Este medio accedió a la batería de pedidos impulsados por la defensa de la magistrada. Tres documentos que buscan cambiar el escenario en La Plata.
En los pasillos del Senado bonaerense se respira tensión. Este martes, el jurado de enjuiciamiento decidirá si avanza el proceso contra la jueza Julieta Makintach, apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona. Lo que está en juego no es solo su futuro en la magistratura, sino que también se dirime la validez de un procedimiento cargado de presuntas irregularidades que su defensa viene denunciando desde hace semanas.
El abogado patrocinante de la magistrada, Darío Saldaño, desplegó una estrategia jurídica que combina recusaciones, pedidos de suspensión, ampliación de imputaciones y hasta la reserva expresa del caso federal. La línea de defensa se centra en un argumento central: el proceso estaría viciado desde su origen y carece de las garantías básicas que exige la Constitución.
El primer frente abierto por la defensa se enfoca en la conformación del jurado de enjuiciamiento. Tras la renuncia de la senadora Lorena Mandagarán como integrante titular, Makintach pidió la suspensión inmediata de la convocatoria prevista para este martes. Según el escrito presentado, la integración quedó desbalanceada porque no se respetó lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la Ley 13.661, que establecen el mecanismo de designación y sorteo de suplentes.
El planteo no es menor. Saldaño argumenta que la omisión de completar la nómina rompe la cadena de legalidad y genera un perjuicio irreparable: el tribunal que debería decidir sobre la admisibilidad de la acusación estaría conformado de manera irregular. En términos jurídicos, esto vulnera la garantía del “juez natural” y abre la puerta a un pedido de nulidad absoluta e insanable.
La defensa puso el foco en la publicidad del sorteo, la posibilidad de control por parte de las partes y la igualdad de armas frente a la acusación. "Si el sorteo se realiza sin conocimiento de la defensa o sin cumplir los plazos de notificación, se rompe la igualdad procesal y se instala la sospecha de parcialidad", advierte el escrito. La conclusión fue categórica: el proceso no puede avanzar hasta tanto no se regularice la integración del jurado.
El segundo eje de la estrategia apunta contra la selectividad de la acusación. Para Makintach, el proceso es parcial porque se dirige únicamente contra ella, mientras que los otros dos jueces que integraban el Tribunal Oral N°3 de San Isidro —Maximiliano Savarino y Verónica Mara Di Tomasso— permanecen al margen.
En la presentación se señala que existen evidencias de que ambos magistrados tuvieron conocimiento de las grabaciones del documental "Justicia Divina" y no hicieron la denuncia correspondiente. Esa omisión, sostiene la defensa, los coloca en una posición activa de participación y ameritaría que también sean sometidos a investigación. "Convocar a juicio político solo contra la Dra. Makintach, sin antes integrar a los Dres. Savarino y Di Tomasso como imputados en sede penal, vulnera la garantía de imparcialidad objetiva y subjetiva, genera un juicio aparente y no un verdadero proceso de responsabilidad", advirtió la defensa.
El planteo fue acompañado por la mención a un expediente penal en trámite en San Isidro (IPP 14-00-003388-25), donde se analiza la conducta de los tres magistrados. Según el escrito, la exclusión de sus colegas genera un trato irrazonable y desigual, contrario a los principios de legalidad y debido proceso consagrados por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos.
El tercer pilar de la estrategia se centra en la recusación de la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, quien además encabeza el jurado de enjuiciamiento. Para Makintach, perdió imparcialidad tras emitir la Resolución SC 1.376/25, donde —según la defensa— anticipó opinión sobre su conducta.
En ese documento, la Corte había señalado que la jueza habría tenido una participación en un film o video y que esa conducta aparecía "alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor judicial". Para la defensa, esas expresiones constituyen un prejuzgamiento explícito, incompatible con la presunción de inocencia que rige hasta la existencia de una sentencia firme.
Además, la recusación remarcó que Kogan había otorgado una licencia compulsiva a la magistrada, excediendo sus facultades legales, lo que la defensa interpreta como un indicio más de parcialidad. El escrito cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la importancia de la apariencia de imparcialidad: "Incluso la sospecha de falta de neutralidad basta para viciar el proceso", advirtió Saldaño.
Todos los planteos presentados por Makintach cierran con la misma fórmula: la reserva del caso federal. Esto significa que, en caso de que sus pedidos sean rechazados, la jueza podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para denunciar la violación de derechos constitucionales y convencionales, en particular el derecho al juez natural, la igualdad ante la ley y el debido proceso.
La estrategia, así, se configura como un escudo procesal de múltiples capas: nulidad por irregularidades en la integración del jurado, suspensión por imputación selectiva, recusación de la máxima autoridad del tribunal y, en última instancia, la posibilidad de trasladar la discusión a la órbita federal.
Mientras los abogados discuten en los escritos, la tensión política y mediática se concentra en el Salón Dorado de la Cámara alta bonaerense en La Plata. Allí, los miembros del jurado deberán resolver si admiten la acusación y abren el juicio político o si hacen lugar a alguno de los planteos de la defensa y suspenden el proceso.
El resultado es incierto, pero la estrategia desplegada por Makintach deja en claro que, lejos de resignarse, decidió dar pelea en todos los frentes. Su apuesta es instalar la idea de que el proceso es parcial, apresurado y carente de garantías mínimas. Un mensaje dirigido no solo a los jurados que deben votar hoy, sino también a los tribunales superiores que eventualmente revisarán la legalidad del procedimiento.
Redes Sociales