La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata suspendió la medida cautelar que frenaba los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires desde el 1° de agosto. La decisión permite volver a cobrar los ajustes de entre el 1,5% y el 3,5%, aunque la discusión judicial sigue abierta.
El tribunal intervino después de que el Gobierno bonaerense y las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP apelaran la resolución del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca. Esa decisión, solicitada por la Defensoría del Pueblo, había ordenado volver a los valores anteriores para los componentes provinciales de las tarifas.
Los incrementos habían sido establecidos mediante la Resolución N° 585/2026 del Ministerio de Infraestructura provincial. Con la nueva decisión judicial, la Provincia podrá incorporar los montos correspondientes en las próximas facturas. La medida alcanza a los clientes de EDELAP en La Plata y a usuarios de otras regiones bonaerenses.
El aumento de luz alcanza a toda la provincia
El alcance también incluye a EDES, que presta servicio en el sur provincial; EDEA, en la Costa Atlántica; y EDEN, en el norte bonaerense. Además, comprende a más de 200 cooperativas eléctricas del interior. Por ahora, la Cámara no decidió si los aumentos son válidos, sino únicamente si debía mantenerse la suspensión.
Habilitaron los aumentos de la luz y los usuarios bonaerenses percibirán el ajuste en las boletas
Para pedir que se levantara la cautelar, el Gobierno bonaerense sostuvo que frenar los ajustes podía afectar la continuidad del suministro eléctrico. Argumentó que una reducción de ingresos dificultaría afrontar la compra de energía, el mantenimiento de las redes, las inversiones y los compromisos laborales y contractuales de las empresas.
La Fiscalía también advirtió sobre problemas técnicos para aplicar tarifas separadas. Según los informes del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), los componentes nacionales y provinciales forman parte de un mismo cuadro tarifario. Por eso, dividirlos podría complicar su implementación y fiscalización.
Al revisar la apelación, los jueces consideraron que existían elementos suficientes para advertir un posible perjuicio al interés público si continuaba la cautelar.