El Gobierno de la Provincia apeló la cautelar que inmoviliza fondos y ahora la definición por la contaminación hídrica quedó en manos de la Cámara Federal.
La Provincia de Buenos Aires apeló el embargo por más de $157 mil millones dispuesto por la Justicia federal en el marco de la contaminación hídrica en la cuenca del Río de la Plata. La medida exige avanzar con obras de saneamiento y abrió un conflicto institucional que ahora deberá resolverse en otra instancia.
El caso quedó bajo análisis de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que deberá definir si sostiene o revoca la decisión. El embargo fue ordenado por el juez en lo Civil y Comercial Federal Alberto Recondo, quien dispuso la inmovilización del dinero hasta que se acredite el inicio de los trabajos.
A través de la Fiscalía de Estado, el gobierno provincial cuestionó la resolución judicial y presentó una apelación. El escrito advierte sobre el impacto de la medida y plantea objeciones en torno a su alcance y a las facultades del magistrado.
El planteo fue firmado por el abogado Juan Pedro Mendy, quien sostuvo: "La medida decretada ostenta una gravedad institucional inusitada y consolida un avasallamiento a la autonomía de la Provincia de Buenos Aires". También señaló que el embargo altera la asignación de recursos definida por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
En la presentación, la Provincia afirmó: "La inmovilización de miles de millones de pesos, provoca la virtual paralización de las actividades de la Provincia", y advirtió que esa situación genera riesgos concretos para la continuidad de servicios públicos esenciales y obligaciones críticas del Estado.
El texto también cita al propio juez: "La gravedad del daño ambiental generado, obliga a adoptar decisiones". Sin embargo, el gobierno respondió que "bajo la apariencia de cautelar, encubre en realidad una sanción económica de magnitud extraordinaria" y remarcó que el conflicto excede a las partes e impacta en toda la comunidad.
La causa, a cargo del juez Alberto Recondo, señala una contaminación "aberrante" en el sistema hídrico vinculado con el Río de la Plata. En algunos testimonios y denuncian, sostienen que es "un sumidero de derechos cloacales e industriales".
En esta línea, se dispuso el embargo contra la Provincia por las demoras en la ejecución de las obras para el tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales en La Plata, Berisso y Ensenada.
El magistrado advirtió sobre "la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos" en la cuenca integrada por el río Santiago, el arroyo El Gato y el Río de la Plata.
Recondo solicitó asistencia técnica a la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), y el informe incorporado a la causa confirma las denuncias y adhiere a que el grado de contaminación es muy grande.
En esos peritajes, se detectó un fuerte impacto cloacal en los desechos que se tiran en el arroyo El Gato en La Plata, sobre todo en aguas abajo de calle 1. En las mismas hay presencia significativa de nitrógeno asociado a los desechos. Además, hay fotos a la altura de calle 143, La Granja y Melchor Romero.
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