Lo que parecía iba a ser una jornada de poca trascendencia en el juicio oral para Mariano Bruera y los exfuncionarios municipales Enrique Sette y Gustavo Petró, acusados de diversos delitos, terminó en un fuerte contrapunto entre las defensas y la fiscal de juicio Victoria Huergo en relación a la planilla Excel donde está todo prolijamente detallado: cuántos eran los montos de las coimas, el estado de las negociaciones y cuánto valía el voto de cada concejal del cuerpo deliberativo platense para aprobar las rezonificaciones, sin distinciones de oficialismo u oposición. Un documento impactante con ribetes escandalosos.
Juan Di Nardo, abogado defensor de Sette, sostuvo que finalmente pudo acceder a la planilla cuestionada y que fue analizada por un licenciado en informática quien le adelantó que, según ese profesional, el documento contiene “graves inconsistencias” y solicitó que el futuro informe a presentar sea incorporado como prueba nueva. La fiscal no se opuso pero aclaró que si ese profesional es citado a declarar ella convocará a la exinstructora judicial Julia Martínez y al licenciado en informática y abogado Sergio Carriquiriborde para que den la versión de la acusación.
Durante la investigación se secuestró una computadora del exfuncionario Raúl Moratti en la que se encontró la planilla Excel. Se trata de una de las pruebas claves de la acusación que la defensa intenta por todos los medios desacreditar, pero ese documento ponderado por el fiscal de instrucción Jorge Paolini ya fue avalado por el juez de Garantías del caso y los al menos dos jueces de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata que avalaron toda la investigación.
Además por este hecho ya fueron condenados en juicio abreviado Christian Ybarra y Roberto Moreno, mientras que se dictó el sobreseimiento de Moratti por extinción de la causa penal a raíz de su fallecimiento en el año 2018.
TESTIGOS
Durante la audiencia de este viernes declararon cinco testigos de concepto. Uno de ellos fue el arquitecto Leandro Fuccile quien fue compañero de cátedra de Petró en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Señaló al acusado como “un buen tipo, sincero” y sostuvo que “nunca le solicitó dinero” para el trámite de división de dos hectáreas en la localidad de Los Hornos.
No supo explicar con claridad cómo fue la secuencia de consultas que hizo en la Municipalidad de La Plata para realizar el trámite pero recordó que acudió a Petró porque lo conocía de la actividad académica. Pero en la causa existe escuchas telefónicas reveladoras. En uno de los audios “Petró le pregunta a Moreno si lo de lo de Fucile va viento en popa”, a lo que el condenado Moreno responde que sí, “que se iban a reunir el fin de semana de vuelta”.
- Moreno: “El chico no sabía si dividir la tierra o hacer un PH”.
- Petró: “Hay que llevarlo, vos entendés que hay que llevarlo (…) convercerlo que lo haga”.
En el requerimiento de juicio el fiscal Paolini se preguntó: “¿Qué interés pueden tener estos sujetos en que un particular se decida a solicitar la rezonificación de un terreno si no es a cambio de ‘algo’?”.
“El contexto en que se da esta charla, la naturaleza de la información requerida por uno y brindada por el otro, la alusión a reuniones con los interesados incluso en días inhábiles -fin de semana-, conducen sin hesitación alguna a concluir en la existencia de solicitudes de dinero a cambio de rezonificaciones, también en estos casos”, concluyó el fiscal. Y para mayores datos recordó lo manifestado por Moratti “quien, a no olvidarlo, era el empleado de la Dirección de Planeamiento encargado de recaudar el dinero de las coimas. En más de una oportunidad se lo escuchó diciendo que ‘no sale nada sin plata’, o que no sale nada sin ‘una inversión inicial’”.
A esto se suma la escucha telefónica a Mariano Bruera en la que se lo oye dar la orden a Moreno de "pasar la gorra" y que él (Bruera) sigue "bancando todo".
Además, la acusación cuenta con las declaraciones de testigos calificados como las instructoras judiciales (Leticia Bramuglia y Julia Martínez), un agrimensor que describió la ruta de las firmas y el perito informático de la Policía Judicial. Además el propio denunciante que confirmó el pedido de coimas e involucró en la maniobra al exsecretario de Gestión Pública Jorge Campanaro y al exintendente Pablo Bruera.
Lo detallado son solo algunas de las evidencias de cargo a las que deben sumarse todas las piezas procesales que se incorporaron para lectura de los jueces que deberá dar el veredicto de primera instancia.
La causa se inició en el año 2014 tras la denuncia de Guillermo Andreau, quien intentó rezonificar varias hectáreas de tierra con el objetivo de lotearlas y ponerlas a la venta para beneficiarios del exitoso plan nacional de viviendas Procrear impulsado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Según la causa penal que instruyó Paolini, cuando Andreau empezó con los trámites le solicitaron un soborno de unos 200 mil dólares para que el expediente sea aprobado.
La próxima audiencia fue acordada para el martes 28 de marzo a las 10:30 horas.
