La hija, ya mayor de edad, declaró que su madre la obligó a mentir. La fiscal desistió de acusar en el juicio. Ahora investigan a la madre por falso testimonio.
El silencio de un tribunal suele ser la antesala de un destino que se define. En el Tribunal Oral en lo Criminal V de La Plata, ese silencio se quebró con una resolución que no solo cierra un capítulo doloroso, sino que desata otro.
Luis Ángel Godoy, ingeniero de 41 años, fue absuelto de los cargos de abuso sexual agravado por el vínculo que pesaban sobre él desde 2018. La acusación, que sostenía que había agredido a su propia hija cuando ella tenía entre 7 y 10 años, se desmoronó ante la contundente y madura verdad de la única testigo que podía refutarla: la propia víctima denunciada, hoy mayor de edad.
El sistema penal argentino registra un incremento significativo en denuncias por abuso sexual infantil, especialmente en conflictos familiares.
El fallo, firmado por la jueza Carmen Palacios Arias, no deja lugar a dudas. Tras escuchar el relato de la joven, la fiscal de Juicio Viviana Arturi, realizó un “pormenorizado análisis de la prueba” y concluyó que no había sustento para continuar.
En un movimiento legal poco frecuente, aplicó el artículo 368 del Código Procesal Penal y desistió de formular acusación. La magistrada, “compartiendo en su totalidad” el fundamento de la fiscal, dictó la absolución "libre" de Godoy, ordenó cesar cualquier medida que pesara sobre él y dispuso el decomiso de los elementos secuestrados.
¿Qué pudo torcer el curso de un proceso judicial de casi una década? La clave estuvo en el juicio oral. Allí, la joven, hoy mayor de edad, subió al estrado y ofreció una versión diametralmente opuesta a la que había sostenido la causa durante años. Con valentía, narró una trama de coerción y manipulación. Explicó que todo había sido un invento de su madre, Noelia Rocío Martínez Galeano, gestado en el contexto de una separación conflictiva y llevado adelante bajo amenazas.
Durante años, la presión familiar la había obligado a sostener una mentira que envenenó la relación con su padre y la sometió a un estrés psicológico inmenso. Su declaración no fue solo una recusación del hecho denunciado, sino la exposición de un mecanismo de victimización secundaria, donde ella, utilizada como instrumento de venganza, fue también una víctima. Este testimonio, considerado creíble y crucial por la fiscalía y el tribunal, dejó sin piso la acusación y reveló el origen espurio de la denuncia.
La decisión judicial no se limitó a lavar el nombre de Godoy. En un giro que subraya la gravedad del engaño, la jueza Palacios Arias accedió al pedido de la fiscal Arturi y ordenó “la formación de causa” para investigar a la madre, Noelia Martínez Galeano, por la “posible comisión del delito de acción pública por falso testimonio agravado”. La maquinaria de la justicia, que durante siete años apuntó al padre, ahora gira su atención hacia quien habría puesto en movimiento esa rueda con una mentira.
El fallo también reconoció la labor de los defensores particulares que acompañaron a Godoy durante este calvario legal, los abogados Juan Gabriel Mendy y José María Villada. Para el acusado, la absolución llega tras un periplo que incluyó el estigma social, la carga emocional y las restricciones propias de un proceso penal. Su historia se suma a los casos que exponen el lado destructivo de las falsas denuncias, un fenómeno que, si bien no invalida la importancia de creer y proteger a las víctimas reales, pone en evidencia cómo el sistema puede ser manipulado para fines ajenos a la justicia.
Este veredicto absolutorio reabre un debate complejo y necesario. Los especialistas señalan que las denuncias falsas, aunque estadísticamente minoritarias, generan un daño profundo y multidimensional. Destruyen reputaciones, fracturan familias de manera irreparable, consumen recursos públicos escasos del Poder Judicial y, en un efecto perverso, pueden generar escepticismo social que perjudique a las víctimas genuinas que necesitan ser escuchadas.
El caso Godoy es un ejemplo extremo de cómo un conflicto familiar puede judicializarse de la peor manera, usando a un hijo como arma. La justicia, en este caso, corrigió su rumbo gracias a la prueba testimonial clave. Sin embargo, la sentencia deja una pregunta flotando: ¿cómo prevenir que historias como esta se repitan? El equilibrio entre la protección irrestricta de los menores y la garantía del debido proceso para los acusados sigue siendo uno de los mayores desafíos para el sistema penal en casos de tal sensibilidad. La investigación por falso testimonio será ahora la prueba de fuego para que la justicia no solo repare, sino que también sancione el abuso de su propia institución.