Los vecinos que hicieron la denuncia por la que terminó embargada la provincia relatan los riesgos diarios de vivir cerca del Río de la Plata.
Luego de que el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de La Plata dispusiera embargar a la Provincia de Buenos Aires por $157.164.287.201 para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados por La Plata, Berisso y Ensenada, se conocieron los testimonios de los denunciantes.
La medida fue dictada por el juez federal Alberto Recondo, quien ordenó inmovilizar ese monto en una cuenta judicial hasta que el gobierno bonaerense acredite el comienzo de la primera etapa del proyecto de saneamiento en la planta que trata efluentes de la Región Capital y que impacta en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata. Según la resolución, el dinero permanecerá en un plazo fijo con renovación automática cada 30 días.
La Justicia federal embargó a la Provincia por $157 mil millones para garantizar obras de tratamiento cloacal en La Plata, Berisso y Ensenada.
Desde la Provincia informaron que apelarán la inmovilización de fondos para obras de saneamiento por considerar que es de “imposible cumplimiento” .
En ese marco, en las últimas horas se conocieron los testimonios de vecinos de la provincia que denuncian los riesgos de vivir en zonas de contaminación cercanas a la costa del Río de la Plata.
Fernando Montichelli es abogado y uno de los impulsores de la demanda hacía el gobierno bonaerense. Creció cerca del río, a la altura del Club Regatas de Ensenada y asegura haber sido testigo del aumento de la contaminación de la cuenca a lo largo de cinco décadas, a la que definió en su escrito como "aberrante". En un informe elaborado por la periodista María José Lucesole para La Nación, detalló: "Hace cincuenta años se podía nadar en el río. Ahora es una vertiente de basura. Hay días en que es insoportable el olor. Incluso, cuando el agua baja, se ve directamente la materia fecal. Todo esto a menos de 1000 metros de la boca de toma de agua".
Otro de los vecinos que presta testimonio es Iván Vigo Mariños. En su presentación, el platense exigió "el cese de manera urgente y definitiva y para siempre del daño ambiental de incidencia colectiva ya provocado en especial al Río de la Plata, el Río Santiago y el arroyo El Gato". Él y sus vecinos promovieron la demanda "en ejercicio del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado".
Los denunciantes señalan que en el Arroyo El Gato se vierten efluentes cloacales en la zona norte de La Plata "sin tratamiento o con tratamiento deficiente". "En los más de 40 kilómetros de este arroyo descargan unas 60 industrias, desaguan desde los desechos de la cárcel de Lisandro Olmos, pasando por el hospital Melchor Romero, hasta los desechos industriales de una cooperativa papelera" aseguró Montichelli.
Además, señalan obras sin terminar: "Aguas Bonaerenses tiene una planta depuradora en Ringuelet que nunca terminó. Y los efluentes cloacales van al arroyo El Gato en forma directa".
Por otra parte, Vigo detalló que "en el Río de la Plata desemboca el río Santiago. Y sobre este desemboca el arroyo El Gato, siendo este último la cuenca más importante del Río de la Plata. El arroyo El Gato nace en la ruta 36, localidad de Lisandro Olmos, y atraviesa la localidad de Melchor Romero, San Carlos, Ringuelet y Tolosa para confluir en el río Santiago a través del arroyo Zanjón, a la altura del puerto de Siderar, partido de Ensenada".
Y agregó: "La desembocadura del río Santiago se encuentra a 1.200 metros de la toma de agua de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, que distribuye el agua potable a la mayor parte de los partidos circundantes".
En uno de los informes técnicos, en los que se apoyo la Justicia Federal para determinar el embargo, sostienen que el sistema hídrico de la cuenca del Río de la Plata "es un sumidero de desechos cloacales e industriales". Además, piden que se garantice un retiro eficiente y en forma mecanizada de los residuos sólidos urbanos que hay en dicho río y en el arroyo El Gato.
En este sentido, el magistrado pidió ayuda técnica a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En primera instancia, los peritos relevaron que "el aporte cloacal es masivo en las descargas de La Plata en El Gato (después de la calle 1), muy marcado por el nitrógeno total abundante en la orina, pero es también significativo aguas arriba, a la altura de la calle 143, La Granja y posiblemente en Melchor Romero".
Además, afirman: "Los arroyos urbanos (Saladero en Berisso, Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada) son fuentes secundarias de contaminación urbana (Saladero y Doña Flora, en menor medida) e industrial (Canal Oeste)”.
Otro informe pericial adjuntado al expediente, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del Club Regatas, sostiene la formación de un "corredor costero de aguas contaminadas, con aportes urbanos industriales sucesivos desde la Capital Federal, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras".
Tras el embargo dispuesto por la Justicia federal, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires informó que apelará la orden judicial. El planteo sostiene que el gobierno de Axel Kicillof solicitó hace dos años al gobierno de Javier Milei el financiamiento necesario para ejecutar las obras de saneamiento.
Según indicaron desde la administración bonaerense, en 2024 el Ministerio de Economía provincial pidió formalmente al Ministerio de Economía de la Nación que priorice el financiamiento para el proyecto de tratamiento y disposición final de líquidos cloacales correspondientes a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
Ahora, la gestión provincial sostiene que el fallo es de "imposible cumplimiento" en el actual contexto financiero y afirma que no puede afrontar con recursos propios obras de infraestructura que históricamente dependen de financiamiento nacional. En paralelo, el Consejo Profesional de Química bonaerense expresó preocupación por la contaminación hídrica vinculada a la causa judicial.
Desde la gobernación señalaron que la obra requiere una inversión total estimada en US$ 270.000.000 y prevé un plazo de ejecución de cinco años. Además, indicaron que el proyecto necesita financiamiento internacional para poder concretarse y avanzar con el sistema de saneamiento previsto para la región.
En su resolución, el juez Alberto Recondo sostuvo que existen omisiones estatales y afirmó que "las carencias presupuestarias (de Provincia), aunque dignas de tener en cuenta, no pueden justificar transgresiones". También indicó que la falta de una política sanitaria y ambiental adecuada se extiende desde hace más de 20 años.