En medio de la crisis económica que atraviesan, los colegios privados cuestionaron las tasas municipales y pidieron autorización para subir los aranceles.
La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) emitió un duro comunicado y advirtió que los colegios privados de la provincia atraviesan una situación de alerta impulsada por la crisis económica que vive el país y potenciada por el atraso en el valor de las cuotas y la presión tributaria.
La entidad, que incluye entre otras organizaciones a la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (AIEPBA), también se metió en fuerte debate por el impacto de las tasas municipales y sostuvo que algunas decisiones impositivas locales –como una reciente ordenanza en Pilar– podrían replicarse en otros municipios y profundizar la delicada situación económica de las instituciones educativas.
Las paritarias docentes se encaminan a buen puerto tras la suba escalonada y la compensación por la pérdida del FONID que ofertó la Provincia.
Reclaman autorización oficial para ajustar cuotas en colegios privados de Provincia de Buenos Aires y advierten por problemas financieros en instituciones.
El sistema de educación privada bonaerense alcanza casi el 30% de la cobertura educativa, contiene a más de 1,3 millones de alumnos y desde hace tiempo atraviesa un escenario de creciente incertidumbre. A las dificultades financieras que vienen arrastrando muchas instituciones –marcadas por el atraso en la actualización de cuotas, el aumento de costos y la caída de la matrícula– se suma ahora una nueva preocupación: la presión impositiva que comienzan a aplicar algunos distritos y que podrían extenderse a otros municipios, describen en AIEPA.
Uno de los casos que encendió la alarma en el sector es el de Pilar, donde el Concejo Deliberante local aprobó la Ordenanza N°112/25 que aumenta el 100% la tasa de seguridad e higiene y establece una contribución obligatoria de $7.500 mensuales por cada empleado de las PyMEs, categoría en la que también quedan encuadradas las escuelas privadas.
El secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita, explicó la medida podría provocar un fuerte impacto en las instituciones educativas, que suelen contar con planteles numerosos. "Una escuela privada es una PyME particular, porque no tiene cuatro o cinco empleados. En promedio tiene entre 60 y 120 personas trabajando como mínimo", señaló al respecto.
De acuerdo con los cálculos del sector, una institución de tamaño medio podría llegar a pagar entre $1,5 y $2 millones por mes en tasas municipales, lo que representaría más de $20 millones al año. "En el contexto actual es realmente inexplicable esta situación para nuestro sector. No se está teniendo en cuenta la realidad económica de las escuelas", sostuvo el representante empresarial, quien adelantó además que la entidad evalúa distintas medidas para que las autoridades municipales reconsideren la decisión.
El escenario se vuelve aún más complejo por la negociación paritaria docente en la provincia. Zurita explicó que el Gobierno bonaerense ofreció un incremento salarial del 9% en tres tramos, que se sumaría a los aumentos previos otorgados a fines del año pasado; y aunque los colegios no cuestionan las mejoras salariales, sí advierten que necesitan que se autorice una actualización equivalente en los aranceles para poder afrontar los pagos.
"Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grave, difícil de afrontar", explicó. En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 70% de los colegios privados reciben aporte estatal, lo que implica que los incrementos de cuotas deben ser autorizados por el Ejecutivo bonaerense para poder implementar subas de los aranceles.
Por último, el empresario también se refirió a los cierres de instituciones educativas privadas registrados en los últimos años, algunos de ellos en el conurbano y también en La Plata. Según indicó, se trata de un fenómeno que comenzó a notarse con mayor fuerza después de la pandemia y que responde a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula –con unos 300 mil alumnos menos en todo el sistema educativo en los últimos 4 años–, el atraso en los aranceles, el aumento de tarifas de servicios públicos y las dificultades económicas de muchas familias que como consecuencia hizo aumentar los porcentajes de morosidad.
"Hay escuelas que no cerraron pero cuya situación es crítica, están endeudadas o tomando créditos para poder pagar sueldos y cargas sociales", cerró.