
"Cuando lo asesinaron a Gonzalo, me asesinaron a mí. Por eso, le pido al jurado que reconozca que esto fue violencia institucional. A mi hijo lo asesinaron con alevosía. Necesito justicia por Gonzalo y sus amigos", pidió emocionada la mujer al declarar como testigo ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) IV de La Plata, Carolina Crispiani, quien modera el debate.
Juan Carlos Sansone, el papá de Danilo (13), otro de los jóvenes fallecidos, dijo que el hecho fue "una cacería" y que su familia "jamás volverá a ser feliz" luego de lo ocurrido.
"Fue una cacería. Es muy feo lo que estoy viviendo. Miren dónde estoy: pidiendo justicia por él", exclamó entre lágrimas.

Juan Carlos fue uno de los seis familiares de las víctimas que declararon durante la segunda jornada del juicio por jurados que se realiza en los tribunales platenses, ubicados sobre la calle 8 entre 56 y 57.
Su testimonio conmovió a todos los presentes en la Sala A de las oficinas judiciales e incluso hizo llorar a uno de los 12 jurados que atentamente escucharon su relato.
"Me quise matar más de dos veces por mi hijo. Ahora sigo adelante por ellos. No sé qué pasó esa noche, yo lo despedí de mi casa bien y me lo devolvieron un cajón todo tapadito, se le veía la carita nomás. Era lo único que no tenía lastimado. Era un ángel", continuó Juan Carlos, quien, al finalizar su relato, tuvo que ser asistido por un especialista en salud mental ya que manifestó sentirse "muy descompuesto".
Luego de él, fue el turno de su esposa, Gladys Ruizdía, que afirmó que mataron a su hijo "sin piedad y a sangre fría".

"Para que esto no vuelva a pasar, exijo perpetua. Arruinan vidas, arruinaron familias. Me mataron en vida", completó la mujer con la voz entrecortada e indicó que desde hace cuatro años continúa con custodia de la Gendarmería Nacional (GNA) ya que denunció haber recibido varias amenazas de muerte.
En la misma línea, Yanina Zarzoso, la mamá de Camila López (13), contó que le tiene "miedo" a la Policía y relató cómo se enteró del fallecimiento de su hija.
"La mamá de Rocío Quagliarello me llamó a las tres de la mañana y me dijo que las chicas habían tenido un accidente. Yo pensé que se había caído de la bicicleta. Entonces fui pensando en eso. Estaba enojada y estaba pensando en que la tenía que retar. Pero en el hospital me enteré de la peor noticia que me podrían haber dicho en mi vida", recordó.

