La Asociación de Abogados Jubilados presentará un proyecto en la Legislatura bonaerense para modificar la ley que regula la Caja.
La Asociación de Abogados Jubilados para la Caja de Previsión de Abogados de la provincia de Buenos Aires impulsa una reforma integral de la Ley N°6.716, norma que regula, precisamente, el funcionamiento de dicha entidad. La organización presentará en la Legislatura provincial un proyecto para modificar el esquema de Gobierno de la institución, al considerar que el modelo vigente quedó desactualizado tras seis décadas de cambios demográficos, tecnológicos, profesionales y económicos.
En la asociación aclararon que la iniciativa no cuestiona la existencia del sistema previsional ni la constitucionalidad de la Caja, sino que busca fortalecerla mediante una actualización de su estructura de funcionamiento. La propuesta surge desde los abogados jubilados organizados y apunta a introducir cambios en la administración, el control interno y la representación de los afiliados.
"Estamos defendiendo la Caja porque creemos en su constitución y porque es muy importante para los abogados tenerla", explicó el presidente de la entidad, Fernando Varela, en diálogo con 0221.com.ar y añadió: "Pero nuestra defensa tiene una visión crítica de la gestión, no de un directorio en particular, sino de la organización que fija la propia ley".
Entre los ejes centrales del proyecto figura la creación de una asamblea anual integrada por todos los afiliados activos y jubilados, que pasaría a ser la máxima autoridad de la Caja. Según sostienen los impulsores, el sistema actual carece de un órgano de control integrado por quienes financian y reciben las prestaciones del organismo.
Otra de las modificaciones previstas es la elección directa de directores y síndicos por parte de los afiliados, reemplazando el actual mecanismo de representación a través de los colegios departamentales. Para ello proponen la elaboración de un reglamento electoral específico.
El planteo también prevé una reducción del número de integrantes del Directorio, que actualmente supera las ocho decenas de cargos entre titulares y suplentes debido al crecimiento de la matrícula y de los colegios profesionales. Según la asociación, un cuerpo más reducido permitiría una gestión más eficiente. En esa misma línea, el proyecto incorpora además un límite a las reelecciones de los directores, la creación formal de una mesa directiva integrada por presidente, secretario y tesorero, y una nueva conformación de la sindicatura o comisión revisora de cuentas, integrada por abogados con experiencia acreditada en materia financiera, previsional, bancaria o aseguradora.
Otro de los puntos propone modificar la cláusula vinculada a la denominada "ayuda a los Colegios", manteniendo únicamente la posibilidad de préstamos previamente autorizados por una asamblea.
Junto con la presentación del proyecto, la Asociación de Abogados Jubilados manifestó su preocupación por distintos aspectos vinculados al funcionamiento económico de la Caja. Entre las inquietudes expresadas por la entidad aparecen el manejo de los fondos previsionales, el resultado deficitario reflejado en el último balance y el nivel de gasto destinado al pago de viáticos y otros conceptos relacionados con el funcionamiento del Directorio.
En la asociación remarcaron que esos temas forman parte de un diagnóstico institucional que justifica la necesidad de reformar la ley y modernizar la estructura de gobierno. Al mismo tiempo, aclararon que el objetivo es preservar la sustentabilidad del sistema previsional y garantizar una administración más eficiente y transparente.
Varela, en ese marco, insistió en diferenciar la defensa de la institución de las críticas al modelo de gestión. "Queremos que la Caja siga subsistiendo, que sea saneada y actualizada", sostuvo, al tiempo que afirmó que la reforma busca adecuar la organización a las condiciones actuales del ejercicio profesional y a los desafíos previsionales de las próximas décadas.
La Caja de Previsión Social de Abogados se financia principalmente mediante aportes obligatorios de quienes ejercen la profesión en la provincia de Buenos Aires.
Actualmente, cada abogado o abogada que desarrolla el ejercicio libre debe realizar un aporte anual equivalente a 98 JUS previsionales. Cada JUS equivale (al momento de la redacción de esta nota) a $30.000. Es decir, cada profesional debe aportar obligatoriamente la suma de $2.940.000 por año. El JUS es una unidad arancelaria cuyo valor se actualiza periódicamente y sirve como referencia para determinar honorarios profesionales y obligaciones previsionales dentro del sistema. Además de ese aporte mínimo anual, los matriculados realizan otros aportes derivados de distintas actuaciones judiciales, como las que se producen en procesos sucesorios, divorcios y otros expedientes.
Precisamente por el volumen de recursos que administra el organismo, la Asociación de Abogados Jubilados considera necesario revisar el esquema institucional vigente y dotarlo de mayores mecanismos de control, participación y transparencia.
El proyecto será presentado próximamente ante la Legislatura bonaerense con el objetivo de abrir el debate sobre una reforma de la Ley N°6.716 que, según sostienen sus impulsores, permita adecuar el funcionamiento de la Caja a las necesidades actuales de los abogados activos y jubilados de la provincia de Buenos Aires.
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