Una de las 69 resoluciones derogadas es las que establecía que los establecimientos tenían que informar las subas. El impacto en las escuelas subvencionadas.
El gobierno de Javier Milei avanzó un paso más allá en su política de desregulaciones y decidió quitar los límites que tenían los colegios privados para aumentar sus aranceles.
Como informó 0221.com.ar el Presidente dispuso la derogación de 69 normas que según su criterio "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".
Entre ellas se derogó una norma que regía desde 2019 por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos.
La norma derogada establecía que "la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos" y que la Secretaría, en ese marco, estaba encargada de la "implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor".
Milei derogó las regulaciones a escuelas privadas y los colegios podrán incrementar el valor de sus aranceles mensuales sin ningún límite.
En la práctica, la resolución tiene distinto impacto según el tipo de subvención estatal que cada Colegio recibe para el pago de salarios. La derogación dispuesta por Milei libera a los establecimientos de decidir las subas sobre el porcentaje no subvencionado.
Así por ejemplo, en el caso de los colegios que reciben el 100% de subvención no podrían aplicar subas discrecionales porque siguen dependiendo del arbitrio de las autoridades educativas, en la provincia de Buenos Aires de la Dirección General de Escuelas.
En el otro extremo, los establecimientos que no tienen ningún tipo de subvención, las cuales en su mayor parte reciben a un alumnado proveniente de los sectores económicos más altos, podrán definir sin obstáculos las subas.
En el medio están los colegios parcialmente subvencionados, con el 50, 60 u 80%. En esos casos, podrán disponer libremente los aumentos sobre la porción “no subvencionada” de la cuota, pero no sobre el porcentaje que reciben del Estado, el cual seguirá regulado por la cartera educativa.
La decisión del gobierno llega poco antes del comienzo de clases. A partir febrero, las escuelas podrán aumentar los precios de las cuotas sin informar previamente a la Secretaría de Comercio, que hasta hoy se encargaba de aprobarlas o rechazarlas.
El subsecretario de prensa presidencial consideró que se trataba de una serie de regulaciones "soviéticas" y por eso fueron derogadas. "Menos burocracia, más transparencia y mayor libertad en beneficio de consumidores", festejó Javier Lanari.
Por su lado, el Defensor del Pueblo adjunto de la Provincia, Walter Martello, lamentó la medida y explicó que la "La resolución derogada garantizaba el derecho que le asiste a las familias a contar con información vinculada con los servicios educativos privados contratados para sus hijos y/o menores a cargo”