El hermano de Aníbal Suárez, otras de las víctimas, señaló que la Policía Local había extorsionado a su hermano un mes antes del hecho tras haberlo detenido porque no poseía los papeles en regla de su automóvil, y le había exigido el pago de "una coima de 35.000 pesos".
COIMAS POLICIALES
El testimonio de Emanuel Suárez se registró durante la mañana en la segunda audiencia del juicio por jurados que tiene como imputados al excapitán de la Policía Bonaerense Rubén Alberto García y a los oficiales Leandro Ecilape, Mariano Ibáñez y Manuel Monreal, quienes llegan detenidos como coautores del homicidio de Aníbal Suárez (22), Danilo Sansone (13), Gonzalo Domínguez (14) y Camila López (13), y la tentativa de homicidio de Rocío Quagliarello (entonces de 13 años), quien se salvó de milagro y presencia todas las audiencia de debate junto a su madre.
Emanuel Suárez, hermano menor de la víctima, se sentó ante los 12 jurados y la presidenta del Tribunal, con una expresión seria en su rostro y los brazos entrecruzados.
Su testimonio evidenció un fuerte contraste con el alegato de apertura de la defensa de los policías imputados, que precisamente le endilgó la responsabilidad de los hechos a Aníbal Suárez, a quien acusó de manejar en estado de ebriedad, de huir de la policía tras conducir en zigzag, a la vez que manifestó que ese joven "también emborrachó a los adolescentes".
"La última vez que lo vi a Aníbal fue el domingo 19 de mayo a la noche. Era changarín, albañil. Nos habíamos venido de Misiones a Monte por trabajo un año atrás. Quería ayudar a su mamá que seguía viviendo allá", explicó Emanuel, que vistió un buzo canguro rojo y unos pantalones de jean durante la audiencia.
Allí, el joven señaló que Aníbal había cambiado su moto por un Fiat 147 poco tiempo antes del hecho y recordó que los policías de la zona solían generarle problemas con los documentos del vehículo ya que Suárez no había cambiado su domicilio legal a San Miguel de Monte.
En ese contexto, Emanuel refirió una situación ocurrida dos meses antes de la denominada "Masacre de Monte" en la que agentes bonaerenses lo detuvieron junto a su hermano Aníbal: "La Policía nos hizo seña de luces y nos llevaron a la comisaria. Ahí nos empezaron a apretar porque teníamos el domicilio en Misiones. Que teníamos que pagar una multa para salir. Como no teníamos domicilio en Monte, nos dijeron que iban a dejarnos detenidos".
Sin embargo, el hermano de Aníbal afirmó que los policías ofrecieron a liberarlos a cambio de que les paguen 35.000 pesos: "Les dimos 5.000 pesos que, para nosotros, era mucha plata".

Al respecto, Emanuel agregó que su hermano no tenía multas, aunque admitió que "no tenía licencia de conducir" ni el seguro del vehículo al día.
El tío de Aníbal, Hugo Suárez, declaró minutos después que estaba al tanto que el auto de su sobrino "tenía el seguro vencido. No se lo quisieron asegurar por el mismo tema del domicilio".
"La pérdida de Aníbal significó mucho para mí. Era un hijo más, estaba con mi hijo. Para mis hijos era como un hermano más. No tenía maldad", manifestó con emoción y con la voz entrecortada Hugo, quien dijo que vive en San Miguel del Monte desde hace 18 años, donde trabaja como albañil.
TESTIGO CLAVE
Jonathan Coria Peralta, un empleado de una pizzería frente a la Municipalidad de San Miguel del Monte, también complicó la teoría del caso de la defensa ya que relató que aquella noche pasó con su vehículo al Fiat 147 en el que viajaban las víctimas, y manifestó que "el auto circulaba de forma normal" y aclaró que "no iba en zigzag".
"Eso fue después de las 12, cuando terminé mi turno. Yo tenía un Ford Escort y pasé al 147 del choque por la Costanera. Yo iba a 70 kilómetros por hora y el Fiat iba más lento. Antes había visto a dos chiquitos empujar ese auto porque se había quedado frente a la plaza principal", afirmó Coria Peralta.
EL CASO
La denominada "Masacre de San Miguel del Monte" ocurrió la madrugada del 20 de mayo de 2019, cuando efectivos de la comisaría local persiguieron a lo largo de la colectora de la ruta 3 a un Fiat 147 en el que viajaban cuatro adolescentes, tres de 13 años y uno de 14, junto a un joven de 22.
Los cinco chicos escuchaban música cuando los oficiales comenzaron a perseguirlos sin motivos y, de acuerdo a los registros de las cámaras de seguridad del municipio, a dispararles, ya que se observó a un efectivo en el lugar del acompañante de la patrulla, con medio cuerpo afuera y en actitud de disparo.

A raíz de ello, el auto en el que iban los jóvenes chocó contra un acoplado que estaba detenido en la ruta.
En los lineamientos de la acusación, el fiscal de juicio Mariano Sibuet dijo que los policías imputados cometieron un "acto atroz", que actuaron de manera "inmotivada" y afirmó que las víctimas, "al verse rodeadas", vivieron momentos de "terror, angustia y miedo", por lo que le solicitó al jurado popular que "emitan un dictamen justo para hacer honor a la justicia".