La Junta Electoral rechazó un pedido de impugnación, pero advirtió que la falta de normativa deja al votante desprotegido y debilita el sistema electoral.
La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó un pedido de impugnación contra las denominadas candidaturas testimoniales y reiteró la necesidad urgente de que el Poder Legislativo provincial avance en una normativa específica que regule esta práctica, al considerar que su falta genera una "debilidad en el proceso electoral" y "desprotege al votante".
La resolución fue firmada por la presidenta del organismo, Hilda Kogan; la vicepresidenta, Ana María Bourimborde; y el vocal Eduardo Delbés. También se sumaron a la decisión, aunque sin pronunciarse sobre el pedido a la Legislatura, los integrantes Gustavo De Santis y Federico Thea.
El Gobierno de la provincia definió el valor de las boletas para las agrupaciones políticas que participen en las elecciones del 7 de septiembre.
La impugnación había sido presentada por la abogada Silvina Martínez, en relación con candidatos para las elecciones provinciales del 7 de septiembre, señalando el carácter "testimonial" de algunas postulaciones. Sin embargo, la Junta descartó el planteo al argumentar que, aunque cuestionables desde el punto de vista ético, estas candidaturas no violan la ley.
"Es disvalioso para el sistema institucional y éticamente reprochable que una persona se postule para un cargo a sabiendas que no asumirá", sostuvo el fallo, pero aclaró que esa conducta "no es ilegal, por lo que no puede ser observada a priori".
Además, el organismo ratificó el principio de participación como base del derecho electoral, y subrayó que ni la Ley Electoral Provincial N° 5.109, ni la Constitución bonaerense o nacional, ni los tratados internacionales habilitan a la Junta a intervenir ante este tipo de situaciones.
En su resolución, la Junta recordó que ya en mayo de 2009 había advertido sobre este problema, y calificó la falta de respuesta legislativa como un "daño a la integridad del sistema por omisión".
"A 15 años de aquel pronunciamiento, no hubo ningún tipo de regulación que proteja al elector de esta situación", remarcaron las autoridades, quienes además manifestaron su preocupación por esta “clara deficiencia legislativa”.
Por último, la Junta Electoral puso a disposición sus equipos técnicos para colaborar con la Legislatura bonaerense en la elaboración de una norma que evite este tipo de prácticas, como ya ocurre en otros países.