Fueron dos jornadas intensas, de muchos testimonios y datos que, por un lado, robustecieron al bloque acusatorio y llevaron inquietud a las defensas de los cuatro empresarios procesados por la muerte de la estudiante de Periodismo Emilia Uscamayta, durante una fiesta ilegal que se realizó el 1 de enero de 2016 en una casa quinta de la localidad de Melchor Romero, evento que fue ampliamente promocionado por redes sociales, y “dos horas después de la muerte se borraron todas las publicaciones”, según refirió uno de los testigos que ya declaró.
El juicio oral está a cargo de Tribunal Oral Criminal III de La Plata. Los acusados de "homicidio simple por dolo eventual" son los empresarios de la noche Raúl "Peque" García (ligado el PRO y procesado en otra causa por trata de personas con fines de explotación sexual), Santiago Piedrabuena, Gastón Haramboure (condenado por un crimen en el boliche Alcatraz de Berisso) y el dueño de la propiedad donde se desarrolló la fiesta, Carlos Bellone.
También debería ser juzgado el comisario Daniel Piqué, que en ese momento estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", pero un recurso sin resolución interpuesto por sus defensores Fabián y Facundo Améndola lo alejaron, por el momento, de este proceso.
En la segunda audiencia del juicio hubo testimonios que pueden resultar de importancia para la reconstrucción material del caso. Uno de ellos fue el de Alberto Alvelo, quien ofició de cuidacoche durante el evento que se desarrolló en una casa quinta de avenida 520 entre 159 y 160. Estaba como custodia de la playa de estacionamiento de un supermercado oriental ubicado en una esquina que fue utilizada como cochera por los asistentes a la fiesta. El testigo no dudó en responder que fue contratado por “Peque” García. También refirió que no recordó ver ambulancias en inmediaciones de la casa quinta.
Luego fue el turno de Adrián Zamudio, entonces delegado municipal de Melchor Romero. Confirmó que la familia Bellone era dueña de la propiedad donde se desarrolló la fiesta clandestina. Él vive frente a la quinta. Recordó que “una semana antes de la fiesta empezaron los movimientos en la quinta” y al enterarse de la muerte de Emilia fue hasta el hospital, vio el cuerpo en la guardia. “Nadie de la organización de la fiesta estuvo en el hospital”, señaló.
Por su parte el agente del entonces Control Urbano, Néstor Galarraga, no dudó al sostener que cuando fueron a clausurar el evento “Santiago Piedrabuena se presentó como uno de los organizadores”. Entró a la vivienda del predio para labrar el acta junto a Bellone y otro inspector. En ese marco observó gran cantidad de bebidas alcohólicas acopiadas.
“Por la cantidad de gente que había y por mi experiencia en la nocturnidad, era un evento peligroso”, contestó a preguntas del Tribunal y aclaró que conocer al acusado Piedrabuena “de otros procedimientos anteriores, es empresario de la nocturnidad, tenía el restobar Rose y el boliche 737 ubicado en calle 47 entre 9 y 10”.
PÚBLICO Y TARJETEROS
Tras el brindis de fin de año Matías Beiras y un grupo de amigos llegaron hasta la fiesta en búsqueda de una noche de diversión. En su versión aportada en el juicio confirmó que “no había guardavidas en la pileta, solo un patovica para custodiar el ingreso a ese lugar que era VIP” al que para acceder “había que pagar un plus”. En relación a la cantidad de público que asistió refirió: “Eran un montón”.
El testigo dijo que no sabe cuánto tiempo estuvo el cuerpo de Emilia bajo el agua al que sacaron por la zona de la mitad de la pileta. “Una chica intentó hacerle RCP (a Emilia), pedía médicos y no fue nadie, no había ambulancia en el lugar”, sentenció.
Maira Ayelén Armoa, trabajaba como tarjetera de boliches. No recordó quien le dio las entradas para vender pero confirmó que se las entregaron en el boliche 737 (propiedad de Piedrabuena), que el locutor de la fiesta trágica fue “Peque” García y señaló a Gastón Haramboure como “uno de los organizadores”. Sobre el evento denominado “La frontera, el límite lo pones vos” dijo que “estaba previsto que se prolongue más allá de la nocturnidad”.
El bloque acusatorio está conformado por la experimentada fiscal Silvina Langone, quien es acompañada por los abogados Adrián Rodríguez Antinao e Ignacio Fernández Camillo, en representación de la familia Uscamayta Curi que es la particular damnificada en el proceso.
En tanto, las defensas están a cargo de los abogados Marcelo Peña (Haramboure), Alejandro Montone y Juan Di Nardo (Piedrabuena), Alfredo Gascón y Miguel Molina (Bellone y García).
EL CASO DESDE LA ACUSACIÓN
En su lineamiento de apertura la fiscal Langone describió que "los cuatro acusados organizaron una fiesta sin habilitación" y aseguró que a pesar de haber sido intimados dos veces, el 30 y el 31 de diciembre por la municipalidad, decidieron "hacer el evento sin cumplir con los recaudos previstos por ley".
Rememoró en ese marco que "se hizo la fiesta el 1° de enero con masiva concurrencia, la Municipalidad clausuró el evento, pero la fiesta continuó" y manifestó que "los organizadores no ignoraban los riesgos: sabían que los asistentes eran adolescentes y se vendió alcohol no autorizado".
Asimismo, explicó que en el predio donde se desarrolló la fiesta "había una gran pileta, lo que implicaba una fuente de peligro" y aseveró que "se permitió que se usara sin tomar recaudos para garantizar la salud y la integridad de las personas, no se contrató médicos, ambulancias, ni guardavidas y se dejó todo librado a la suerte".
"En ese contexto, se produjo el deceso de Emilia. Personal vinculado al evento sin capacitación intentó hacer maniobras de resucitación y luego del hecho la llevaron al hospital donde ingresó fallecida", precisó.
Uno de los testimonios salientes de la primera jornada fue la del tarjetero Juan Agustín Di Martino, quien fue uno de los encargados de la preventa de entradas para la fiesta. Fue el único que aportó un dato que complica a Piedrabuena y Haramboure, ya que, según el testigo, las entradas para vender se las entregaron dentro del boliche 737 que entonces regenteaban los acusados, pero no supo aclarar quién se las dio. Luego mostró una llamativa y extraña falta de memoria de la que tomaron nota los abogados de la familia de la víctima para analizar un posible planteo. En la sala de audiencias, luego de ese testimonio, quedó la sensación de un pacto de silencio sobre la noche platense.
