Un platense lleva detenido 5 años en prisión preventiva y aunque tenía fecha de juicio oral para el año 2026, el debate fue adelantado para 2024. Su defensa, sin embargo, sostiene que están vencidos todos los plazos razonables de detención y ante este panorama solicitó su excarcelación o que llegue a debate bajo la figura de arresto domiciliario. Este jueves se realizó una audiencia clave en la sede del Tribunal Oral Criminal V de La Plata que fue presidida por la jueza Carmen Palacios Arias.
Héctor Ariel Martínez está involucrado en un caso de "homicidio agravado por el uso de arma de fuego" por un hecho ocurrido en la ciudad. Fue detenido en mayo del año 2018, tenía fecha de juicio oral para dentro de 3 años, pero el debate fue adelantado para 2024. Será juzgado mediante el mecanismo de juicio por jurados que fue solicitado por el propio acusado.
Ricardo Callabá, defensor del acusado, planteó la necesidad de otorgar la excarcelación o morigeraron por el exceso en la extensión del plazo razonable de la prisión preventiva “de acuerdo a lo dictaminado de la doctrina y jurisprudencia”.
Además, invocó el artículo 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. También se apoyó en el artículo 18 de la Constitución Nacional que, entre otros puntos, establece: “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”.
En su argumentación el letrado dijo que la prueba de cargo para el juicio “es muy escasa, casi nula” y que de manera “urgente” cese la detención en una cárcel común de acusado.
En la Fiscalía de Juicio se opusieron tanto a la excarcelación como al arresto domiciliario por entender, entre otras razones, que la pena en expectativa es muy alta y que no es desproporcionado el tiempo que lleva detenido en prisión preventiva.
"Queremos ir a juicio ya porque Martínez es ajeno al crimen, estamos seguros de su inocencia, pero no podemos seguir esperando más para el debate, por eso pedimos la audiencia en la que solicitamos que llegue a juicio en libertad", agregó el letrado en diálogo con este medio.
Por este hecho hay otro acusado. Se trata de Cayetano Nahuel Muiño quien es asistido por una abogada particular. La letrada también pidió el cese de la prisión preventiva para su asistida. La resolución está en manos de la jueza Palacios Arias.
Antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus los casos tardaban no menos de 3 años en llegar a juicio oral, ese era el tiempo mínimo. Luego de casi 2 años de una fuerte reducción del volumen de gestión a causa de la pandemia, las agendas de la magistratura volvieron a agravarse en relación a las demoras en llegar a un veredicto y eventual sentencia de primera instancia. Las causas son múltiples, pero se pueden enumerar como urgentes a solucionar la designación de magistrados (jueces, fiscales, defensores) en cargos vacantes por jubilación, la creación de nuevos tribunales orales. Esta tarea corresponde a los poderes Ejecutivos y Legislativo de la provincia de Buenos Aires.
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