La causa por desvío de fondos en IOMA llega a instancia decisiva con 34 imputados. Planteos de prescripción y una trama de fraude millonario.
La megacausa por el presunto desvío de fondos del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) mediante la compra irregular de medicamentos oncológicos dio un nuevo paso en el fuero Penal de La Plata, donde se desarrolló la audiencia preparatoria de juicio oral para 34 imputados.
El expediente, que lleva más de una década de trámite, vuelve a colocarse en el centro de la escena judicial con discusiones clave sobre la prescripción, la reparación económica y la eventual realización de un juicio abreviado.
La Justicia definió sobreseimientos en la causa IOMA iniciada por Elisa Carrió. Entre los beneficiados figuran exfuncionarios y directivos.
La causa por corrupción en IOMA durante la gobernación de Daniel Scioli fue elevada a juicio oral. La fiscal Viviana Arturi a cargo.
En el banquillo se sientan exfuncionarios públicos, auditores, empleados de la obra social y farmacéuticos, en una causa que en su momento tuvo un fuerte impacto en la opinión pública por la gravedad de los hechos investigados: la presunta falsificación de tratamientos oncológicos y la sobrefacturación de medicamentos destinados a pacientes con enfermedades graves.
El bloque acusatorio estuvo representado por la fiscal Victoria Huergo y por el abogado Martín Lasarte, en representación de la Fiscalía de Estado de la provincia de Buenos Aires, organismo conducido por el letrado radical Hernán Gómez. Durante la audiencia, la acusación formuló una propuesta concreta: avanzar con juicios abreviados, lo que implicaría que los imputados acepten los cargos, acuerden penas de cumplimiento condicional y abonen un resarcimiento económico a la obra social por el daño patrimonial causado.
La respuesta de las defensas fue uniforme: rechazo a la propuesta y planteo de prescripción de la acción penal. El argumento central giró en torno al denominado "plazo razonable", al sostener que los acusados llevan 12 años sometidos a proceso, con varios de ellos que incluso atravesaron períodos de detención en cárceles comunes o bajo arresto domiciliario.
El planteo fue impulsado por los abogados Flavio Gliemmo y Marcelo Botindari, y encontró adhesión en la totalidad de los defensores, en una estrategia común frente a un expediente que se extendió durante más de una década sin resolución definitiva.
En ese contexto, el abogado Fabián Améndola sumó críticas de fondo al proceso. Sostuvo que en la causa se produjo una "inversión de la carga probatoria sin precedentes" y remarcó una ausencia que considera determinante: la falta de una pericia contable que establezca con precisión el daño patrimonial ocasionado al Estado.
Sobre esa base, Améndola propuso una salida provocadora: que su asistido, Marcelo Piergiácomi —uno de los imputados con vínculos con el club Estudiantes de La Plata—, abone un peso como resarcimiento. "Pasaron nueve años de la primera citación a juicio, está todo prescripto", insistió.
Desde la acusación, la fiscal Huergo rechazó estos planteos y defendió la vigencia del proceso. Recordó que la ley de ética pública no distingue entre empleados y funcionarios y subrayó que IOMA integra la administración pública, por lo que los hechos investigados tienen una gravedad institucional significativa.
En la misma línea, Lasarte cuestionó el argumento del plazo razonable al definirlo como un "concepto jurídico indeterminado", aunque dejó abierta una puerta de negociación al invitar a las defensas a realizar ofertas concretas de reparación económica.
La participación de la Fiscalía de Estado volvió a quedar bajo la lupa. Si bien el organismo se presenta como particular damnificado en la mayoría de las causas donde el Estado provincial sufre perjuicios económicos, su intervención suele ser, según coinciden fuentes judiciales, más formal que sustantiva.
De acuerdo con fiscales consultados en reiteradas oportunidades, la dependencia no suele producir prueba ni colaborar activamente en la investigación, limitándose a acompañar institucionalmente el trabajo del Ministerio Público Fiscal tanto en la instrucción como en la etapa de juicio.
En este expediente, sin embargo, la presencia de Lasarte fue activa en la audiencia, especialmente al momento de rechazar los planteos defensivos y sostener la necesidad de una reparación económica.
Las defensas, por su parte, están en manos de algunos de los estudios jurídicos más prestigiosos de La Plata, entre ellos Gliemmo-Irisarri, Beley-Strassera, César Albarracín, Brian Álvarez, Gascón-Molina y Pietra Sanz, en un proceso que combina alto perfil técnico con fuerte exposición pública.
