Mauricio Macri fue citado este viernes a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.
La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11.00. "Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", advirtió el juez.
ARCA oficializó la norma que busca brindar “mayor claridad a los consumidores finales” sobre la carga tributaria que inciden en los precios.
Los bancarios lograron un acuerdo salarial que lleva el sueldo básico a $1.600.000. Se actualizarán los salarios mensualmente según la inflación hasta febrero.
Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación. En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la su ex segunda en el organismo, Silvia Majdalani con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.
El espionaje ilegal "se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional", remarcó Bava en su fallo.
"Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", detalló la resolución.
Cabe destacar que la causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el Gobierno de Macri se los había espiado.