De los 122 sospechosos identificados, 16 trabajan en contacto directo con infancias o adolescencias y 67 conviven con menores de edad.
En las últimas horas, distintas fuerzas de Seguridad se llevaron a cabo 114 allanamientos conjuntos y coordinados en 65 localidades de la provincia de Buenos Aires, incluida La Plata, en el marco de la "Operación Protección de las Infancias IV".
Este operativo, llevado a cabo por el Ministerio Público bonaerense, a cargo del procurador general Julio Conte-Grand, es la cuarta misión organizada de acciones para combatir la pornografía y abuso sexual infantil.
Los detenidos tenían en su poder dos motos con pedido de secuestro activo. Investigan la participación de los motochorros en una serie de robos recientes.
Los 114 objetivos detectados y allanados pertenecen a los departamentos judiciales de Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, descentralizada de Tres Arroyos, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, descentralizadas de Esteban Echeverría y Ezeiza, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás, Trenque Lauquen, Zárate-Campana, y objetivos en la provincia de Tucumán.
A partir de los resultados obtenidos en la operación, pudo establecerse que, de los 122 sospechosos identificados, 103 son varones y 19 son mujeres; 16 trabajan en contacto directo con infancias o adolescencias; y 67 conviven con menores de edad. A su vez, se produjo la detención de 21 personas y se secuestraron 529 dispositivos de almacenamiento, 261 celulares, marihuana, cocaína y nueve elementos no digitales.
Uno de los lugares allanados fue la cárcel de Florencio Varela, donde la Policía descubrió que dos celdas habían sido acondicionadas como "búnkeres" para almacenar y distribuir imágenes de abuso sexual infantil. Allí, los oficiales hallaron varios celulares y una computadora que los internos utilizaban para gestionar el tráfico de contenido ilegal.
Los investigadores señalaron que los integrantes de esta red habían instalado una aplicación que simulaba ser una calculadora, pero en realidad permitía el acceso a carpetas ocultas donde almacenaban las imágenes y videos.
Según fuentes judiciales, los internos solicitaban a sus víctimas -todas menores de edad- que enviaran material de abuso, con el cual luego extorsionaban a las víctimas a cambio de no divulgar el contenido. A su vez, los detenidos compartían este material con otros presos y usuarios externos mediante la misma aplicación.
En este allanamiento específico, los efectivos notificaron de la imputación en su contra a seis internos e incautaron siete celulares. Uno de los líderes de esta red, condenado a 50 años de prisión por abuso sexual, mantenía carpetas organizadas con los nombres de sus víctimas.