Con la enunciación de los lineamientos de la acusación y de las defensa, comenzó este lunes el juicio oral para el exjuez de Garantías de La Plata, César Ricardo Melazo, acusado de integrar una asociación ilícita. Junto a él, serán juzgados expolicías, barras, narcos, un lobista y un entregador de víctimas, entre otros rubros de la presunta empresa criminal.
En la lista se anotan el excomisario mayor Gustavo Bursztyn (hasta su captura prestaba servicios en el Comando de Patrullas) y el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena (ya cesanteado por otra causa); Javier Ronco; Ángel Custodio "Pipi" Yalet; Adrián "Quichua" Manes (detenido por homicidio); Carlos Bertoni (hermano del jugador de fútbol campeón del mundo ); Carlos "Macha" Barroso Luna; Héctor "Pepe" Vega, Martín Ezequiel "Gaucho" Fernández; Enrique Edgardo "Quique" Petrullo.
Tras un domingo con clima estable, se espera un cambio en las condiciones con la llegada de posibles tormentas y lluvias en La Plata y la región.
Edelap realizará trabajos este lunes en el centro de La Plata y advirtió que podrían registrarse cortes de luz en la zona afectada durante varias horas.
Según se desprende de la investigación penal, los procesados integraban una banda de delincuentes que "tomaron parte de una asociación" ilícita destinada a cometer "robos bajo la modalidad de escruche, robo de autos, su posterior reducción; adulteración y venta, comercialización de estupefacientes, con un mismo modus operandi, con división y organización de tareas" y precisó que "algunos de ellos, en su condición de efectivos policiales, aseguraban la zona, entregaban los trabajos y brindaban cobertura policial". El resto, a criterio de la fiscal, "conformaban grupos o parejas de trabajo que llevaban a cabo los hechos ilícitos".
La división de roles que surge del expediente indica que los policías Bursztyn y Mena liberaban las zonas para los robos de autos, fábricas y viviendas marcadas; Bertoni marcaba potenciales víctimas y ayudaba con los vehículos robados mellizos haciendo pasar choques de los autos de los integrantes por otro siniestro. La mano de obra, logística, teléfonos y armas de fuego las aportaban Ronco, Yalet, Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández.
El expolicía Mena y Manes vendían drogas. En tanto, Petrullo -siempre según el expediente judicial- era uno de los nexos con el juez de Casación bonaerense, Martín Ordoqui quien, se sospecha, otorgaba arrestos domiciliarios a cambio de fuertes sumas de dinero. El magistrado fue notificado de la investigación, pero no fue detenido porque posee fueros, pese a que fue suspendido por la Suprema Corte bonaerense. Este lunes fue destituido de su cargo tras el juicio político donde el Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte-Grand, solicitó su expulsión de Poder Judicial.
La causa fue elevada para su debate oral y público y quedó radicada en el TOC II de La Plata, integrado para estos expedientee por Silvia Hoerr, Santiago Paolini y Andrés Vitali.
La acusación oficial es de los fiscales Victoria Huergo y Mariano Sibuet. Junto a ellos estarán los abogados Damián Barbosa y Sebastián Bouvet en representación de la familia de Juan Roberto Farías, víctima de homicidio, se sospecha, por parte de los integrantes de la banda que contarían con protección judicial.
Las defensas están en manos de los abogados Bruno Strassera, Christian Romano, Juan Pesquera, César Albarracín, Marcelo Peña, Adrián Mazzocchini y Laura Corporaal junto a las defensoras oficiales Victoria Palomino y Ana Julia Cova.
LA GÉNESIS
A mediados del año 2014 la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de La Plata cambió de titularidad. El fiscal Tomas Morán (hoy detenido) pasaba al área de Flagrancia y al poco tiempo de esa mudanza de funciones, se jubiló. Su lugar fue ocupado por la fiscal Betina Lacki, quien ya contaba con más de 15 años de experiencia como instructora judicial y fiscal de Flagrancia. La funcionaria nunca se imaginó ni en sus peores pesadillas lo que ocurría en varios expedientes judiciales que se apilaban en los anaqueles de esos despachos del viejo edificio de Vialidad provincial, de avenida 7 entre 56 y 57.
A poco de hacerse cargo de la fiscalía notó varias irregularidades. Su predecesor en el cargo no utilizaba el Servicio Informático del Ministerio Público (SIMP), herramienta digital para seguir el decurso de los expedientes en el fuero Penal. Había una orden de Moran a sus empleados de no utilizarlo. Mientras comenzaba a emprolijar el funcionamiento de la repartición, la fiscal recibió la visita de los padres de Juan Farías, asesinado en un presunto ajuste de cuentas en la madrugada del 1 de diciembre de 2010, en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Querían saber si había avances en la investigación. Por este hecho están acusados Bursztyn (como instigador del hecho), Mena, Manes y Vega (autores del crimen) mientras que Barroso Luna y Fernández "resultan ser partícipes necesarios del mismo", según la fiscalía de juicio.
"Costó mucho encontrar ese expediente", recordó la fiscal Lacki en su testimonio brindado en el marco del juicio político al juez de Casación bonarense, Martín Manuel Ordoqui. A poco de comenzar a estudiar el expediente (uno de los tantos de la pesada herencia recibida) notó situaciones extrañas. Comenzó a sospechar de una presunta connivencia policial. Ante este panorama corrió a la Policía bonaerense del caso y requirió el auxilio de fuerzas federales. "Fue una larga batalla pero se consiguió primero el apoyo de la Policías de Seguridad Aeroportuaria y después de la Policía Federal", recordaron las fuentes del caso consultadas.
Las sospechas se convirtieron en realidad. Las escuchas telefónicas realizadas a integrantes de la banda y a jueces subieron al escenario una compleja empresa criminal, con roles bien determinados y para todo servicio. Tal vez, una verdadera asociación ilícita.