El fiscal retiró la acusación al considerar que el policía de La Plata actuó en legítima defensa durante un asalto en su comercio, donde estaba con su familia.
El policía de La Plata Emiliano Ávila fue absuelto en el juicio oral en el que llegó acusado por homicidio agravado, tras haber matado a un ladrón que intentó asaltarlo en su comercio de San Carlos. La decisión judicial se produjo luego de que el fiscal de juicio retirara la acusación al entender que el accionar del imputado estuvo amparado por la legítima defensa.
El caso se remonta al 12 de octubre de 2018, cuando cerca de las 21 un joven ingresó a robar al maxikiosco que el efectivo atendía en 143 entre 50 y 52. En ese momento, Ávila -vestido de civil- se encontraba junto a su pareja y el hijo de ambos, de apenas 4 años.
Según la reconstrucción del hecho ventilada en el debate oral, el asaltante, identificado como Eduardo Marchán, de 28 años, exigió dinero y habría llegado a apuntar con un arma al niño. La secuencia derivó en un desenlace fatal cuando el policía decidió intervenir con su arma reglamentaria.
De acuerdo a la versión que sostuvo el imputado desde el inicio del proceso, Marchán escapó del comercio tras el intento de robo. Fue entonces cuando Ávila lo siguió hasta la vereda y, luego de darle la voz de alto, efectuó los disparos al advertir que el sospechoso intentaba extraer un arma.
La autopsia incorporada al expediente resultó un elemento clave: descartó que los disparos se hayan efectuado por la espalda, un dato que fortaleció la hipótesis defensiva. A esto se sumaron los testimonios de varios efectivos policiales que declararon durante el juicio y respaldaron la secuencia relatada por el acusado.
En paralelo, la investigación permitió reconstruir el perfil del fallecido. Marchán estaba desocupado y había recuperado la libertad apenas tres meses antes del hecho, tras cumplir una condena previa. Su cuerpo fue reconocido por su madre, quien declaró ante los investigadores luego de dos días sin noticias de su hijo.
La causa se inició en la UFI N° 15 de La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien en la etapa de instrucción imputó al policía por homicidio agravado, poniendo bajo análisis los límites del uso de la fuerza y la posible aplicación de la legítima defensa. El acusado permaneció en libertad.
El desarrollo del juicio oral marcó un punto de inflexión en el expediente. Con la prueba ya producida -especialmente los peritajes balísticos, la autopsia y las declaraciones testimoniales- el fiscal de juicio concluyó que no existían elementos suficientes para sostener la acusación.
En ese contexto, resolvió retirar el cargo contra Ávila. La decisión se apoyó en el principio de objetividad que rige la actuación del Ministerio Público Fiscal, que no sólo obliga a acusar cuando hay pruebas, sino también a desistir cuando estas resultan insuficientes o favorecen al imputado.
Fuentes judiciales explicaron que el fiscal entendió que el policía actuó en un contexto claro de legítima defensa, al repeler una agresión ilegítima, actual y con peligro para terceros, en este caso su familia. Este punto es clave desde lo jurídico: una vez que la acusación es retirada, el tribunal queda sin impulso para dictar una condena.
Frente a este escenario, los jueces no tuvieron otra alternativa legal que dictar la absolución del imputado. Así lo establece el sistema procesal penal: sin acusación fiscal, no puede haber condena.
El fallo puso fin a un proceso que, desde sus inicios, generó debate en torno al uso de armas por parte de efectivos policiales fuera de servicio y los alcances de la legítima defensa en contextos de inseguridad. Para la defensa de Ávila, el veredicto confirmó lo que sostuvieron desde el primer momento: que el policía actuó para proteger su vida y la de su familia frente a un ataque violento.
En tanto, el caso también vuelve a poner en agenda una discusión recurrente en el ámbito judicial y social: el delicado equilibrio entre el derecho a la defensa propia y los límites del uso letal de la fuerza.
Con la absolución ya firme, el expediente queda cerrado, consolidando la interpretación de que el hecho se encuadró dentro de los parámetros legales de la legítima defensa.
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