Desde la Provincia informaron que apelarán la inmovilización de fondos para obras de saneamiento por considerar que es de “imposible cumplimiento” .
La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Ai res presentará una apelación contra el embargo de $157.164.287.201 ordenado por el juez federal de La Plata, Alberto Recondo. La medida obliga a inmovilizar fondos para garantizar obras de saneamiento cloacal en la planta que trata efluentes de la Región Capital y que impacta en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata.
El gobierno de Axel Kicillof sostiene que el fallo es de “imposible cumplimiento” en el actual contexto financiero. La administración provincial afirma que no puede afrontar con recursos propios obras de infraestructura que históricamente dependen de financiamiento nacional.
El barrio de 175 casas en Melchor Romero muestra un alto grado de avance y será destinado a mujeres y pacientes externados del Hospital Alejandro Korn.
El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, salió al cruce del gobierno nacional por el faltante de vacunas pediátricas en medio de la campaña antigripal.
El embargo fue dispuesto por la Justicia Federal para asegurar el inicio de obras en el sistema de tratamiento de líquidos cloacales que sirve a La Plata, Berisso y Ensenada. La resolución judicial establece que el dinero quede depositado en una cuenta a plazo fijo hasta que se compruebe el avance del proyecto.
La decisión judicial se basó en peritajes elaborados por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Los informes describen un “grado de contaminación aberrante” en la zona por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento adecuado en el sistema hídrico.
El fallo señala que las obras deben garantizar mejoras en el funcionamiento de la planta que procesa los líquidos cloacales de la Región Capital. El objetivo es reducir el impacto ambiental que hoy afecta al Arroyo El Gato y desemboca en el Río de la Plata.
En el gobierno bonaerense vinculan el retraso de las obras con decisiones del presidente Javier Milei. Funcionarios provinciales afirman que la Nación frenó transferencias destinadas a proyectos de infraestructura que contaban con financiamiento federal.
También señalan que están demorados créditos internacionales destinados a saneamiento y gestión del agua. Según explican, esos desembolsos dependen de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
Desde el Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires agregan que la caída de la coparticipación redujo los ingresos del distrito. Según sostienen, esa situación obliga a priorizar salarios y asistencia social antes que grandes obras de infraestructura.
La situación de la planta de tratamiento fue denunciada por organizaciones vecinales y ambientales de La Plata, Berisso y Ensenada. Las denuncias son por malos olores, contaminación del Río de la Plata y la falta de capacidad de una planta que quedó chica para la población actual.
Ahora la Cámara de Apelaciones deberá resolver la presentación de la Provincia de Buenos Aires. El tribunal definirá si mantiene el embargo dispuesto por el juez Alberto Recondo o si concede un plazo para que el gobierno provincial presente un plan de obras verificable.