Con el alegato de las defensas de los exfuncionarios municipales de La Plata Enrique Sette y Gustavo Petró, más las réplicas de la fiscalía de juicio y dúplicas de las defensas, culminará uno de los juicios orales sobre presunta corrupción política que más impacto generó en la capital de la provincia de Buenos Aires. Luego los cuatros acusados (Mariano Bruera, Gustavo Orlandi, Sette y Petró) tendrán la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que los jueces se retiren a deliberar.
Tras su puntillosa exposición, la fiscal de juicio Victoria Huergo requirió ocho años de prisión para Sette (asociación ilícita, exacciones ilegales y cohecho pasivo), seis años para Bruera (asociación ilícita), cuatro años a Petró (asociación ilícita) y tres años de ejecución condicional para el empresario Orlandi (cohecho activo). Además, solicitó la detención de los tres exfuncionarios públicos, quienes ya tuvieron un paso por el presidio y otra etapa en arresto domiciliario.
Como agravantes de la pena, Huergo valoró en el caso de Bruera, Sette y Petró su calidad de funcionarios públicos al momento de los hechos y "las sumas millonarias, tremendas, de dinero que pedían" como sobornos para que se aprobaran los expedientes de rezonificación de tierras en La Plata.
Para su alegato, la fiscal desplegó una pantalla gigante en la que exhibió alrededor de 90 diapositivas con el detalle de las pruebas, entre ellas la explosiva planilla Excel donde se detallaban el estado de las negociaciones de los pedidos de sobornos y cómo se iba a repartir el dinero entre todos los concejales de La Plata. También reprodujo audios de escuchas telefónicas en las que Mariano Bruera ordenaba "pasar la gorra" y "hacer una jugadita".
Para la acusación existió una "organización estructurada que rendía dividendos llegando a las más altas esferas" de la administración municipal. Para ello, usaron el Código de Planeamiento Urbano. "Se valieron de una herramienta legal con fines ilícitos", alegó la funcionaria judicial.
También habló de "varias ventanillas" que solicitaban esos sobornos, además de los acusados mencionó a los exfuncionarios Jorge Campanaro y un abogado al que identificó como (Lorenzo Jorge) Tomasi que era director general de Servicios Técnico Administrativo.
En varios pasajes del primero de los tramos de su exposición recordó que en esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado Roberto Moreno y Christian Ybarra por "asociación ilícita", entre otros delitos. Y remarcó la existencia de la polémica planilla Excel a la que calificó como "una organización contable para pedir coimas".
Para Huergo, se trató de un negociado con "cifras millonarias en dólares que nunca pudo ser un negocio exclusivo de los segmentos más bajos de la Municipalidad". Los casos de corrupción son "estructuras enquistadas en las administraciones públicas de casi todo el país", disparó la representante del Ministerio Público y recordó que "nadie pudo identificar que hacía Mariano Bruera en la gestión" al tiempo que lo señaló como una de las "máximas personas de confianza del entonces intendente Pablo Bruera".
LAS DEFENSAS
"Fue una tarea por demás compleja porque he tenido que defender a Mariano Bruera de meras conjeturas forzadas carentes de elementos objetivos", comenzó su exposición el defensor Alejandro Montone, quien sostuvo que en esta causa hubo un "quebrantamiento del derecho a defensa en juicio".
Para esa parte durante el debate "no se acreditó la existencia de una asociación ilícita" y "no hay pruebas que apunte a Mariano Bruera" a quien llamó "doctor" en varias partes de su alegato en referencia a su profesión de médico.
También mostró su enojo con la fiscal quien intentó sumar como prueba la condena dictada por un juez del Tribunal Oral Criminal I de La Plata que recayó sobre Moreno e Ybarra.
Sobre las escuchas telefónicas (que no desconoció) señaló que la expresión "hacer una jugada" por parte de Bruera lo dijo en relación a solucionar un problema para obtener rédito político. En tanto sobre la polémica frase "pasar la gorra para algunos lugares" alegó que se trataba de una colecta para tareas sociales con fines solidarios.
Montone pidió la absolución de su asistido y como planteo subisidiario en caso de condena que se aplique el mínimo de la escala penal del delito de asociación ilícita, es decir, tres años y que se valoren como atenuantes de la pena que siempre estuvo a disposición judicial, su calidad de médico, que tiene hijos menores y su familia constituida.
Este jueves la defensa de Orlandi, procesado por el presunto pago de una coima para lograr la rezonificación de media hectárea en la localidad de City Bell, solicitó la absolución por entender que “resulta imposible acreditar con el grado de certeza necesario” que se produjo el pago del soborno a cambio de la aprobación del expediente.
Los abogados Marcelo Peña y Analía Franchino aseveraron que la acusación se sostiene en base a "pruebas efímeras, endebles, parcializadas y sectorizadas" y calificaron a la imputación como "pueril".
Para el letrado Peña la fiscal de juicio Victoria Huergo "no buscó la verdad jurídica objetiva" y subrayó que "la falta de certeza no destruye el principio de inocencia" que pesa sobre su asistido.
La acusación en este juicio está basada en prueba documental, en la denuncia que abrió la causa, en testimonios y en los audios de escuchas telefónicas. La defensa del empresario se lamentó "que no le intervinieron el teléfono a Orlandi" porque "se hubiera caído la causa" que pesa sobre el empresario.
Tras su alegato Peña solicitó la absolución de su asistido y como planteo subsidiario ante una eventual condena se aplique el mínimo de la pena que para este delito (cohecho activo) es de un año de prisión. La fiscal requirió que sea de tres años de prisión condicional.
En el allanamiento realizado el 7 de julio de 2014 en la Municipalidad de La Plata se secuestró en la Dirección de Planeamiento del expediente 4061-9187/14 iniciado por Orlandi el 9 de abril de ese año en el que solicitaba la rezonificación de lote de terreno. Fecha que coincide con lo que surge de las escuchas, mensajes de textos y mails intercambiados entre los condenados Ybarra, Moreno y el fallecido Moratti.
La fiscal dio por probado que en fecha cercana al 5 de junio de 2014 Orlandi entregó a Ybarra la suma de 10.000 dólares con el objeto de obtener la rezonificación de un lote ubicado en calles 158 entre 470 y 471.
El debate está a cargo del Tribunal Oral Criminal II de La Plata presidido por la jueza Silvia Hoerr e integrado en esta oportunidad por los jueces Claudio Bernard y Hernán Decastelli.
La investigación se inició en el año 2014 tras la denuncia de Guillermo Andreau, quien intentó cambiar la zona asignada a sus tierras con el objetivo de lotearlas y ponerlas a la venta para beneficiarios del exitoso plan nacional de viviendas Procrear, impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero le solicitaron el pago de 220.000 dólares para la aprobación del expediente mediante un decreto con la firma de Sette y el entonces intendente Pablo Bruera. La causa fue un escándalo. A tal punto que el entonces funcionario nacional Diego Bossio llegó hasta la capital provincial para aclarar el gobierno federal era ajeno a la maniobra, poner a disposición judicial toda la documentación que requiriera y ayudar a que los beneficiarios del plan de viviendas puedan avanzar en la concreción de la escrituración de sus lotes donde iban a construir sus viviendas y cumplir con el sueño de la casa propia.
