Con el patrocinio de la Fiscalía de Estado, la Provincia se puso a disposición para facilitar la información requerida por el fiscal.
El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires se presentó ante la Justicia como querellante en la causa que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta e investiga una presunta organización de "sacamultas" de tránsito que operaba en La Plata y la región.
De esa manera, la cartera bonaerense que dirige Jorge D'Onofrio puso a disposición toda la información requerida por el fiscal que lleva adelante la investigación. "Creemos y confiamos plenamente en el accionar de la Justicia", sostuvo el funcionario al respecto y añadió: "Con la información requerida va a salir a la luz que no se borran multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires ya que el sistema no lo permite. Por cada multa procesada solo se puede tener tres destinos: condena, absolución o permanecer en el stock de multas a juzgar".
Personal de la PSA ejecutó órdenes de presentaciones en juzgados de faltas de tránsito en la provincia de Buenos Aires. La causa principal está en La Plata.
El Gobierno bonaerense actualizó el valor a partir del cual se calculan las multas de tránsito y con ello su costo subirá poco más de un 5,5%.
Por caso, en los últimos años, tanto mes contra mes como los comparativos año contra año aumentaron los procesamientos, las condenas y la recaudación vinculada a las infracciones de tránsito. Incluso, los juzgados provinciales arrastran un promedio de 70% de condenas y 30% de absoluciones.
Cabe señalar que, en su gran mayoría, las absoluciones son por inconsistencias en los datos (multa a nombre de A pero perteneciente a otro auto), prescripciones, ilegibilidad de la foto o insignificancia en el registro (máxima 60km/h y registro de 62km/h).
En concreto, en la cartera que lidera D'Onofrio se puso a disposición de la Justicia todas las herramientas necesarias para avanzar con la investigación con la plena confianza del proceso que lleva adelante la fiscalía.
Como contó 0221.com.ar, varios intendentes de la provincia de Buenos Aires comenzaron a notar una fuerte baja en la recaudación por infracciones de tránsito. Descartada una concientización masiva y repentina de los automovilistas, se comenzó a investigar el motivo de la merma de esos ingresos.
No se descarta la presencia de una red de complicidades entre funcionarios provincial, jueces de faltas, abogados y gestores.
En la red habría gestorías –promocionan sus servicios con carteles en la vía pública– que ofrecen a los infractores resolverles su deuda de multas por el 50% del valor. Con ese dinero, van al juzgado y logran que las mismas sean eliminadas por alguna razón técnica o se abone un monto menor incluso, lo cual queda a criterio del juez. Esto produciría que la recaudación provincial y lo que corresponde a los municipios se lesione seriamente.