La provincia de Buenos Aires puso en marcha un registro para identificar, administrar y proteger inmuebles de dominio público bonaerense bajo custodia estatal.
El Ministerio de Economía bonaerense estableció un nuevo Registro de Bienes Inmuebles del Dominio Público para identificar y proteger propiedades estatales. La medida prevé un relevamiento de los inmuebles administrados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y fija nuevas facultades para intervenir ante afectaciones.
La iniciativa se da en el marco de la implementación del Registro previsto por la Ley N°15.558 y la resolución establece que la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad será el organismo encargado de poner en funcionamiento el registro y de dictar las disposiciones técnico-registrales y administrativas necesarias para su implementación. A su vez, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales tendrá a su cargo la recepción de antecedentes, la calificación jurídica de los bienes y la gestión de su incorporación al nuevo sistema.
El futuro de la Base Aeronaval Punta Indio genera preocupación ante el traslado de funciones y su posible impacto en cientos de trabajadores.
La gestión de Axel Kicillof renovó ante Nación un pedido para hacerse cargo de dos corredores estratégicos y avanzar con obras ante el deterioro de las trazas.
Según la normativa, serán considerados bienes inmuebles del dominio público provincial aquellos que sean de titularidad de la Provincia y se encuentren afectados al uso público, además de los que una ley determine expresamente con ese carácter.
Uno de los objetivos centrales es avanzar en un relevamiento integral de los inmuebles que se encuentran bajo administración o custodia del Estado bonaerense. Para ello, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deberán informar cuáles están bajo su órbita y podrían pertenecer al dominio público provincial.
Los organismos deberán aportar los antecedentes catastrales, cartográficos y técnicos disponibles, además de información sobre el uso y destino de cada inmueble y las eventuales concesiones otorgadas. Esa documentación será analizada por la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales, que determinará si corresponde incorporar cada bien al registro.
La nueva resolución también establece que esa Dirección ejercerá el poder de policía administrativa con fuerza ejecutoria sobre los bienes del dominio público provincial. De esta manera, ante la verificación de conductas que modifiquen, perturben o afecten esos inmuebles, el organismo podrá disponer medidas para restituir directamente las condiciones preexistentes, con los costos a cargo del infractor. Para ejecutar esas acciones, la Dirección Provincial de Recursos Inmobiliarios Fiscales también podrá requerir el auxilio de la fuerza pública.
