El caso que investigó una asociación ilícita con abogados y un contador llegó a un acuerdo con reparación del daño en La Plata. El Tribunal debe homologarlo.
La causa por la presunta maniobra de corrupción privada que sacudió a la Justicia penal de La Plata en torno a la venta irregular de lotes en Costa del Este entró en su tramo final con un acuerdo de partes que contempla la reparación del daño a la víctima.
El entendimiento, impulsado por el fiscal de juicio, fue aceptado por el particular damnificado y ahora solo resta la homologación del Tribunal Oral Criminal II para cerrar definitivamente el expediente.
La medida responde a la suba del gasoil y la caída de pasajeros. Afectará a líneas de micros en La Plata y el AMBA y no descartan que otras compañías se sumen.
Un nene de 11 años fue rescatado en La Plata tras ser hallado encerrado en una jaula de madera. Su padre fue detenido y la Justicia investiga el caso.
Se trata de un caso que durante años fue considerado uno de los más resonantes en materia de delitos económicos en la provincia de Buenos Aires, no solo por la complejidad de la maniobra sino también por la participación de profesionales -abogados y un contador- entre los imputados.
Los acusados en la causa son Hugo Marcos Manes, Juan Hugo Jofre, Viviana Marcela Noguerol (abogada), Jorge Gustavo Salim (abogado), Miguel Ángel Cravero, Natalia Carolina Salov (abogada), Ricardo Miguel Mutti y Gabriel Ernesto Mancovsky (contador público). Todos estuvieron en la audiencia desarrollada en La Plata, la mayoría de manera presencial, otros vía telemática.
El origen del caso se remonta a un conflicto civil que se extendió durante aproximadamente 25 años y que dejó virtualmente inmovilizada a una sociedad vinculada al desarrollo de lotes en Costa del Este. Esa firma había quedado alcanzada por una medida cautelar que impedía vender los terrenos debido a un litigio originado durante el proceso de loteo, en el que intervino un agrimensor y derivó en una disputa judicial de larga duración.
Durante ese tiempo, la sociedad -conocida como "El Camino"- no podía disponer de sus activos. Sin embargo, según la hipótesis fiscal, en la antesala del levantamiento de esa restricción comenzó a gestarse la maniobra que dio origen a la causa penal.
La investigación determinó que, anticipándose al final del juicio civil, los acusados habrían decidido intervenir sobre la estructura formal de la sociedad para tomar el control de hecho de su operatoria.
De acuerdo con la acusación, el primer paso fue la presentación de documentación presuntamente falsa ante la Inspección General de Justicia (IGJ) para modificar el domicilio legal de la sociedad y designar nuevas autoridades.
Con ese cambio formal, los imputados habrían obtenido una apariencia de legitimidad que les permitió avanzar hacia la segunda etapa del plan: la confección de poderes en una escribanía, también considerados apócrifos por la fiscalía.
Esos instrumentos fueron la base para iniciar la comercialización de los lotes, pese a que la sociedad original aún atravesaba las secuelas del litigio civil. La causa describe que, con esos poderes, los acusados comenzaron a ofrecer terrenos a terceros, generando operaciones que luego quedaron bajo sospecha.
Uno de los elementos que reforzó la hipótesis de una asociación ilícita fue la distribución de roles dentro del grupo. Según la investigación, cada imputado tenía una función específica en la operatoria, desde la confección de documentación hasta la intervención en las transacciones.
Incluso, se detectaron mecanismos de retribución interna: algunos participantes habrían recibido lotes como forma de pago por su intervención en la maniobra.
Entre los nombres que aparecen en el expediente se encuentra el del abogado Jorge Gustavo Salim, quien -según la reconstrucción del caso- habría sido uno de los beneficiarios de terrenos en ese contexto. También figuran las abogadas Viviana Marcela Noguerol y Natalia Carolina Salov, así como el contador Gabriel Ernesto Mancovsky, cuyo rol habría estado vinculado a aspectos técnicos de la operatoria.
El plan de los acusados incluía avanzar hacia la escrituración definitiva de los lotes una vez que se levantara la medida cautelar en el fuero civil. Ese escenario, de hecho, comenzó a materializarse cuando la restricción fue dejada sin efecto.
Sin embargo, la maniobra fue detectada a tiempo por los representantes legítimos de la sociedad original, quienes se presentaron ante la Justicia y radicaron la denuncia penal. Esa intervención permitió frenar el avance de las operaciones antes de que se consolidaran las transferencias de dominio.
A partir de allí, la fiscal Victoria Huergo, al frente de la ex Unidad Fiscal de Delitos Complejos de La Plata, llevó adelante la investigación que reunió prueba documental, registros notariales y evidencias de las operaciones realizadas.
Con esos elementos, la causa avanzó hasta su elevación a juicio oral con una batería de imputaciones: asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público reiterada -con al menos 27 hechos-, estafas reiteradas -al menos 9-, tentativa de estafa y estafa indirecta en el IVA.
El expediente quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, donde incluso se llegó a fijar la audiencia preliminar prevista en el artículo 338 del Código Procesal Penal bonaerense, paso previo al inicio del debate.
La magnitud de los delitos y la cantidad de imputados posicionaron al caso como uno de los más relevantes en su tipo dentro del fuero penal platense.
Sin embargo, en esa instancia se produjo un giro clave: el Tribunal declaró de oficio la prescripción del delito de estafas, uno de los ejes centrales de la acusación.
Esa decisión modificó sustancialmente el escenario procesal y abrió la puerta a una negociación entre las partes. En ese contexto, el fiscal de juicio Martín Chiorazzi impulsó un acuerdo orientado a la reparación del daño, que finalmente fue aceptado por la víctima.
El entendimiento permitió evitar la realización del juicio oral y encaminar el cierre del expediente mediante una solución alternativa.
El abogado de la víctima, Daniel Onofri, destacó el resultado alcanzado y el rol del Ministerio Público Fiscal en la resolución del conflicto.
"Entiendo que hubo una gran labor del Fiscal a cargo y ello nos permitió llegar a una justa reparación del daño causado a nuestro cliente. Esperamos ahora la homologación del acuerdo alcanzado", sostuvo en diálogo con 0221.com.ar.
Onofri es una figura conocida en La Plata, no solo por su actividad profesional sino también por su paso como presidente del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, lo que le otorga un perfil público destacado.
Ahora, la última palabra la tendrá el Tribunal Oral Criminal II, que deberá definir si homologa el acuerdo y pone punto final a una causa que, durante años, combinó elementos de fraude inmobiliario, falsificación documental y delitos económicos, con un dato saliente: la participación activa de profesionales en una maniobra que, según la acusación, buscó aprovechar los resquicios de una sociedad paralizada para obtener beneficios ilegales.