de Asuntos Internos y sostuvo que existe “un obrar ilegal continuo de la Auditoría de Asuntos Internos, que incluso cuando investigan la actuación de los policías, en la mitad de los casos actúan mal, y terminan echando policías honestos”.
El letrado agregó: “Aunque nobleza obliga, algunas veces comprenden que obraron bien y absuelven o dan sanciones menores de días y no exoneran, pero no pasan de la mitad estos casos”.
Los dos exfuncionarios habían sido sobreseídos por la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, pero esa decisión fue anulada posteriormente por la Casación provincial. Con ese antecedente, el TOC II fijó finalmente el debate oral para los primeros días de octubre de 2026.
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