Antonio La Scaleia fue el hombre fuerte de IOMA en la gestión de Daniel Scioli. Acumula denuncias, una offshore en Panamá y millonarios procesamientos.
Antonio La Scaleia supo ser uno de los funcionarios más influyentes del sistema de salud bonaerense. Durante años manejó la caja multimillonaria del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la cobertura obligatoria de más de dos millones de afiliados entre empleados públicos, docentes, policías y municipales.
Hoy, más de una década después de su desembarco en el organismo, su nombre aparece reiteradamente en expedientes judiciales que lo ubican en el centro de una trama de presunta corrupción estructural que investiga la Justicia penal de La Plata.
La causa por corrupción en IOMA durante la gobernación de Daniel Scioli fue elevada a juicio oral. La fiscal Viviana Arturi a cargo.
La causa por desvío de fondos en IOMA llega a instancia decisiva con 34 imputados. Planteos de prescripción y una trama de fraude millonario.
Su figura quedó definitivamente bajo la lupa tras la acumulación de denuncias por maniobras que habrían provocado un perjuicio millonario al Estado bonaerense, su aparición en documentos vinculados a sociedades offshore en Panamá y su procesamiento en causas por fraude y asociación ilícita.
Todo en un contexto donde la megacausa IOMA -una de las más voluminosas y sensibles del fuero penal platense- sigue generando derivaciones judiciales.
La Scaleia fue presidente de IOMA entre 2010 y el final de la gestión de Daniel Scioli. Desde ese lugar, administró una de las cajas más relevantes del Estado provincial, con un presupuesto multimillonario y una red compleja de prestadores, clínicas, farmacias y proveedores.
Su paso por el organismo coincidió con años de fuerte expansión del sistema, pero también con el inicio de múltiples denuncias por irregularidades en la contratación de servicios, sobrefacturación y desvío de fondos. Varias de esas presentaciones fueron impulsadas por afiliados, asociaciones profesionales y sindicatos internos, como el SUPTTIOMA, que advirtieron sobre presuntos "desmanejos" en la obra social.
La estructura que comandaba La Scaleia tenía un fuerte vínculo con el sector privado de la salud, especialmente con empresas prestadoras de servicios médicos domiciliarios y provisión de medicamentos. Ese entramado es, precisamente, uno de los ejes de las investigaciones judiciales que lo tienen como protagonista.
A los cuestionamientos por su gestión pública se sumó en los últimos años un nuevo frente de investigación: su participación en una empresa offshore radicada en Panamá.
Según surge de documentos filtrados en el marco de los Panama Papers, La Scaleia figura como accionista de la firma IT Invest Group Technologies S.A.. La información proviene de correos internos del estudio jurídico Mossack Fonseca, analizados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y publicados en la Argentina.
De acuerdo a esos registros, el exfuncionario ingresó como accionista en abril de 2014, cuando aún tenía influencia política en la estructura del IOMA. En la misma operación también adquirió acciones quien fuera su segundo en el organismo, Daniel Burgos. Ambos compraron títulos por 35 mil dólares cada uno.
La sociedad había sido creada en 2012 con el objetivo de comercializar publicidad digital y desarrollar productos tecnológicos, entre ellos una aplicación vinculada al fútbol llamada Friendball. Sin embargo, según se desprende de la investigación, la offshore también permitía sortear restricciones cambiarias y comerciales vigentes en la Argentina en ese momento.
Un dato clave que investigó la Justicia es la coincidencia de La Scaleia y Burgos en esa empresa con empresarios que eran proveedores del propio IOMA: Gustavo Baldachis y Ricardo Adrián Bianchimano, vinculados a firmas de atención médica domiciliaria. Este entrecruzamiento entre función pública y negocios privados es uno de los puntos más sensibles de las causas en curso.
En paralelo, la Justicia penal de La Plata avanzó con medidas concretas contra el exfuncionario. En una de las causas más relevantes, se dictó la inhibición general de bienes de La Scaleia y otros diez exdirectivos del IOMA, procesados por los delitos de fraude y asociación ilícita.
Según la imputación, habrían generado un perjuicio al Estado provincial de al menos 650 millones de pesos mediante maniobras vinculadas a internaciones domiciliarias, un área históricamente cuestionada dentro del sistema de la obra social.
Las investigaciones sostienen que durante su gestión se habría consolidado un esquema en el que clínicas y prestadores facturaban servicios inexistentes o inflados, generando un drenaje constante de recursos públicos. Este modelo, según las denuncias, habría dejado al IOMA en una situación financiera crítica, con dificultades para cubrir prestaciones básicas a sus afiliados.
Lejos de la función pública, La Scaleia volvió a aparecer en escena en mayo de 2021, cuando fue designado director de la Clínica Constituyentes de Morón. Su nombramiento generó controversia inmediata, no solo por su historial judicial sino también por el contexto de conflicto laboral en el establecimiento.
La clínica atravesaba una crisis profunda, con atrasos salariales, protestas de trabajadores y un proceso de tercerización de la gestión. En ese marco, su llegada fue interpretada por sectores sindicales como una continuidad de las prácticas que denunciaban en su paso por el IOMA.
El conflicto expuso, además, las tensiones estructurales del sistema de salud privado en la provincia, agravadas por el impacto de la pandemia y el cierre de múltiples centros médicos.
Hoy, Antonio La Scaleia encarna para la Justicia y para buena parte de la opinión pública un símbolo de las irregularidades que se investigan en el sistema de salud bonaerense durante la década pasada.
Con más de una veintena de denuncias en su contra, procesamientos firmes, una offshore en el exterior y vínculos con empresarios del sector, su situación judicial sigue abierta y condicionada por el avance de causas complejas y de larga duración.
En La Plata, donde se tramitan los expedientes más importantes, su nombre sigue apareciendo como una pieza clave para entender cómo funcionaron -y en qué medida aún persisten- los mecanismos de presunto desvío de fondos en una de las instituciones más sensibles del Estado provincial.