Terminó la etapa de prueba en el juicio oral que se lleva a cabo en el fuero Penal de La Plata. Las defensas sostienen la inocencia de ambos acusados.
Llegó la hora de los alegatos en el debate oral mediante el mecanismo de juicio por jurado ciudadano que se desarrolla en el fuero Penal de La Plata por el crimen de Rodrigo Alejandro Cantero (17) asesinado de un disparo en la cabeza en la localidad de Altos de San Lorenzo a fines de marzo de 2018.
Con la declaración de los últimos testigos de la defensa finalizó este sábado al mediodía la etapa probatoria y las partes (acusación y defensas) realizarán por la tarde sus exposiciones ante el jurado de doce ciudadanos titulares y los seis suplentes. Ninguno de ellos es o son abogados.
Uno de los acusados es Ariel Martínez, quien es defendido por el letrado Ricardo Callaba y su colega Brenda Haile. El otro es Nahuel Miño asistido en la defensa por el equipo jurídico que integran Solange Barnetche, Daniela Blanco, Alejandra Demaría e Ignacio Fernández Camillo.
Durante el debate hubo testimonios contradictorios. La mayoría parecen haber desincriminado a Martínez. Pero en un careo uno de los que acusó a Miño señaló que fue amenazado por dos hermanos de la víctima para que lo involucre.
En rigor no existió en el juicio un testigo directo que señale a los acusados de manera certera. Durante la investigación dieron una versión y en el juicio no la sostuvieron con contundencia. Adujeron falta de memoria y miedo a represalias.
La víctima fue asesinada de un disparo en la cabeza. No hay ninguna arma secuestrada. La pericia balística señala que el proyectil analizado es compatible con un revólver, pero los testigos señalaron que fue con una pistola. También hubo versiones que fueron varios disparos, pero en la escena del crimen no se recolectó ninguna vaina.
La defensa de Miño hace foco en una instrucción “deficiente” y en las contradicciones de testigos, por ese motivo sobre el final de su alegato solicitará el proceso por “falso testimonio” a varias personas que declararon en el debate.
Por su lado la defensa de Martínez aportó el audio de un testigo presencial quien aseguró que el acusado no estuvo en el hecho. Tampoco mencionó con sus palabras a Miño como el autor del disparo.
Este juicio oral tenía fecha de debate para 2023. Por un problema de agenda se reprogramó para 2026, pero la defensa de Martínez hizo una serie de planteos y logró adelantar el debate ya que de haberse mantenido la fecha los acusados iban a llegar a juicio con más de ocho años en prisión preventiva.
"Martínez es ajeno al crimen, estamos seguro de su inocencia ", reiteró el defensor Callaba a 0221.com.ar.
Por su parte desde la defensa de Miño señalaron que “quienes van a juicio, pese a las gravísimas deficiencias en la investigación, llevan casi seis años privados de su libertad, algo a todas luces que vulnera sus derechos y tiene como único objetivo una condena sin juicio”.
Antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus los casos tardaban no menos de 3 años en llegar a juicio oral, ese era el tiempo mínimo. Luego de casi 2 años de una fuerte reducción del volumen de gestión a causa de la pandemia las agendas de la magistratura volvieron a agravarse en relación a las demoras en llegar a un veredicto y eventual sentencia de primera instancia. Las causas son múltiples, pero se pueden enumerar como urgentes a solucionar la designación de magistrados (jueces, fiscales, defensores) en cargos vacantes por jubilación, la creación de nuevos tribunales orales. Esta tarea corresponde a los poderes Ejecutivos y Legislativo de la provincia de Buenos Aires.
La dirección del juicio por jurados está a cargo de la jueza Carmen Palacios Arias del Tribunal Oral Criminal V de La Plata. La acusación está en manos de las fiscales Helena De La Cruz y Leila Aguilar.
Ambos acusados están procesados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Pero la fiscal De La Cruz adelantó que sostendrá esa acusación solamente para Miño, mientras que para Martínez solicitará una condena como partícipe secundario del caso.
Todo este entramado deberá ser resuelto por el jurado popular. En caso de un veredicto no condenatorio el caso se cerrará y las fiscales no podrán apelar, pero, por el contrario, si el veredicto es condenatorio, las defensas podrán recurrir la resolución ante el Tribunal de Casación Penal bonaerense.
En caso de condena, la jueza dispondrá la fecha de cesura del juicio, donde las fiscales solicitará la pena en base a las atenuantes y agravantes del caso.
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