El máximo tribunal bonaerense alertó por el impacto institucional de la falta de jueces y pidió medidas urgentes para garantizar el funcionamiento del sistema.
La crisis estructural del Poder Judicial bonaerense quedó expuesta sin rodeos en un acto institucional encabezado por Sergio Torres, titular de la Suprema Corte provincial, quien puso el foco en tres problemas centrales: la desintegración de la Corte, la falta de cobertura de cargos y la fuerte brecha salarial con la Justicia nacional.
El diagnóstico fue tan crudo como inusual. “Somos tres cuando deberíamos ser siete”, resumió Torres al describir la situación actual de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que lleva más de seis años funcionando con vacantes sin cubrir.
Axel Kicillof participó de la audiencia en la Corte Suprema por la deuda de $2,3 billones de ANSES y Nación deberá presentar un plan de pago el 10 de junio.
Las autoridades bonaerenses actualizaron los valores que rigen el costo de la luz y confirmaron una nueva suba que impactará en las facturas de mayo.
La escena no fue menor: el acto contó también con la presencia del vicepresidente Daniel Fernando Soria, la ministra Hilda Kogan y el procurador general Julio Conte Grand, en una señal de respaldo institucional a un diagnóstico que atraviesa a todo el sistema judicial.
El dato es contundente: la Suprema Corte bonaerense funciona con menos de la mitad de sus miembros. De los siete cargos que establece la ley, solo tres están ocupados. Según explicó Torres, esta situación no solo es inédita, sino que implica un incumplimiento sistemático de la Constitución provincial.
El plazo legal para cubrir vacantes es de 15 días, pero ese mandato fue desoído en reiteradas oportunidades. El resultado: 152 incumplimientos acumulados.
La consecuencia directa es una sobrecarga de trabajo, la necesidad de recurrir a subrogancias y demoras en la resolución de causas.
Pero el problema va más allá de lo operativo. Una Corte incompleta pierde capacidad de conducción institucional y debilita su rol como cabeza del Poder Judicial.
Por eso, Torres lanzó un mensaje político directo: exhortó a los poderes Ejecutivo y Legislativo —es decir, al gobierno de Axel Kicillof y al Senado bonaerense— a avanzar de manera urgente en la designación de los cargos vacantes.
La crisis de vacantes no se limita al máximo tribunal.
Según detalló el propio presidente de la Corte, en 2025 se realizaron 412 designaciones, pero aún quedan más de 200 cargos pendientes en distintas instancias y fueros del Poder Judicial bonaerense.
El impacto es directo en el funcionamiento del sistema: mayor carga de trabajo para jueces y funcionarios, retrasos en sentencias, dependencia de subrogaciones y deterioro en la calidad del servicio de justicia.
En un contexto donde aumentan los conflictos sociales y la litigiosidad, la falta de personal se convierte en un factor crítico.
A la crisis institucional se suma un problema económico de fondo. Torres advirtió que existe una brecha salarial superior al 50% entre los trabajadores del Poder Judicial de la provincia y sus pares de la Justicia nacional.
El dato explica, en parte, el creciente malestar dentro del sistema judicial bonaerense. Fiscales en pie de guerra, magistrados que reclaman participar en paritarias y trabajadores que denuncian pérdida de poder adquisitivo son algunas de las expresiones de ese descontento.
La desigualdad salarial también genera dificultades para atraer y retener profesionales, lo que impacta en la calidad del servicio.
El problema salarial está directamente vinculado al esquema presupuestario. Actualmente, el Poder Judicial bonaerense recibe entre el 3,5% y el 4,5% del gasto total de la provincia.
Pero el dato más revelador es otro: el 92% de ese presupuesto se destina al pago de salarios. Esto deja un margen mínimo para inversión en infraestructura, tecnología o modernización.
En un sistema que arrastra problemas edilicios, falta de digitalización y deficiencias en seguridad, la falta de recursos se vuelve un obstáculo estructural.
Frente a este escenario, la Corte presentó un proyecto de ley de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera. La iniciativa busca que el Poder Judicial pueda elaborar su propio presupuesto y contar con recursos previsibles para planificar a mediano y largo plazo. Según explicó Torres, no se trata de un privilegio, sino de una condición necesaria para garantizar la independencia judicial.
El proyecto cuenta con un respaldo institucional inédito: incluye a la Corte, la Procuración, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial Bonaerense y los Colegios de Abogados, en un consenso que abarca a cerca de 100.000 personas. Además, incorpora una ley marco de negociación colectiva para ordenar el diálogo salarial dentro del sector.
El mensaje final del presidente de la Corte fue claro. Pidió que la iniciativa sea tratada como una “decisión de Estado” y no como una reforma más. Pero, sobre todo, insistió en la necesidad de cumplir con la Constitución: cubrir las vacantes y garantizar la independencia del Poder Judicial.
En un contexto donde la Justicia bonaerense acumula reclamos por salarios, infraestructura, seguridad y funcionamiento, el planteo de Torres pone el foco en un problema estructural que ya no puede ser postergado.
La desintegración de la Corte, la falta de jueces y la brecha salarial configuran un diagnóstico que atraviesa a todo el sistema. Y que ahora, con el máximo tribunal hablando en voz alta, queda directamente en manos de la política.