La iniciativa obliga a informar con antelación las subas de combustible y las estaciones de servicio quedaron en el centro de una fuerte discusión política.
La comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto que obliga a las estaciones de servicio y a las empresas productoras y expendedoras de combustibles a informar con anticipación los aumentos de precios. La iniciativa obtuvo despacho por mayoría y ahora deberá continuar su tratamiento legislativo antes de llegar al recinto.
El proyecto establece que las petroleras deberán comunicar cualquier modificación de precios con al menos 72 horas de anticipación, mientras que las bocas de expendio tendrán que publicitar esos cambios 48 horas antes de que entren en vigencia.
La iniciativa también incorpora un esquema de sanciones para quienes incumplan la norma. El texto prevé multas que van desde $7,2 millones hasta $215 millones y contempla la suspensión de la habilitación comercial en casos de reincidencia. Tras obtener despacho, el expediente pasará a la comisión de Presupuesto e Impuestos, donde deberá recibir una nueva aprobación antes de ser debatido por el pleno.
Se trata de un proyecto, presentado por la diputada Ayelén Rasquetti, recibió el respaldo del peronismo y del Frente de Izquierda durante la reunión encabezada por Rubén Eslaiman. La propuesta recibió cuestionamientos de legisladores opositores y de entidades vinculadas al sector. El diputado Agustín Romo, de La Libertad Avanza, sostuvo que la medida podría perjudicar económicamente a las bocas de expendio porque, según explicó, los aumentos suelen conocerse cuando llega el camión que abastece los surtidores. "Se funden en tres días", afirmó durante el debate.
En la misma línea, el diputado Diego Garciarena, de UCR + Cambio Federal, señaló que la iniciativa presenta "inconsistencias" legales. Pese a esas objeciones, el oficialismo consiguió avanzar con el proyecto gracias a su mayoría. Al defender la propuesta, Rasquetti afirmó: "El combustible no es un lujo, es una necesidad básica que impacta directamente en los precios de todo lo demás, por eso proponemos una herramienta concreta para controlar, anticipar y actuar frente a los aumentos injustificados".
Las principales organizaciones del sector también expresaron su oposición desde que el proyecto fue presentado. La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina advirtió que un anuncio previo de los incrementos podría incentivar compras anticipadas, generar comportamientos especulativos y provocar faltantes de combustible.
Las críticas fueron acompañadas por la Asociación de Estaciones de Servicio, la Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina y la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Las entidades sostuvieron que la obligación de anticipar los aumentos podría alterar el funcionamiento del mercado, generar picos de demanda y producir quiebres de stock, además de remarcar que los consumidores ya cuentan con información actualizada en surtidores y plataformas digitales.
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