La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, reveló este martes que a través de los gremios el Gobierno controlará que las empresas paguen el bono de $60.000 dispuesto por el ministro de Economía Sergio Massa, tras la devaluación post primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y la creciente inflación.
Las declaraciones de la funcionaria son una respuesta a los cuestionamientos que hicieron en las últimas horas los sectores empresarios en respuesta al anuncio del Ejecutivo nacional. La medida, que beneficiará a todos los trabajadores con sueldos menores a los $400.000 y se cobrará en dos tramos en septiembre y octubre, generó un fuerte rechazo en varias cámaras de industriales y comerciantes, pero será obligatoria.
Olmos consideró que hay actividades que tienen "prejuicios" sobre las medidas de la Casa Rosada y anticipó que habrá multas para los empleadores que no cumplan con la medida. Sin nombrarlos, la ministra apuntó así a entidades como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que tildaron a la medida de "decisión unilateral" y consideraron que "distorsiona las negociaciones colectivas" de aumentos salariales.
En diálogo con Futurock, la ministra de Trabajo dijo que todas las empresas que no cumplan la medida serán multadas: "En ese caso tendrán una infracción, van a tener que pagarla y, encima, multa".

Por eso llamó a los sindicatos a sumarse a la verificación del cumplimiento de la medida. "Debemos tener el acompañamiento de los gremios para identificar aquellas empresas que no paguen, ahí actúa la fiscalización", sostuvo al respecto y detalló además que "el trabajador tiene canales anónimos para hacer la denuncia".