Nicolás Ángel Castro, acusado por el femicidio de Jesica Duarte, presenta una inesperada recuperación y podría declarar en los próximos días.
El caso por el femicidio de Yésica Noelia Duarte, ocurrido el último fin de semana en Berisso, dio un giro procesal en las últimas horas y Nicolás Ángel Castro, conocido como Garrincha y acusado de asesinarla; podrá ser indagado tras presentar mejoras significativas en su estado de salud, pese a haber recibido un disparo en la cabeza.
Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, la fiscal Cecilia Corfield ya se encuentra preparando el terreno para indagarlo en los próximos días, siempre y cuando su evolución no sufra retrocesos.
Castro permanece internado en el Hospital Mario Larrain, pero sus médicos reportaron que su cuadro dejó de ser crítico e indicaron que se encuentra con signos vitales estables y consciente por momentos. "Es probable que la indagatoria se concrete esta misma semana, si los informes médicos lo avalan", precisó una fuente cercana a la investigación en diálogo con 0221.com.ar.
El acusado tiene un extenso historial delictivo que vuelve su caso particularmente resonante: fue imputado por el homicidio de Pablo Alegre en 2013 —juicio programado recién para 2026— y por un intento de homicidio en 2018. Además, al momento del crimen estaba cumpliendo arresto domiciliario por tenencia ilegal de arma de fuego, medida otorgada por el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 de La Plata pese a la oposición del fiscal de juicio.
En el marco de la causa que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, la fiscal Corfield ya incorporó una prueba clave: el arma homicida fue secuestrada durante un allanamiento posterior al crimen. Se trata de un elemento que, sumado a las pericias balísticas y al relevamiento de la escena, fortalece la hipótesis de la acusación.
Los investigadores mantienen como línea principal que Castro disparó contra Duarte en el patio delantero de la vivienda ubicada en 39 entre 129 y 130 y luego intentó quitarse la vida. Sin embargo, también evalúan otras posibilidades, entre ellas la intervención de una tercera persona, aunque esa pista se considera menos probable.
El prontuario de Castro vuelve a encender el debate sobre las decisiones judiciales que permitieron su libertad. En 2013 fue señalado por testigos como el autor de los disparos que mataron a Alegre, un joven de 17 años, en un ataque desde un Peugeot 307. Aquel expediente detalló que, un año antes, el mismo acusado había atacado a tiros a la víctima, hiriendo a su novia y a su hermano. Pese a ese historial, nunca cumplió prisión efectiva por el caso.
En 2018 sumó otro expediente por tentativa de homicidio. Esa causa, que ahora la fiscalía revisa, había quedado relegada en el tiempo, pero será incorporada como antecedente relevante en el actual proceso.
Uno de los puntos más polémicos del caso es que tanto Duarte como Castro portaban tobilleras electrónicas y cumplían prisión domiciliaria en la misma vivienda. La casa había sido fijada ante la Justicia como residencia de ambos para cumplir con las medidas restrictivas, una decisión que hoy genera fuertes cuestionamientos sobre la evaluación de riesgo realizada por el sistema judicial y penitenciario.
El control a través de dispositivos electrónicos no evitó que ambos convivieran sin supervisión efectiva. Según trascendió, no había alertas activas por incumplimiento de perímetros o violación de medidas cautelares antes del crimen. Esto refuerza las críticas sobre las falencias del monitoreo y la falta de articulación entre los organismos responsables.
La medida de arresto domiciliario para Castro había sido concedida por un juez del TOC N°1, pese a la oposición del fiscal, que había advertido sobre sus antecedentes por homicidios y tentativas. "Era un riesgo evidente", dijo a este medio un funcionario judicial que sigue el caso.
Ahora, con la recuperación parcial del acusado, la fiscal Corfield se prepara para avanzar con la primera declaración de Castro, un paso procesal que podría definir la dirección de la causa. La indagatoria le permitirá al imputado ejercer su derecho de defensa, guardar silencio o dar su versión de los hechos.
Fuentes del caso confirmaron que, para habilitar el acto, se requerirá un informe médico actualizado que certifique que está en condiciones físicas y neurológicas para afrontar la audiencia.
Mientras tanto, la fiscalía avanza en la reconstrucción de las horas previas al crimen, relevando datos e información. El objetivo es cerrar el cuadro probatorio de manera contundente para poner a Castro tras las rejas por una larga estadía. La pena en expectativa es de prisión perpetua.
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