El gobierno bonaerense se mantiene firme con la decisión de limitar los aumentos en las cuotas de los colegios privados ya que "el 70% recibe subvenciones"
El gobierno bonaerense seguirá limitando el incremento de cuotas de colegios privados dado que le 70% de esas instituciones recibe subvenciones del Estado. La medida se conoció este miércoles, días después del anuncio del gobierno nacional, que autorizó a esas instituciones a fijar las cuotas sin límites.
Así lo afirmó el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni: pese al "espíritu desregulador que tiene el gobierno nacional para que haya menos Estado", en el territorio bonaerense "hay una Ley de Educación y normas que regulan los topes arancelarios para cada ciclo lectivo", dijo en Radio Provincia.
Una de las 69 resoluciones derogadas es las que establecía que los establecimientos tenían que informar las subas. El impacto en las escuelas subvencionadas.
"Con el gobernador y el equipo vamos a evaluar todas las situaciones", dijo el Asesor General bonaerense, Santiago Pérez Teruel.
Al mismo tiempo, sumó que si bien "esos topes no son fijos, porque se van moviendo con la inflación, no hay desregulación". En ese sentido puntuó que en la provincia hay un sistema educativo de 6.300 instituciones de gestión privada, de las cuales 4.300 (70%) están subvencionadas por el Estado" y que "la mayoría tiene una subvención que se dedica a sostener entre el 80% y 100% de los salarios".
En referencia a las matrículas, el director dijo que advierte "una tendencia de traspaso” de las escuelas privadas a las públicas, aunque "sí una mayor frecuencia de consultas en las jefaturas de distritos donde están nuestros inspectores".
De todas maneras, relató que ello de "ningún modo es un éxodo o una tendencia, sino que hay una inquietud mayor porque el tiempo que tenemos por delante es de incertidumbre y recalcó que desde el gobierno que encabeza Axel Kicillof no quieren "que haya un traspaso masivo porque no es el equilibrio que se desea”.
El último lunes, el gobierno de Javier Mileiderogó 69 regulaciones que según su criterio "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado". Entre ellas se derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos.