La Justicia frenó la venta de terrenos que la UNLP posee en la reserva natural de Santa Catalina, en el distrito de Lomas de Zamora, al hacer lugar a la medida cautelar presentada por la Municipalidad. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Civil y Comercial Número 3 de Lomas de Zamora que aceptó la medida cautelar de no innovar y ordenó a la UNLP suspender el proceso de venta, así como involucrar a las áreas competentes en materia ambiental del Estado Nacional y Provincial.
Los terrenos que la UNLP había puesto en venta forman parte de la denominada Reserva Natural Provincial Santa Catalina, la cual se extiende en unas700 hectáreas situada a pocos kilómetros del centro de Lomas de Zamora. Por su extensión y características es uno de los principales pulmones del conurbano bonaerense.
La Reserva Provincial comparte espacio con la Reserva Municipal Santa Catalina, y se ubica dentro de la Cuenca Matanza Riachuelo. Ambas reservas albergan uno de los últimos relictos de talar del conurbano, además de zonas de bosque mixto y pastizal pampeano.
Como informó 0221.com.ar, el conflicto comenzó luego de que se publicara un pliego de venta de una parcela de 15 hectáreas en dicho predio, lo cual generó una rápida reacción por parte de organizaciones ambientalistas que denunciaron que uno de los últimos pulmones verdes del sur del Conurbano bonaerense estaba en peligro. La polémica creció cuando el Ministerio de Medioambiente de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado manifestando su preocupación y sorpresa por la decisión de la Universidad.
Este sábado, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Federico Otermín, junto a la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar, y la intendenta interina de Lomas, Marina Lesci, informaron sobre la orden judicial que detiene el proceso de venta.
La ministra de Ambiente, Daniela Vilar, señaló que "Santa Catalina tiene un valor ambiental incalculable, es uno de los pocos pulmones verdes que quedan en el Conurbano Sur. Al ser propiedad del Estado, podremos implementar efectivamente la Reserva y preservar y cuidar los servicios ecosistémicos que son fundamentales para el bienestar de los habitantes de Lomas y de todo el pueblo bonaerense".
La intendenta interina de Lomas de Zamora, Marina Lesci, explicó que la licitación, que ahora está suspendida, "comenzó de manera engañosa al referirse a un Paisaje Protegido cuando en realidad estamos hablando de una Reserva Natural, lo que otorga al predio de Santa Catalina un estatus jurídico y de protección mucho mayor. Esto ha sido aclarado y destacado en la resolución judicial emitida por el juzgado".
Por su parte, Otermín expresó que "Santa Catalina es fundamental para nuestra generación, pero sobre todo para las generaciones futuras. Una ciudad mejor se logrará teniendo una Santa Catalina a disposición de los vecinos, a quienes agradecemos su preocupación ante la noticia de la venta de las tierras y queremos asegurarles que defenderemos la reserva".
Desde 2011, Santa Catalina ha sido catalogada como área protegida por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, a través de la Ley provincial 14.294. Sin embargo, las tierras son de propiedad privada, por lo que la implementación de la reserva ha estado sujeta al consentimiento de los propietarios para hacer efectiva la normativa provincial.
Semanas atrás, la UNLP, propietaria de parte de las tierras, inició una licitación para vender una parcela del bosque histórico. Ante esta situación, que atenta contra el objetivo de implementar la reserva, el Ministerio de Ambiente junto con el Municipio de Lomas de Zamora y el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, impulsaron un proyecto de ley para declarar la Reserva Santa Catalina de utilidad pública y expropiar las tierras de dominio privado.
El proyecto de ley de expropiación se basa en el artículo 9 de la ley de la reserva de Santa Catalina, que establece que en caso de oposición por parte del propietario a la declaración de reserva natural, el Poder Ejecutivo debe promover una declaración de utilidad pública sujeta a expropiación.
