De la declaración que Guillermo Andreau realizó en el juicio oral que terminó con la condena en primera instancia de Mariano Bruera por asociación ilícita emerge la sospecha que desde las más altas esferas municipales sabían de la existencia de pedidos de coimas a particulares que querían lograr la rezonificación de sus tierras para realizar loteos y volcarlos al mercado inmobiliario para el desarrollo de viviendas. Eso motivó que tras las condena a su hermano, se abriera una nueva investigación al propio exintendente Pablo Bruera.
De acuerdo con la investigación del fiscal Jorge Paolini, los terrenos de Andreau eran considerados "reserva urbana" y, por lo tanto, se impedía el loteo en parcelas más pequeñas. Sin embargo, el Código de Ordenamiento Urbano (COU) redactado durante la gestión Bruera contemplaba que las parcelas de más de una hectárea se podían dividir por decreto sin pasar por el Concejo Deliberante y fue en ese marco que el empresario recibió la propuesta de lotear sus terrenos a cambio de una importante suma de dinero. "Yo había terminado los trámites de rezonificación, esa noche estaba con amigos tomando café en Bliss -la tradicional cafetería de City Bell- y recibo un llamado telefónico, salgo para hablar y cuando regreso les comento 'estos bandidos me quieren coimear' (para que se aprueben los expedientes de rezonificación), a lo que el martillero Santiago Mamberto me aconseja que radique la denuncia, así empezó todo", recordó el denunciante.
"Cuando fui a denunciar, el fiscal (Jorge) Paolini me dijo: 'Todos sabemos que en La Plata hay mucha corrupción, pero nadie se anima a denunciarla'. Y enseguida me dijo si aceptaba que me intervengan el teléfono y acepté. Yo nunca pensé que los iba a meter presos a todos, yo lo único que buscaba era que frenaran con los pedidos de coimas", aseguró Andreau. Con la denuncia radicada, siguió los consejos del fiscal, quien le dijo "hablá por teléfono con todos" y así se obtuvieron las escuchas telefónicas.
En ese derrotero de relaciones para lograr que avance la investigación, lo fue a ver al exfuncionario Jorge Campanaro. Cuando le comentó la situación, escuchó lo que se imaginaba. Según declaró bajo promesa de decir la verdad, sostuvo que Campanaro le respondió: "Esto es una colaboración que hay que hacer, dejame ver que lo voy a hablar con Pablo", en relación al exintendente Pablo Bruera, hermano de Mariano, uno de los acusados.
En otro pasaje de su relato, Andreau recordó otra promesa de Campanaro, quien le dijo según sus dichos: "Ahora Pablo (Bruera) está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer". Además, aseguró que el exfuncionario municipal tuvo un crecimiento exponencial en muy poco tiempo de su patrimonio personal y rememoró que existieron quejas por construir edificios sin tener las habilitaciones aprobadas. Sobre el pedido de coimas que recibió, dijo: "Me cuesta creer que todo termine en Campanaro", en referencia a que tiene la sospecha personal que la mayor parte de la presunta recaudación de sobornos terminaba en manos del entonces intendente.
Por estos dichos es que la fiscal solicitó que se extraiga copia del testimonio y se remita a la fiscalía en turno para que se abra una investigación sobre el exconcejal radical, abogado y empresario Campanaro, quien fue uno de los fundadores del Frente Renovador Platense con el que Pablo Bruera llegó a la intendencia de La Plata en el año 2007 y se despidió de ella en diciembre de 2015.
Los jueces del Tribunal Oral Criminal II de La Plata, Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Hernán Decastelli, hicieron lugar al pedido de la fiscal de juicio para que se reabra la investigación y se siga en línea ascendente de mando. La medida también alcanza a particulares que (se sospecha) habrían pagado coimas para lograr las rezonificaciones de sus tierras para volcarlas al mercado inmobiliario.
"Dispónese que se extraigan copias de la totalidad de la causa, conforme lo solicitado por la Sra. Fiscal de Juicio, y se remitan a la instancia de instrucción para que se pueda proseguir con las investigaciones y responsabilidades de los funcionarios públicos mencionados a lo largo del debate: Jorge Campanaro, (el abogado Lorenzo Jorge) Tomasi y Pablo Bruera incluso, como así también de los particulares involucrados", ordenaron desde la magistratura, según se detalla en la puntillosa resolución a la que accedió 0221.com.ar. La medida también puede alcanzar al ex funcionario Ricardo Ridick.
Los nombres de estos ciudadanos aparecen apuntados en la explosiva planilla Excel (que según la fiscalía acredita el pedido de sobornos) secuestrada en el marco de la investigación que llegó a juicio oral y finalizó con condena para los dos exfuncionarios Mariano Bruera y Enrique Sette.
La sentencia fue unánime pero el voto fue redactado por el juez Bernard quien consideró que al momento de la denuncia de los hechos juzgados "existía una administración municipal corrupta enquistada en funcionarios públicos, con distintos roles y funciones que se dedicaban a cobros indebidos de sumas dinerarias para otorgar la rezonificación de terrenos".
Para el juez, "en esta organización delictiva se encontraban funcionarios de alto rango dentro de la escala jerárquica del municipio y operadores de menor jerarquía para lograr estos fines espurios". En la resolución se deja en claro que existían dos ventanillas de cobros de sobornos: "Por un lado", la de Sette, Roberto Moreno, Raúl Moratti y Christian Ybarra, pero "por otro lado, la de (Jorge) Campanaro, que según sus aseveraciones tenía acceso directo e inmediato con el intendente Pablo Bruera".
