Con la finalización del alegato de la fiscalía de juicio, este lunes por la tarde se realizará otra audiencia del juicio oral para los exfuncionarios municipales Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y el empresario Gustavo Orlandi. Los tres primeros están acusados de "asociación ilícita", entre otros delitos, mientras que el particular debe responder por cohecho activo, es decir, pagar un soborno.
En la audiencia del pasado martes 11 de abril, la acusación sostuvo: "La prueba tiene muchos resortes que tocan a todos los imputados". En apenas 11 palabras y sin decirlo de manera textual, la fiscal de juicio Victoria Huergo dio a entender que pedirá condenas para todos.
Al igual que el SMN, la Municipalidad de La Plata elevó a amarillo el alerta por lluvias durante la madrugada y la mañana del lunes. Piden extremar los recaudos.
Bajo alerta amarillo, La Plata tendrá una jornada inestable con lluvias de variada intensidad, posibles chaparrones fuertes y condiciones adversas.
La causa se inició en el año 2014 tras la denuncia de Guillermo Andreau, quien intentó cambiar la zona asignada a sus tierras con el objetivo de lotearlas y ponerlas a la venta para beneficiarios del exitoso plan nacional de viviendas Procrear, impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero le solicitaron el pago de 220.000 dólares para la aprobación del expediente mediante un decreto con la firma de Sette y el entonces intendente Pablo Bruera. La causa fue un escándalo. A tal punto que el entonces funcionario nacional Diego Bossio llegó hasta la capital provincial para aclarar el gobierno federal era ajeno a la maniobra, poner a disposición judicial toda la documentación que requiriera y ayudar a que los beneficiarios del plan de viviendas puedan avanzar en la concreción de la escrituración de sus lotes y viviendas.
Huergo desplegó una pantalla gigante en la sala de audiencia del fuero Penal plata donde mediante un proyector expuso de manera gráfica cada una de las pruebas que apuntan a los acusados. También reprodujo más de 20 escuchas telefónicas obtenidas de manera legal durante la etapa de instrucción.
Para la acusación existió una "organización estructurada que rendía dividendos llegando a las más altas esferas" de la administración municipal. Para ello, usaron el Código de Planeamiento Urbano. "Se valieron de una herramienta legal con fines ilícitos", alegó la funcionaria judicial.
También habló de "varias ventanillas" que solicitaban esos sobornos, además de los acusados mencionó a los exfuncionarios Jorge Campanaro y un abogado al que identificó como (Lorenzo Jorge) Tomasi que era director general de Servicios Técnico Administrativo.
En varios pasajes del primero de los tramos de su exposición recordó que en esta causa ya fueron condenados en juicio abreviado Roberto Moreno y Christian Ybarra por "asociación ilícita", entre otros delitos.
Para Huergo, se trató de un negociado con "cifras millonarias en dólares que nunca pudo ser un negocio exclusivo de los segmentos más bajos de la Municipalidad". Con todo los expuesto hasta ahora no se descarta que al finalizar su alegato pida la apertura de una nueva investigación para indagar la conducta de otros ex altos funcionarios municipales que hasta el momento siguen indemnes. Motivos para sospechar hay de sobra.
CONTEXTO DE EXPEDIENTE
Tal como informó 0221.com.ar, la acusación está estructurada en intervenciones telefónicas en las que se escucha a Mariano Bruera ordenar "pasar la gorra" y hacer "jugaditas" junto a un exempleado del área de Planeamiento Urbano, Roberto Moreno, quien ya fue condenado en el marco de un juicio abreviado. Esta condena pone contra las cuerdas al resto de los acusados.
Julia Martínez fue la instructora judicial del caso. En su primera declaración confirmó que en el año 2014 junto al fiscal Jorge Paolini le tomaron la denuncia a Guillermo Andreau quien se presentó en la sede de la ex Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata para evidenciar que desde la comuna local le solicitaron un suculento soborno, en rigor, le pedían 220.000 dólares para rezonificar dos terrenos (uno en Los Hornos y otro en City Bell) que el denunciante quería lotear y poner a la venta a beneficiarios del plan Procrear.
