El Gobierno resolvió suspender la Ley de Alquileres por ser "perjudicial" para inquilinos y propietarios y "afectar" el mercado inmobiliario al provocar que los alquileres alcancen una suba del orden del 245% desde su entrada en vigencia en 2020. La decisión la tomaron entre el presidente Alberto Fernandez y el ministro de Economía Sergio Massa y serían anunciada en las próximas horas, una vez que se resuelvan con qué herramienta reemplazarla.
Fue un proyecto impulsado por el actual legislador bonaerense, el platense Daniel Lipovetzky, cuando era diputado nacional. Esa norma estableció cambios en el mercado inmobiliario al extender la duración de los contratos de dos a tres años y convalidar una única actualización anual del valor conforme a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación. La misma fue aprobada en noviembre de 2019 por la Cámara de Diputados, pero fue sancionada por el Senado en junio del 2020.
Una de las principales consecuencias que acarreó su entrada en vigencia fue que los propietarios, ante la incertidumbre, subieron los precios de los nuevos contratos por encima de la inflación y pocos meses después la oferta en el mercado había disminuido con precios más altos.
En este contexto, diversos sectores empezaron a plantear la necesidad de generar cambios e incluso se llegó a usar como lema en la campaña para las elecciones legislativas de la oposición. A fines del 2021, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que impulsaría una modificación de la misma y la creación de una comisión para analizar el tema. En la apertura de las sesiones del Congreso del 2022, el propio presidente solicitó avanzar con cambios en la Ley y hasta se barajó la posibilidad de suspenderla durante 90 días.
Pero pese a que desde su entrada en vigencia fueron presentados cerca de 30 proyectos para su modificación o derogación, no se logró resolver nada. Así mismo, a mediados del 2022 se firmaron tres dictámenes, uno de mayoría del Frente de Todos y otros dos de minoría, de Juntos por el Cambio y de la diputada Graciela Camaño del Frente Renovador. La propuesta que logró mayoría no propone una modificación para los puntos más polémicos de la Ley -que son el plazo de tres años ni al ajuste anual-.
Mientras el debate sigue, la vigencia de la ley de Lipovetzky sigue perjudicando a los inquilinos. Desde abril entraron en vigencia nuevos aumentos para los contratos que se debían renovarse, por lo que un inquilino que acordó en abril de 2022 un alquiler de $50.000 por un inmueble en La Plata, con el aumento del 92,5% interanual estipulado para este año pasará a pagar $96.250. Los contratos renovados en marzo ya habían alcanzado un 89,6% de aumento, mientras que en febrero y enero alcanzó el 86% y 81% respectivamente.
