La presentación judicial de la senadora Juliana di Tullio y el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino considera "irrazonable e ilegal" la fuerte suba del transporte.
Recientemente, la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, y el Defensor del Pueblo de la Provincia, Guido Lorenzino, presentaron ante la Justicia un pedido de anulación de las tarifas de transporte en el AMBA, luego de que se dispusieran aumentos del 251% para micros y del 247% para trenes.
La presentación plantea que la resolución de la Secretaría de Transporte es "irrazonable e ilegal", que "no guarda relación con los salarios" y que "impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación". El pedido de anulación fue presentado el último viernes en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata en lo civil, comercial y contencioso administrativo.
Tras el aumento del transporte, creció el número de pasajeros que eligen el recorrido por Camino Centenario de Misión Buenos Aires por el menor costo.
Con el segundo incremento del boleto de micro en lo que va del año, los usuarios de La Plata recalculan para saber cuánto de su sueldo se va en el micro.
Tanto di Tullio como Lorenzino consideraron que la resolución publicada por el Gobierno para efectivizar las subas en el transporte público careció de los procedimientos esenciales en su elaboración, no proporcionó información clara y accesible a los usuarios del sistema y, además, no se llevó a cabo una audiencia pública.
En ese sentido, cuestionaron el hecho de que "la participación ciudadana se vio limitada a expresarse electrónicamente, siempre y cuando sus comentarios no excedieran los 5000 caracteres" y agregaron que "en la fecha de su realización, la audiencia estaba suspendida debido a una medida cautelar dictada el 24 de enero de 2024 por el Juzgado de Feria Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas De Zamora N°3".
La senadora nacional y el Defensor del Pueblo bonaerense hicieron hincapié en que el aumento de tarifas es "inmoral" debido a su impacto directo en los sectores más vulnerables de la sociedad y señalaron que "la obligación de registrar la tarjeta SUBE representa un mecanismo de control social que afecta la esfera de intimidad de estos mismos sectores, configurando una indebida injerencia del Estado".
A su vez, los impulsores de la presentación judicial explicaron que "ante cualquier aumento en las tarifas no se debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores y consumidoras" y completaron: "Es claro que los salarios no acompañaron el ritmo inflacionario, sobre todo teniendo en cuenta que el transporte tiene un carácter de servicio público esencial que es necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo, la educación y la salud".
Por último, denunciaron que la resolución que habilitó el incremento en micros y trenes fue emitida por un funcionario incompetente, ya que el Secretario de Transporte de la Nación no posee la facultad para aprobar e implementar tarifas.