La medida fue dictada por una jueza de Lomas de Zamora a partir de un habeas corpus colectivo. La nueva ley baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801 a nivel nacional. La decisión puso el foco en las condiciones actuales del sistema de alojamiento para adolescentes.
La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, quien hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.
Uno de los principales argumentos de la resolución es la falta de infraestructura y recursos suficientes para afrontar el impacto que tendría la implementación del nuevo régimen. La normativa nacional establece que adolescentes desde los 14 años pueden ser sometidos al sistema penal por determinados delitos, mientras que hasta ahora la edad de imputabilidad se ubicaba en los 16 años.
La jueza consideró que la modificación podría generar un incremento en la cantidad de adolescentes que ingresen al sistema penal, así como una mayor permanencia de jóvenes privados de su libertad. En ese contexto, planteó dudas sobre la capacidad de la Provincia para garantizar condiciones adecuadas de alojamiento y tratamiento.
En su resolución, Pascual recordó que su propio juzgado había establecido anteriormente un límite máximo de 60 adolescentes para el Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora, debido a que el establecimiento no reunía las condiciones mínimas de habitabilidad. Si bien reconoció mejoras recientes en cuestiones como el acceso al agua potable, la alimentación y la infraestructura, sostuvo que todavía persisten falencias.
Entre los problemas señalados aparecen las dificultades para garantizar el acceso a la educación, la capacitación laboral y la reinserción en el empleo, además de la necesidad de reducir los períodos de aislamiento. Para la magistrada, un eventual escenario de hacinamiento podría tener consecuencias sobre los propios jóvenes y también sobre la seguridad pública.
A partir de estos argumentos, la resolución ordenó al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión preventiva de la Ley 27.801 en territorio bonaerense.
Además, la jueza convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre, en la sede del tribunal. Allí, los funcionarios provinciales deberán informar qué medidas fueron implementadas, cuáles se encuentran proyectadas y en qué plazos se prevé adecuar el sistema a las exigencias de la nueva legislación.
La decisión tiene un carácter preventivo y temporal, por lo que durante los próximos 60 días la Provincia deberá avanzar en las adecuaciones que la Justicia considera necesarias para afrontar la implementación del nuevo régimen.
La Ley 27.801 fue reglamentada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 875/2026. El nuevo esquema establece un régimen específico para adolescentes y contempla distintas respuestas penales, entre ellas penas alternativas a la prisión.
La normativa prohíbe la prisión perpetua para menores de edad y establece un máximo de 15 años de privación de la libertad, que debe cumplirse en establecimientos especializados y separados de personas adultas. También contempla medidas como la reparación del daño, tareas comunitarias, restricciones de acercamiento y monitoreo mediante dispositivos electrónicos.
El decreto reglamentario también creó la figura del "supervisor especializado", además de un registro provisorio de profesionales de distintas disciplinas y mecanismos de coordinación entre Nación y las provincias. Para la puesta en marcha del sistema, el Congreso asignó una partida de $23.739.155.303,08.
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