El juicio oral por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado a golpes por una patota de rugbiers en Villa Gesell, tiene una fuerte presencia platense no solo porque los ocho acusados estuvieron detenidos en la alcaidía de Melchor Romero, sino porque desde el inicio de la causa los abogados que asisten a los padres del joven asesinado son oriundo de la capital provincial y egresados de la Universidad Nacional de La Plata.
La representación legal de María Graciela Sosa y Silvino Báez está en manos de los abogados platenses Fernando Burlando, Fabián Améndola, Delfina Burlando y Facundo Améndola. Los cuatro profesionales están en el expediente desde la foja uno.
Para el juicio oral el equipo jurídico de la primera jornada estuvo compuesto por Fernando Burlando, Fabián y Facundo Améndola a los que se sumaron Martín Leguizamón (primer abogado argentino que demandó a Google) y su hijo Bautista Leguizamón.
En sus lineamientos acusatorios Burlando aseguró que los imputados “acordaron y planearon emboscar con la intención de matar a Fernando Báez Sosa. Lo hicieron luego de un incidente menor dentro del local bailable Le Brique, donde la víctima y las personas que la acompañaron intentaron calmar los ánimos, evitar una pelea, recomponer la situación”.
“Pese a esto los acusados tomaron una decisión: tomaron la decisión de matar y mataron. A partir de hoy vamos a demostrar que el asesinatos de Fernando Báez Sosa tuvo como mecánica un asalto por ambos flancos de la víctima, luego se espera que el personal policial que vigilaba la zona se retirara del lugar para así facilitar la tarea y así matar sin riesgo y sobre seguro”, continuó.
“Vamos a demostrar que los acusados tendieron esa noche un verdadero cerco humano con la finalidad de poder asegurarse actuar sobre seguro y tener certeza que su presa no iba a poder eludirlos y mucho menos contar con ayuda, ayuda que demostraremos que otras personas quisieron otorgarle y no pudieron debido a la muralla infranqueable que construyeron sobre la víctima. El crimen fue una lisa y llana ejecución. No estuvieron dispuestos a detener su accionar hasta no ver sin vida al individuo. Cada golpe aplicado tenía un destino y un fin: matar”, siguió.
Así, Burlando incluso pidió la prisión perpetua para los ocho imputados. La presidenta del Tribunal lo corrigió, al decir que “no es un alegato”, es decir, que no es el momento en el proceso para el pedido de pena.
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