En las intervenciones realizadas sobre el teléfono de Moreno se lo oye a Mariano Bruera que le ordena: "Tenés que salir a pasar la gorra". En ese celular estaba agendado el contacto de Bruera, quien utilizaba un teléfono que no estaba a su nombre, sino de un familiar que además tenía varios equipos bajo su titularidad, pero su identidad se mantendrá en reserva porque no fue parte de la investigación que llegó a juicio.
En otra escucha Bruera le sugiere a Moreno que "podemos hacer una jugadita, yo te banco", en relación a la rezonificación de unos terrenos en la zona norte del Gran La Plata, lo que podría demostrar el sostenimiento político de Bruera en relación a Moreno.
"Moreno y Bruera hablaban en claves como 'pasar la gorra', 'hacer una jugadita'", explicó la funcionaria judicial Julia Martínez, quien recordó que en otra intervención realizada sobre el celular del fallecido Raúl Moratti este le decía a una mujer que quería rezonificar tierras: "Si tenés algún tema directo yo trabajo con (Enrique) Sette, si tenés algo más gordo lo hablo con Mariano Bruera".
Durante la investigación se allanaron varias oficinas del Palacio Municipal. En el despacho de Moreno se secuestró el expediente de rezonificación de media hectárea que había iniciado el acusado Orlandi a quien le pedían 10.000 dólares de soborno. En una escucha entre Moratti e Ybarra se oye: "Le vamos a hacer una rebaja". El empresario está señalado por "cohecho activo", es decir, pagar un soborno.
En otra intervención sobre el teléfono de Moreno se estableció que Gustavo Petró lo consultaba "por rezonificaciones". Petró fue director de Obras Particulares, cargo al que renunció en diciembre de 2013, pero según refirieron trabajadores de esa oficina "seguía cumpliendo funciones, iba todos los días a su oficina". Por esa escucha y esos testimonios es que está acusado de "asociación ilícita".
Fuentes judiciales señalaron que "resulta poco creíble que semejante nivel de organización termine solo en los empleados ya condenados y en el arquitecto fallecido, esos dineros subían a esferas más altas de la exgestión bruerista".
UNA VOZ EN EL TELÉFONO
Los allanamientos y las escuchas telefónicas son dos de las herramientas que tienen los investigadores para avanzar en las denuncias de casos de corrupción. Una de las dudas que flota en el fuero Penal de La Plata es por qué el fiscal Paolini no pidió la intervención del teléfono de Mariano Bruera. Esa pregunta fue realizada por el juez Claudio Bernard a la testigo Martínez que dio una respuesta para el asombro: "Con la negativa de juez del caso a la prórroga de las escuchas telefónicas al teléfono de Moreno interpretamos que el juez no iba a ordenar la intervención de los teléfonos de Sette y Mariano Bruera", recordó la funcionaria judicial
En la primera parte de su testimonio, Martínez recordó que el exfuncionario Jorge Campanaro "aparece mencionado en escuchas telefónicas" y en otras el exladero del intendente Pablo Bruera dijo: "Vos quedate tranquilo". Este dato complementa la versión aportada por el denunciante Andreau que en su testimonio de la primera audiencia del juicio oral aseveró que Campanaro expresó: "Esto (pagar el soborno) es una colaboración que hay que hacer, dejame que lo voy a hablar con Pablo", y luego la víctima de corrupción recordó que la respuesta fue "ahora Pablo Bruera está ocupado, dejame hablar con él para ver qué quita te podemos hacer". Todo esto quedó plasmado en la Investigación Penal Preparatoria y fue confirmado en todas las instancias. Además, quedó registrado en la filmación del debate en curso que dispuso el Tribunal Oral Criminal II de La Plata, integrado para este caso por la jueza Silvia Hoerr y sus pares Claudio Bernard y Hernán Decastelli.
Otro de los puntos oscuros del caso en general fue el escenario encontrado durante los allanamientos en el Palacio Municipal. "Estaba todo limpio y ordenado en los despachos", recordó la testigo. Se sospecha que alguien dio aviso de los allanamientos que iban a realizarse. En la causa existe un informe de la instructora que detectó un llamado telefónico de un juez de Garantías ajeno a la causa con un exfuncionario municipal. El juez natural del caso ordenó la apertura de una investigación, pero esa causa fue archivada. Si en este juicio oral aparecen nuevos elementos de prueba ese expediente se puede reflotar para que avance la investigación sobre ese magistrado cuyo nombre se mantiene en reserva ya que no fue imputado de ningún delito.