El Gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó que en 2025 los terratenientes abonarán un menor Impuesto Inmobiliario Rural en comparación con el año anterior. La medida responde a una combinación de factores políticos y macroeconómicos, incluyendo descuentos fiscales y el impacto de la inflación, que reducirá el peso real del tributo sobre los contribuyentes.
Una de las principales novedades es que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) cobrará el mismo monto nominal en la primera cuota de 2025 que en la de 2024. Esto significa que, considerando una inflación estimada del 70% anual, el impacto del tributo será menor en términos reales.
Por ejemplo, un productor que en 2024 abonó $100.000, si mantiene el valor nominal en 2025 y accede a las bonificaciones, podría reducir su pago efectivo a $85.000, lo que en términos reales representa una menor carga tributaria.
En Buenos Aires existen 309.400 partidas rurales sujetas a este impuesto. Para incentivar el pago en término y beneficiar a los productores cumplidores, ARBA reimplementó diversas bonificaciones:
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La Provincia anunció un descuento a quienes paguen en tiempo y forma.
Fechas clave para el pago del impuesto en 2025
El cronograma de vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural será el siguiente:
- Primera cuota: 8 de abril.
- Segunda cuota: 12 de junio.
- Tercera cuota: 11 de septiembre.
- Cuarta cuota: 12 de noviembre.
Estructura impositiva y reducción progresiva
Entre 2019 y 2024, la carga del Impuesto Inmobiliario Rural se redujo un 16,3% en promedio sobre las 309.400 partidas rurales. El esquema impositivo impulsado por el gobierno de Axel Kicillof aplicó un criterio de mayor progresividad, diferenciando la carga fiscal según la capacidad económica de los propietarios.
- Pequeños productores (50% de las partidas, 154.700 propiedades): reducción promedio del 87%.
- Productores de valuación media (40% de las partidas, 123.760 propiedades): reducción del 19%.
- Grandes propietarios (10% de las partidas, 31.000 propiedades): reducción del 5,6%.
Este enfoque permitió aliviar la presión fiscal sobre pequeños y medianos productores, mientras que los propietarios de tierras con mayor valuación mantuvieron una carga impositiva relativamente estable.