La investigación reconstruyó una presunta organización integrada por funcionarios de IOMA, empresarios y farmacéuticos que habría defraudado a la obra social en más de dos millones de pesos mediante la falsificación de tratamientos y la sobrefacturación de medicamentos. El dólar costaba menos de 5 pesos en ese entonces.
Según la hipótesis acusatoria, la maniobra se habría desarrollado al menos desde 2007 y derivó en la detención de diez personas y en allanamientos a la sede central del organismo.
Entre los implicados aparecen tres agentes jerárquicos de IOMA: Sergio Leonardo Massaccesi, jefe del Departamento de Auditoría y Fiscalización Farmacéutica; Guillermo Hernández Plata, médico oncólogo auditor; y Marcelo Piergiácomi, subdirector del área Farmacia y Bioquímica. Todos ellos contaban con extensa trayectoria en el organismo y conocimiento profundo de su funcionamiento interno.
Para los investigadores, estos funcionarios eran piezas clave del engranaje fraudulento, ya que firmaban y avalaban expedientes adulterados a nombre de afiliados que, si bien estaban enfermos, nunca recibieron los tratamientos. Incluso, se detectaron casos en los que las drogas se expedían a nombre de personas fallecidas.
La estructura se completaba con empresarios vinculados a droguerías y responsables de farmacias de La Plata, además de visitadores médicos que habrían participado en la comercialización ilegal de los medicamentos.
Entre los detenidos en distintas etapas de la causa se encuentran Gustavo Enrique Ricetti; Marcelo Piergiácomi; Sergio Leonardo Massaccesi; Guillermo Hernández Plata —uno de los impulsores de la fallida Crotoxina como tratamiento contra el cáncer—; las farmacéuticas Marcela Alicia González y Andrea Fabiana Heintz; y los empresarios Luis Alberto Barreiro, Guillermo Ariel Heintz y Víctor Hugo Shama.
Todo comenzó con denuncias de afiliados a la obra social —de carácter obligatorio para empleados públicos, municipales, policías y docentes bonaerenses—, que alertaron sobre irregularidades en la provisión de medicamentos.
Las presentaciones, también impulsadas por la Asociación de Profesionales del IOMA, recayeron en la fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata, entonces a cargo del fiscal Jorge Paolini, quien reunió la base documental de la acusación.
La pesquisa permitió reconstruir el circuito de la maniobra. En primer lugar, los funcionarios habilitaban la entrega de medicamentos a afiliados incluidos en programas MEPES (medicamentos para patologías especiales), fármacos de alto costo que en ese momento oscilaban entre 4.000 y 16.000 pesos por dosis (entre 800 y 3.200 dólares).
Paolini habría detectado cerca de un centenar de autorizaciones irregulares. Una vez emitidas, las órdenes eran ejecutadas en al menos dos farmacias de La Plata, donde se entregaban los medicamentos a personas no autorizadas, violando los estrictos controles que rigen para este tipo de productos.
El circuito se completaba con la reventa en el mercado ilegal, a cargo de empresarios y visitadores médicos, generando así un lucro indebido a costa de fondos públicos destinados a tratamientos oncológicos.
Por estos hechos, la Justicia imputó a los acusados por "asociación ilícita y fraude reiterado contra la administración pública", delitos de gravedad que en su momento justificaron detenciones y medidas de coerción.
El expediente, que cuenta con decenas de escuchas telefónicas y cruces de llamadas que comprometen a los imputados, quedó radicado en el Tribunal Oral Criminal III de La Plata. La causa llegó allí luego de que el TOC V avalara algunos juicios abreviados y de la excusación de la jueza Carmen Palacios Arias, quien se apartó por ser afiliada a la obra social afectada.
La audiencia preparatoria se desarrolló en la sala mayor del fuero Penal platense, bajo la dirección del juez Andrés Vitali. Comenzó a las 10 de la mañana y finalizó a las 13:30, con un breve cuarto intermedio.
El clima fue tenso pero respetuoso. Las partes sostuvieron posturas firmes, en un contexto de fuerte densidad jurídica y emocional, aunque primó la cordialidad y la lealtad procesal.
Ahora, la expectativa está puesta en la resolución que deberá adoptar el tribunal: definir si el proceso avanza hacia el juicio oral, si se habilitan acuerdos abreviados o si prosperan los planteos de prescripción que podrían cerrar definitivamente una de las causas más sensibles en la historia reciente del sistema de salud bonaerense.